Finalmente, el último jueves se conoció que el Poder Ejecutivo había decidido ampliar el estado de emergencia decretado en las provincias de Santa y Casma por 45 días más, lo que quiere decir que será la Policía la que siga manteniendo el control del orden interno bajo las medidas especiales que dispone la norma.
En efecto, este régimen excepcional implica que quedan suspendidas las garantías constitucionales relacionadas con la libertad personal y la inviolabilidad del domicilio, lo que quiere decir que la Policía se encuentra facultada a disponer la detención de una persona aun cuando no exista flagrancia de delito, no requiere de una orden judicial para ello como tampoco la necesita en caso tenga que incursionar a una vivienda en donde se presume se ha cometido delito o se ocultan elementos al margen de la ley.
La medida era esperada en razón que ella se estableció de manera sorpresiva a fines del año pasado, en la víspera de la nochebuena, cuando el gobierno consideró necesario implementar este régimen teniendo en cuenta la experiencia que se había recogido de la lucha contra la delincuencia en el Callao, la primera provincia en donde se estableció esta medida que restringe solo dos derechos constitucionales.
Lo importante de esta norma es que le otorga a la Policía Nacional las herramientas necesarias para hacer más efectiva su producción en lo que se refiere al enfrentamiento de la delincuencia, no significa que es una varita mágica con la que se puede exterminar todo vestigio delictivo, eso es materialmente imposible.
Tampoco se puede pensar que este estado de emergencia permitirá que cesen todos los delitos, eso no es así, lo que consigue esta norma es afianzar el trabajo policial y adoptar medidas especiales para el traslado de efectivos que permitan reforzar los operativos y desbaratar organizaciones criminales.
Los crímenes, extorsiones y otros delitos seguramente seguirán registrándose, empero, es evidente que el accionar delincuencial se limita cuando advierte una mayor presencia policial en las calles y el balance del primer periodo de la emergencia así lo demuestra.
Este cuadro estadístico ha sido revelado por el jefe de la región policial, General Juan Gálvez Escalante, quien era uno de los primeros convencidos en la efectividad del estrado de emergencia para afianzar el trabajo policial, era consciente que las muertes por sicariato no podían desmerecer todo lo que se ha avanzado por ello las cifras han resultado contundentes.
Fueron 22 bandas criminales las que fueron desarticuladas, se decomisaron varios kilos de Pasta básica de Cocaína y Marihuana en diferentes intervenciones realizadas a sujetos que incurren el tráfico de droga, se capturaron a cientos de requisitoriados y se efectuaron una serie de intervenciones con la finalidad de mantener el orden en las calles de Santa y Casma.
Sin embargo, pese a que todo este escenario estaba sumamente claro para los Chimbotanos y que fue materia de una exhaustiva evaluación por parte de los alcaldes de la provincia que en alguna oportunidad se reunieron para analizar la seguridad en estas dos provincias, lo que llamaba la atención es que se agotaba y expiraba el plazo decretado el 25 de diciembre pasado y no existía vestigio alguno de la prórroga de la emergencia.
Se supone que cuando se tiene claro que se ampliará el plazo de una determinada situación jurídica, los responsables de ella deben expedir la norma antes que se agote los términos señalados, empero, esto ocurrió hasta el pasado marres 09 de este mes, hasta entonces no aparecía norma alguna a pesar que los alcaldes remitieron sendos documentos demandando que se disponga la prolongación de este régimen.
No solo ellos, los miembros del COPROSEC se sumaron a este clamor, desde todos los sectores demandaban que se mantenga el régimen excepcional porque a la luz de los hechos y pese a las observaciones que se hicieron en algún momento, resultaba sumamente beneficioso para la inseguridad que acecha a los pobladores.
Empero, recién el jueves se conoció que el Gobierno dictó el decreto supremo ampliatorio a través de una edición extraordinaria del boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano, dispositivo que lleva la firma del Jefe de Estado Ollanta Humala Tasso, los ministros del Interior y de Justicia, así como la encargada del despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Ello quiere decir que existieron dos días en donde no hubo emergencia en Chimbote pero además de ello, al revisarse la norma ampliatoria se advierte que el gobierno sigue ignorando por completo el clamor de las autoridades de la provincia, pues ellas se pronunciaron con mucha antelación pero ni siquiera las mencionan en el decreto supremo.
Esta ampliación de la emergencia se ha dictado en virtud del pedido que formula el Director General de la Policía que, a su vez, hace suyo el oficio firmado por el Jefe de la región Policial de Áncash y el informe relacionado con el balance del trabajo desarrollado y considera necesario que se prolongue el plazo de la emergencia.
Pero la norma no alude al pedido de la sociedad civil y esta es una mala señal porque son muestras de indiferencia que se repiten a cada momento, el propio Ministro del Interior, José Pérez Guadalupe, había anunciado con anticipación su presencia en nuestra ciudad poco antes que expire el plazo de este régimen excepcional a efectos de recibir los informes de las autoridades pero finalmente no llegó.
Está demás que las autoridades se dirijan a Palacio de Gobierno o las altas instancias del Poder Ejecutivo porque sencillamente no son escuchadas y esto se pone de manifiesto hasta en un tema tan menudo como la ampliación de la emergencia, en la que se dejó negligentemente que expire el plazo solo porque no se les dio la gana de atender los constantes llamados de las autoridades.
Confiamos en que la labor que encabeza el general Juan Gálvez Escalante se profundizará y afianzará en este nuevo régimen excepcional, recordemos que durante el primer periodo no se conoció una sola queja o denuncia de exceso policial, eso dice muy bien del desempeño policial y si en el primer plazo desarticularon 22 bandas criminales, esperemos que en esta ocasión dupliquen ese cometido por la seguridad de la ciudad.