Editorial

Editorial: ::: LACERANTE REALIDAD :::

Aun cuando se trata de un problema que afecta a todo el sistema penitenciario del país, el Director del establecimiento Penal de Cambio Puente, Juan Carlos Acosta Pintado, no ha dejado de advertir el preocupante estado de hacinamiento que existe en la población penal del mencionado presidio y ello como consecuencia de la sobrecarga de detenidos que se viene registrando con el estado de emergencia vigente en Chimbote.

El director del presidio en donde van a recalar todos aquellos que incurren en delitos graves y son pasibles de una medida de prisión preventiva o aquellos que cumplen condenas de penas efectivas, ha advertido que en este momento la población penal casi triplica la capacidad que tiene el centro penitenciario construido en la década del 90.

En efecto, Cambio Puente es un Penal de máxima seguridad que ha sido construido para albergar a 950 reclusos, empero, a la fecha registra una población penitenciaria por encima de los 2200 internos, lo que genera una serie de riesgos que tienen que evitarse.

Uno de ellos es la creciente probabilidad que se generen contagios masivos de enfermedades que prolifera en lugares de hacinamiento, como por ejemplo la Tuberculosis, que es una de las enfermedades que se ha extendido de manera preocupante en el Penal, tal como lo verificó la Defensoría del Pueblo.

Y es que, en realidad, al margen de la emergencia decretada en Chimbote y que ha permitido afianzar la acción policial en lo que concierne a la captura de delincuentes y requisitoriados, otro de los factores que ha incrementado el número de reclusos es la puesta en vigencia de los juzgados de flagrancia, en donde se han registrado medidas restrictivas de la libertad de manera inmediata y especialmente en casos de impacto como la agresión a efectivos policiales.

De allí que es necesario que se busquen alternativas viables a descongestionar los penales y una de las más factibles es el traslado de reclusos a otros penales que en el argot penitenciario se le conoce como “lanchadas”.

Esto ha sido siempre rechazado por familiares de los internos por que se aleja a sus parientes y se complica la posibilidad de visitarlos, empero, uno de los problemas que generaba en antaño era la dificultad de las diligencias judiciales cuando se trataba de un interno que no tiene sentencia, sin embargo, la implementación de los juzgamientos por videoconferencia ha superado esas contingencias.

El propio Director del Penal ha descartado la posibilidad de establecer regímenes penitenciarios electrónicos, como es la implementación de grilletes que permitan hacer el seguimiento de la ubicación del interno ya en libertad, pues se trata de un sistema que siendo eficaz para estas contingencias, ni siquiera ha sido implementado en el país, por lo tanto menos será posible aplicarlo en Chimbote.

En realidad esa posibilidad es ilusoria, en el centro penitenciario existen una serie de carencias que ni siquiera han sido superadas a pesar de los ofrecimientos de las autoridades del Ministerio de Justicia, como por ejemplo la instalación de los bloqueadores de celulares para detener el accionar de los extorsionadores que siguen operando y dirigiendo a sus cómplices desde sus celdas de Cambio Puente.

Recordemos que el año pasado se anunció que estos bloqueadores estarían ya instalados el 31 de diciembre, según el anuncio del viceministro de justicia, empero, esto no solo no se ha cumplido sino que ahora sabemos de boca del Director del Penal de Cambio Puente que recién la última semana han llegado los representantes de la empresa que se adjudicó este servicio para realizar los estudios pertinentes a efectos de plasmar la colocación de los bloqueadores, lo que significa que esto aún tiene para mucho rato y habrá que seguir esperando.

No puede dejar de preocupar las revelaciones que ha efectuado el Director del centro Penitenciario, no es posible que un penal de máxima seguridad como Cambio Puente se encuentre en este momento con una población que casi triplica su capacidad, ello atenta contra la propia esencia del recinto penitenciario y alimenta la posibilidad de alguna fuga de los reclusos.

Esa es una lacerante realidad que deberá ser tema de preocupación ya no solo de la autoridad penitenciaria sino de todas las autoridades locales porque tiene que demandarse al Poder Ejecutivo que atienda este problema, que se dicten medidas alternativas y que se piense, de una buena vez y en serio, en la construcción del Penal en Casma para descongestionar el hacinamiento que ya presenta el Penal de Chimbote.

                                                           COBARDE ASEDIO

La Fiscalía debió reaccionar de inmediato para disponer una protección policial a favor de un defensor público que ha venido recibiendo amenazas de muerte a través de mensajes de texto llegados a su teléfono celular y las cuales, se sospecha, provienen de un sujeto que pretende apartarlo del conocimiento de un proceso de tenencia de menores en el cual defiende a una desprotegida madre.

Esta medida se adoptó inmediatamente después que el defensor público Jorge Luis Yep Araujo denunció la existencia de estas amenazas que se hacían más frecuentes y que ponía en riesgo su actividad diaria, tanto en el ejercicio profesional como en su propio ámbito personal y familiar.

El defensor público es en realidad un ahogado en ejercicio, es el profesional del derecho que es remunerado por el Estado para que se ponga al servicio de los justiciables que carecen de recursos para acceder a la defensa y, en ese afán, el letrado Jorge Luis Yep recibió el pedido de una mujer que ha planteado la tenencia de su menor hijo.

Sin embargo, el demandado en este caso, quien ha sido identificado por el defensor como Rodolfo Ríos Villegas, ha mostrado actitudes violentas hacia el letrado por el hecho de defender a la otra parte, por lo que se sospecha que fuera aquel el autor de estos mensajes amenazantes.

Esperemos que la Policía no solo brinde protección al letrado sino que investigue y determine si el denunciado es el verdadero autor de las amenazas para que lo denuncien y se adopte las medidas correspondientes, un profesional del derecho no puede estar expuesto a un cobarde asedio como el que viene siendo objeto el abogado Jorge Luis Yep.