ANTICUCHOS
La ley electoral es muy clara cuando descalifica a un candidato que pretende acceder a un cargo de elección popular y tiene antecedentes penales y judiciales. Ello porque una sentencia vigente elimina la posibilidad siquiera de postular al cargo, mientras que una condena antigua que ha sido cumplida y ejecutada no genera un impedimento pero sí debe ser mostrada y advertida al electorado. Por ello es que en el caso del conocido dirigente del gremio de pescadores Javier Castro Zavaleta el Jurado Electoral le ha ordenado que incluya en su hoja de vida la existencia de la sentencia por delito contra el honor sexual que le impusieron hace ya varios años y que no la oculte como pretendió hacerlo al no mencionarla al momento de inscribir su candidatura. Pero en el caso del abogado Ananías Narro Culque, quien postulaba por Democracia Directa, el movimiento que encabeza el encarcelado ex presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, el Jurado Electoral lo ha sacado de carrera al detectar que tiene una condena vigente, consecuentemente está impedido de postular. Se afirma que el letrado ha planteado un recurso extraordinario de revisión de la sentencia que le impone una condena por delito doloso, empero, ese es solo un artificio que en nada desvirtúa la ilegalidad de su postulación. Lo que no llegamos a entender es cómo un profesional del derecho que conoce las limitaciones y prohibiciones que establece la ley electoral procede esta manera, pretenda inscribir una candidatura cuando es consciente que la ley lo impide. En realidad, estos casos sorprenden en la medida que dejan sembrado en el ambiente la escandalosa ambición que domina a la gente cuando se trata de llegar a un cargo político. Esto en realidad se pasó de la raya.
PROPAGANDA
Si bien es cierto que la ley electoral fija parámetros en el uso de los bienes públicos cuando se trata de hacer propaganda electoral, quienes deben ser los primeros llamados en hacer respetar esta norma son las autoridades o quienes tienen la condición de funcionarios públicos para impedir que se abuse de los recursos que son de todos los peruanos. De allí que llama la atención que una propaganda política colocada en el interior del terminal Terrestre haya sido ordenada nada menos que por el concejal Jorge Glenni Sosa, tal como lo informó oportunamente el Administrador de este centro de embarque. Ocurre que el panel publicitario fue contratado por una empresa aparentemente de propiedad del concejal, empero, se entiende que lo hace como parte de una actividad lucrativa para promover publicidad comercial, sin embargo, de ninguna manera puede colocarse allí propaganda política porque el recinto es de propiedad pública o municipal. Eso lo sabe el regidor, por ello es que sorprende que fuera un miembro del concejo municipal quien transgreda la norma electoral cuando son ellos los que han formulado un llamado a los candidatos para que no malogren el ornato de la ciudad y no utilicen espacios públicos para su propaganda. Parece que en el pleno edil ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga que tienen en el suyo. La verdad es que nadie sabe como ha quedado este caso al interior de la comuna provincial.
ABUSOS
Hace unos días pudimos observar en los noticieros de la televisión nacional como un iracundo sujeto le pegó en la vía pública a su esposa por el hecho de haber regresado temprano a su casa y lo sorprenda con su amante. El sujeto persiguió a la mujer y le fracturó el brazo en plena vía pública. Un caso similar se ha registrado en nuestra ciudad, específicamente en la localidad de San Jacinto, en donde un energúmeno la emprendió contra su mujer porque esta lo sorprendió en su cama con la trampa. Es decir, lejos de mostrarse arrepentido y en culpa por lo que había hecho, el sujeto la emprende contra la mujer a la que ha sido infiel, a la que ha engañado de la manera más ruin al llevar a su propia cama a otra mujerzuela. Este bravucón le fracturó la mano a la esposa y ella necesitaba una intervención quirúrgica para que le corrijan la lesión ósea que había recibido, sin embargo, lo más indignante era conocer que el miserable seguía libre, no existe una sola autoridad en el vecino distrito de Nepeña que fuera capaz de llevar tras las rejas a semejante cobarde que lejos de dar justificaciones a su esposa la agrede de la manera más salvaje. Ya es momento que se dicten normas que sancionen con pena efectiva a los cobardes que agreden a sus mujeres y les provocan serias lesiones, algo así como ocurre con los Policías.