RECURSOS
En Chimbote seguramente hay quienes se acuerdan del abogado Jorge Temple Temple. Llegó en la década del 90 de la mano del ex alcalde provincial Guzmán Aguirre Altamirano, quien lo presentó como un profesional de mucha experiencia que había trabajado como Fiscal, por lo que se encargaría de atender todos los casos de la corrupción de la gestión saliente aprista, aquella que comenzó con Oswaldo Pérez Gamboa y terminó con Marcos Benites Guevara, una de las etapas mas negras de la historia municipal de Chimbote. En realidad el abogado Temple no tenía mayores pergaminos que ser un antiguo trabajador del ministerio público en Lima, empero, su desempeño al frente del encargo que le entregó Guzmán Aguirre fue eficiente al extremo que se generaron una serie de denuncias e investigaciones que dieron lugar a sendos procesos penales en aquella época. Luego de dos períodos ediles el abogado Jorge Temple se retira y por entonces postula y gana una plaza en la Fiscalía superior de Ancash, con sede en Huaraz, en donde se desempeña ya hace algunos años como, magistrado titular, tanto así que en las elecciones del 2014 formó parte del jurado electoral del santa, ese al que le achacan de ser el responsable de la presencia de Waldo Ríos al haber permitido su postulación pese a que estuvo inhabilitado. Pues bien, el fiscal Jorge Temple Temple será el encargado de pronunciarse sobre los cinco escritos que ha presentado de manera desesperada el abogado Nelson Rivera Moreira, defensor de Waldo Ríos Salcedo, ante la Sala Penal Liquidadora que ha decretado su detención. Todos los escritos han sido remitidos al despacho del Fiscal superior para que emita una opinión al respecto, pues con ella la sala decidirá la suerte del gobernador regional. Menuda tarea y responsabilidad que dejan en manos del Ministerio Público, empero, confíamos en que el fiscal sabrá responder porque es uno de los que permanentemente advirtió a la sala de la ligereza e indiferencia con la cual Ríos Salcedo toma los juicios en su contra, como el que contiene el expediente 1159-2001, en el que se ha dictado la orden de detención. Veremos qué pasa en los próximos días.
PIOLA
La Tercera Fiscalía Provincial de Huaraz no se hizo problemas y dispuso la inmediata liberación del regidor provincial Hugo Cáceres, el cuñado del gobernador Waldo Ríos, al no existir pruebas fehacientes que haya agredido a un alférez de la Policía. Esta fue la explicación que dio el Fiscal Guillermo Lizarzaburu al señalar que esta acusación se sustentaba únicamente en la versión de Idelfonso Espinoza Cano pero que las imágenes de los incidentes de ese día no muestran que el Policía haya sido agredido. Por su parte en general Juan Gálvez ha manifestado que existe un informe elaborado por el Jefe de la Comisaría de Monterrey en el que da cuenta de la agresión sufrida por el oficial de la Policía, empero, para la Fiscalía no son suficientes las versiones y reclama pruebas fehacientes. Parece que volvemos a los primeros años de ésta década y parafraseando al inefable ex Jefe de la ONPE José Portillo Campbell, tendríamos que decir que en esta clase de acusaciones “videíto manda”. Como no lo hubo enviaron a Cáceres a su casa, empero, el Fiscal no se detuvo a preguntar qué diablos es lo que hacía el regidor en la sede regional si se supone que su trabajo lo realiza en el Municipio o en las dependencias ediles que debe fiscalizar, mas no en la sede del gobierno o regional de Ancash. Huuummmm….
CHIVOS
La jefatura Regional de la Policía Nacional en Ancash dispuso el traslado a Chacas de los efectivos policiales que prestaban seguridad a Waldo Ríos hasta poco antes que se diera a la fuga eludiendo el mandato judicial de captura. Según se ha conocido en Huaraz esta es una medida disciplinaria por la fuga del Gobernador pero el propio general Juan Gálvez Escalante ha negado que existiera demora y desidia por parte de las unidades policiales para hacer efectiva la orden. La verdad es que llama la atención esta suerte de “castigo” a los custodios que estaban a cargo de la seguridad de Waldo Ríos, pues ellos desconocían que existiera una orden de aprehensión contra el Gobernador, por el contrario, se vieron burlados cuando éste, alertado oportunamente de la orden judicial, les dijo que coordinaría con tres funcionarios y se marchó de manera audaz. Aquí han tomado a estos agentes policiales como “chivos expiatorios” y con el ánimo de ofrecer la cabeza de alguien por la cinematográfica fuga, pero dudamos que ellos tengan alguna responsabilidad, salvo que alguien demuestre que les comunicaron que la persona a la que cuidaban estaba con orden de captura.