DISTRAIDOS
Tremendo papelón el que ha hecho la Sala Penal Liquidadora Transitoria de la Corte Superior de Áncash, con sede en Huaraz, en relación a la orden de detención que dictara contra el Gobernador Regional Waldo Ríos Salcedo, medida que dejó en el limbo a la región Ancash durante una semana y que anteayer lunes, de la manera más ligera dejó sin efecto por que no advirtieron su real situación jurídica. Hasta un estudiante de derecho advierte el verdadero trasfondo de esta cuestionada decisión judicial, pues basta dar una repasada al fundamento de los vocales  cuando dicen “el día de la audiencia el investigado se encontraba en la provincia de Pomabamba cumpliendo actos oficiales, inherentes a su investidura de Gobernador Regional, por lo que la Sala consideró que no existió la intención de rehuir a la justicia ya que cumpliendo su función y contando con la autorización de los Gerentes del Gobierno Regional de Áncash se trasladó a la localidad referida para hacer entrega de obras públicas a pedido de la población beneficiaria”. Nos preguntamos ¿no sabían esto los magistrados al momento de revocar el mandato judicial que pesaba contra Waldo Ríos el pasado viernes 11? ¿Por qué razón decidieron revocar el mandato de comparecencia restringida por uno de detención? ¿Acaso no fue porque el gobernador regional no justificaba su ausencia y despreciaba las citaciones pese a los apercibimientos que le habían decretado? Claro que sí. Ante la Sala Penal el Gobernador Regional no había acreditado absolutamente nada, lo que ha hecho su defensa es presentar documentos oficiales de la visita realizada ese día viernes 11 a la localidad de Pomabamba para inaugurar obras, es decir, lo que hace es “regularizar” una justificación que no había presentado en su momento. La Sala Penal no estaba autorizada a revisar su misma resolución, una impugnación a la variación del mandato de comparecencia por detención tendría que haberla revisado la instancia superior, de allí que en Huaraz se afirma que los vocales habrían incurrido en prevaricato.
PERJUICIO
Lo que llama la atención es la forma tan ligera como los magistrados cambian de opinión en una incidencia que estaba en el ojo de todo el mundo, sin siquiera medir las consecuencias de sus actos. En el caso que nos ocupa es evidente que los Vocales admiten que se equivocaron al no advertir que la inasistencia del gobernador regional estaba justificada, empero, ¿Qué es lo que ha generado esta ligereza de la Sala Penal? Pues una incertidumbre total en la región, el gobernador regional Waldo Ríos, pese a su investidura se vio precisado a ocultarse de la Policía, se mantuvo en la clandestinidad como cualquier prófugo de la justicia y la Región Áncash se quedó sin dirección por espacio de 10 días. El Consejo regional de Áncash se vio precisado a reunirse de emergencia y acordó encargar la Gobernación al vice gobernador Enrique Vargas Barrenechea. Se movilizaron los gremios de la sociedad civil, se desplazaron a portátiles que agredieron a consejeros que alentaban la suspensión de Waldo Ríos y las actividades de Ancash se vieron paralizadas y perjudicadas en todo este lapso. Todo porque unos jueces superiores dijeron que “no se dieron cuenta que la inasistencia del Gobernador “estaba justificada”. Que tal fiasco, de esta manera se administra justicia en Ancash.
BUSCADA
El Ministerio del Interior le puso precio a la cabeza de la ex alcaldesa Victoria Espinoza García. Ayer la fotografía de la fugitiva que alguna vez dirigió los destinos de la ciudad apareció en un panneaux denominado “Los más buscados” y en ella se informa que hay una recompensa de 50 mil soles a quien entregue información fidedigna que procure la captura de Amelia Victoria Espinoza García. Este panel aparece junto a los delincuentes más buscados del país, comenzando por el temible “Caracol” y en el que se encuentran ex autoridades como el ex gobernador regional de Tumbes Gerardo Viaña o el ex Gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscarima Nuñez. Ojo que estos son prófugos sobre los cuales ya pesa una condena firme y se mantienen al margen de la ley y de la autoridad. Pensar que hasta hace solo una semana hay quienes tuvieron la pechuga de decir que esperan que la primera semana de mayo la ex alcaldesa retorne al cargo y reasuma la alcaldía, cuando era evidente que se trata de una fugitiva que tiene sobre sus espaldas una condena de siete años de cárcel efectiva confirmada en doble instancia, es decir, que su caso se asemeja a una paciente con cáncer terminal. Decir que podría retornar es una verdadera osadía y una burla para los chimbotanos. Las imágenes que se difundieron por las redes sociales con el portal del Ministerio del Interior nos relevan de mayores comentarios.