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costumbrado a los shows públicos y los papelones, el gobernador regional Waldo Ríos Salcedo reapareció en la ciudad de Huaraz el pasado Martes, apenas unas horas después que la Sala Penal liquidadora de la Corte Superior de Ancash dejara sin efecto su propia resolución por la cual le había variado el mandato de comparecencia restringida por el de detención, por lo tanto dejó sin efecto la orden de captura que había dictado en su contra el pasado 11 de marzo.
Sin embargo, al margen de la fanfarria y el folklorismo de un personaje tan discutido como el Gobernador Regional, lo que ha generado desaliento y decepción descomunal es el rol que ha jugado en esta oportunidad el poder judicial de Huaraz, específicamente la Sala Penal Liquidadora que preside el vocal Armando Canchari, quienes de buenas a primeras y sin justificación alguna anularon su propia resolución y le lanzaron un salvavidas a Waldo Ríos Salcedo que estaba a punto de ser suspendido de su cargo.
No podría ser menos nuestra desazón cuando cualquier hijo de vecino advierte que no es comprensible que un día unos jueces digan que esto es blanco y diez días después manifiesten que en realidad era negro pero que no se dieron cuenta, borrando con el codo todo lo que hicieron con la mano.
Esto porque la resolución que deja sin efecto la variación del mandato de comparecencia por uno de detención que se dictó el pasado 11 de marzo señala como argumento principal que el gobernador regional ha justificado su inasistencia a la audiencia de la fecha señalada, presentando los documentos que acreditan que se encontraba en la provincia de Pomabamba cumpliendo actos oficiales inherentes a su investidura.
Esto ha dado lugar a que la misma Sala que puso al Gobernador en condición de prófugo de la justicia, considere que “no existió intención de rehuir a la justicia ya que cumpliendo su función y contando con la autorización de los gerentes del gobierno regional de Ancash se trasladó a la localidad referida para hacer entrega de obras públicas a pedido de la población beneficiaria”.
Esto lo que señala expresamente la resolución, por lo menos es lo que ha difundido a los medios de comunicación la oficina de Imagen de la Corte Superior de Áncash a través de su servicio de prensa 025-2016, sin embargo, se trata de un fundamento vago e impreciso que no justifica nada de lo que han hecho en esta causa.
Comencemos por el hecho de la justificación de una ausencia a una diligencia judicial que está programada con antelación y en la que se ha incluido un apercibimiento de ley. En este caso, los magistrados resuelven la situación del acusado teniendo a la mano los documentos que justifican la ausencia del justiciable, y es evidente que los magistrados no tuvieron a la mano ningún documento que justifique la ausencia del Gobernador ese día 11 que se llevó a cabo la audiencia pública.
Entonces, esto quiere decir que las documentales a las que ahora hacen referencia los miembros de la Sala Penal y que asumen como suficientes para justificar la ausencia del gobernador, como son los oficios dirigidos por los gerentes autorizándolo a que inaugure obras en la localidad de Pomabamba, han sido anexados “a posteriori”, después que se revocara la medida de comparecencia y nadie puede pretender justificar un hecho después que éste se haya consumado.
Han actuado maliciosamente los magistrados al tener por ciertos los argumentos de la defensa del gobernador pues si es que no hubiese existido intención de rehuir a la justicia, esos documentos se debieron presentar mucho antes de la audiencia para que se dé cuenta de ellos en el proceso y se tome una decisión en ese acto para justificar la ausencia del acusado, no se puede pretender justificarlo posteriormente.
Ahora bien, los abogados saben que las audiencias no pueden suspenderse o postergarse por ausencia de uno de los investigados sino es por causa que lo justifique y ella solo tiene relación con la salud de la persona, con su incapacidad para poder desplazarse hasta el recinto judicial, no existe otra manera de justificar la ausencia de una persona sometida a juicio que no haga presumir que está perturbando la acción de la justicia.
El argumento utilizado por la defensa del Gobernador y que ha sido tomado “alegremente” por los magistrados para revocar su propia resolución no representa una causa de justificación de inasistencia a una audiencia judicial, la inauguración de obras por parte del Gobernador no pueden ser tomadas como una excusa válida porque se trata de eventos oficiales que están sujetos a una programación antelada.
Si el Gobernador Waldo Ríos Salcedo fue notificado en el mes de diciembre que el 11 de marzo tenía que presentarse a la Sala Penal Liquidadora y le advirtieron que si no lo hacía se le revocaría la comparecencia por detención, lo que debería haber hecho es postergar anteladamente la ceremonia de inauguración de obras para poder cumplir con el mandato judicial, una ceremonia de tipo político no tiene la urgencia o emergencia que reclama la ley como causa de justificación de una ausencia voluntaria a una diligencia judicial.
Esto lo saben los magistrados de la Sala Penal Liquidadora, empero, pese a ello decidieron anular su propia resolución cuando lo que cabía en este caso solo era una impugnación de la defensa del gobernador para los efectos que se revise en la instancia superior, pues así funciona el principio de la pluralidad de instancia.
La verdad es que el desempeño de los magistrados huaracinos solo echa más dudas sobre el papel que juega la administración de justicia, solo nos deja margen para pensar muchas cosas y considerar que ha existido de por medio un manejo que solo atenta contra la transparencia que todos reclamamos en los procesos judiciales.
Ya la ODECMA de Huaraz ha tomado acciones para revisar la conducta funcional de los vocales de la Sala Penal Liquidadora, también el Fiscal S uperior ha impugnado esta cuestionada decisión, empero, los colectivos civiles de la sociedad civil que luchan contra la corrupción en todos los niveles no se pueden quedar de brazos cruzados, en este caso existe gato encerrado y es necesario que se deslinde el accionar de los magistrados porque un escándalo más si importa en Ancash.