El otorgamiento de una indebida e ilegal licencia de construcción y un certificado de posesión, sobre un terreno destinado a vía pública en favor de dos ciudadanos que “legalizaron” de esa manera una transferencia de este predio, pasando de ser invasores a “propietarios”; podría costarle la libertad al exfuncionario de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, Marco Rivera Caspa, luego que el Fiscal Anticorrupción, José Antonio Olivos Cosio, decidiera abrirle investigación preliminar por el delito de cohecho pasivo propio (aceptación de soborno).
Así lo establece la disposición fiscal de fecha 11 de abril, que señala un plazo de 120 días para investigar a Marco Rivera Caspa, exgerente de infraestructura y desarrollo urbano de la Municipalidad de Nuevo Chimbote por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio (el que recibe el soborno) y a los ciudadanos Juan Carlos Torres Rubio y Wilber Arturo Huaco Gonza, a éstos últimos por la presunta comisión del delito de cohecho activo genérico (el que otorga la coima), en agravio del Estado.
Estos documentos originales, pero ilegales obtenidos por Torres Rubio y Huaco Gonza en concertación y conocimiento pleno del entonces funcionario Rivera Caspa, les permitió a estos últimos, invadir la vía pública, cercar el terreno y posteriormente levantar un cerco perimétrico, como permanece hasta ahora.
Lo grave de todo esto, es que dicho terreno jamás podrá ser inscrito en registros públicos porque es parte de una vía pública y no tiene dirección, sin embargo, desde el año 2008, permanece tomado ilegalmente y se desconoce si ha sido transferido en forma privada a terceros, en los últimos años.
La Fiscalía ha ordenado que sea la Policía Anticorrupción, la que en un plazo de 80 días, programe las declaraciones de los imputados así como solicite copias fedateadas ante la Municipalidad de Nuevo Chimbote, respecto a los requisitos y el informe de trámite que siguieron las gestiones que realizaron Juan Carlos Torres Rubio para obtener el certificado de posesión y posteriormente Wilber Arturo Huaco Gonza para conseguir el certificado de edificación, entre otros elementos de convicción y actos para el esclarecimiento de los hechos.
TERRENO EN VÍA PÚBLICA, INVADIDO
Estos hechos, fueron investigados inicialmente por la Primera Fiscalía Provincial Penal de Nuevo Chimbote (carpeta fiscal 846- 2014), sin embargo, al hallar indicios de la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio cometido por un servidor público, remitió lo actuado a la Fiscalía Anticorrupción del Santa.
Según los primeros indicios de la comisión del delito de cohecho, se advierte que la obtención de la autorización de la licencia de edificación otorgada en favor de Wilber Arturo Huaco Gonza, se han realizado sin seguir las vías procedimentales pertinentes, existiendo indicios razonables de que se ha concertado voluntades con el funcionario edil Marco Rivera Caspa, quien hizo uso indebido de su cargo.
“Este mismo funcionario suscribió un certificado de posesión en favor del ciudadano Juan Carlos Torres Rubio a fin de validar la supuesta transferencia de posesión del predio que realiza esta misma persona a favor de Wilber Arturo Huaco Gonza, por lo que nos encontramos ante una sucesión de actos entramados en los que han participado con diferentes niveles de responsabilidades los imputados, en forma concertada” señala la disposición fiscal.
Con ello, han posibilitado que Wilber Arturo Huaco Gonza, indebidamente se apropie e invada un terreno destinado a ser vía pública, ubicado entre la Avenida Pacífico y el Jirón Pelícano, a pesar que los documentos de la propia Municipalidad de Nuevo Chimbote corroboraban que dicho terreno es una área pública de uso peatonal.
Sin embargo, pese a la evidente ilegalidad, Juan Carlos Torres Rubio firmó un traspaso de posesión del predio y le asignó una dirección inexistente que la denominó Manzana F Lote 1-A en la zona semirústica de la II etapa del núcleo Buenos Aires y por el cual supuestamente se pagó la suma de 23 mil soles, existiendo la versión que dicha operación se hizo bajo el ofrecimiento de trabajo tanto para el primero de los nombrados como de sus familiares.
La Fiscalía ordenó realizar el pasado 15 de mayo del 2014 un peritaje grafotécnico a las firmas en los documentos presentados por los ciudadanos (certificado de posesión y licencia de edificación), pues se consideraban inicialmente como falsos, sin embargo, los dictamenes pericialess Nº 1411 y 1412 del año 2014, concluyeron que las firmas que aparecen allí, si le pertenecían a Marco Rivera Caspa.