ENCRUCIJADA
Los magistrados que se inhibieron de seguir conociendo los procesos en los cuales se encuentran investigados el presidente regional César Álvarez Aguilar o los funcionarios de la denominada red de corrupción no saben qué hacer ahora que la Sala Penal de Apelaciones ha denegado su alejamiento y les exige continuar con el trámite de la causa. Ello porque, según se dice en los corrillos judiciales, temen que como consecuencia de esta medida puedan ser comprendidos en el grupo que la Oficina Nacional de Control de la Magistratura (OCMA) investiga por haber tomado parte en el viaje de capacitación que hicieron al extranjero con recursos aportados por el gobierno regional de Áncash. Su lógica es ésta: “si a esos jueces los están procesando disciplinariamente por no haberse apartado de los juicios en los que estaba siendo investigado César Álvarez, lo mismo me va a ocurrir a mí si es que no me aparto de los juicios en giro”, por ello algunos habrían afirmado que con esta resolución de la Sala Penal han quedado entre la espada y la pared. Sin embargo, habría que ver el real objetivo del organismo de control, pues la finalidad de la apertura de la investigación no es únicamente que el magistrado no se haya apartado a sabiendas que fue beneficiado con un viaje pagado al extranjero para capacitarse conociendo que el benefactor fue el investigado, sino que lo que se busca es establecer hasta qué punto los jueces que formaron parte de este grupo de favorecidos con esta capacitación se ubican dentro del campo del aprovechamiento. Hay que tener en cuenta que los magistrados viajaron atendiendo a una invitación que le hizo el propio organismo jurisdiccional y como parte de un convenio inter institucional entre el Poder Judicial y el Gobierno Regional de Ancash, en todo caso quien debería responder por ello es quien dirigía las riendas de la justicia que aceptó suscribir un convenio con una entidad pública que estaba sumamente cuestionada y que era consciente que su titular sería juzgado por el Poder judicial. Ojo que en este caso hubo polémica porque ese magistrado se negó a concurrir a la comisión del congreso que investigaba, precisamente, este punto.
PAGO
Los trabajadores administrativos del sector educativo dicen que en la UGEL Santa siguen en lo mismo, al punto que no les interesa para nada, así como lo leen, para nada, la existencia del trabajador de las diferentes Instituciones Educativas de la Provincia del Santa, sencillamente porque primero priman los intereses personales de los funcionarios. Bien sabe el Director de la UGEL que en la vida educativa hay dos lados de la moneda los profesores y los administrativos de los colegios y, esto no se viene percibiendo porque en los mismos predios de la entidad educativa se viene comentando que hasta la fecha no cumple con el Pago de Intereses Legales del D.U. N° 037-94 y el pago del 10% de dicho Beneficio Social, para los servidores administrativos de educación de las diferentes Instituciones Educativas. Es más, se conoce que durante estos dos últimos meses, los dirigentes administrativos han tenido hasta cuatro reuniones con el Director de la UGEL Santa para tratar cerca de 40 puntos, donde sus funcionarios sólo han tenido el descaro de aprobar lo más fácil, como capacitaciones y campañas de salud, para los trabajadores administrativos de las Instituciones Educativas, pero cuando se ha puesto sobre la mesa el tema de los Intereses Legales del D.U.N° 037-94, la confección de ternos y la entrega de víveres para los administrativos de los colegios, sus funcionarios inmediatamente cierran filas y hacen una coraza. Habría que, hacerles recordar que para este año 2016 el gobierno ha destinado cerca de 150 millones de soles para la sede educativa, y, a la vez todo lo que han hecho en los dos últimos años, que era voz populi en todos los pasadizos de la entidad educativa, cuando indicaban que la llegada de cada mes iba desde sueldo, Bonificación por Productividad, pasajes y un extra de entre 4 mil a 5 mil soles para cada nombrado. Definitivamente, es para no querer irse nunca. Es más, por voces de los mismos trabajadores de la sede educativa, indican que los Intereses Legales del D.U. N° 037-94, era que se paguen hace tiempo, pero no se hacen por culpa de un personaje, conocido como la “gata”. Los trabajadores se preguntaban ayer. ¿Dónde queda principio de autoridad del Director para ordenar a sus funcionarios que cumpla con el pago de intereses legales del D.U. N° 037-94, teniendo presente que es un beneficio social, o, es que sólo figura en la silla giratoria de la Dirección? ¿Para cuándo tiene previsto la mesa de negociación con los dirigentes administrativos para tratar la confección de ternos, la entrega de víveres y otros beneficios sociales para los trabajadores administrativos de los colegios?. Sin duda, que con todo esto, al menos, el director debe hacer honor al dicho popular que dice: “Dónde manda capitán, no manda marinero”. Hummm….