La Municipalidad Provincial del Santa dispuso el cierre temporal del mercado Modelo la semana pasada y con el apoyo de la Policía Nacional desplegó todo un contingente de efectivos que se apostaron en las puertas de ingreso e impidieron que los comerciantes puedan ingresar y abrir sus puestos como lo hacían todos los días.
Aun cuando no se trataba de una medida sorpresiva, en razón que con la debida antelación el alcalde y los funcionarios venían advirtiendo que este centro de abastos sería clausurado si es que no se subsanaban las múltiples observaciones que se hicieron, para el ciudadano de a pie le llamó poderosamente la atención que el centro de abastos por antonomasia de Chimbote y el más importante de la ciudad se encuentre cerrado y virtualmente tomado por las fuerzas policiales.
Empero, esta medida firme y contundente, que a priori contaba con el absoluto respaldo de la población por los objetivos que buscaba, solo se mantuvo por espacio de 12 horas cuando los funcionarios ediles habían anunciado a la prensa que se trataba de un cierre temporal de 30 días, por lo que el entusiasmo inicial se convirtió en una masiva decepción.
La medida municipal se sustentaba en la carencia de licencia de funcionamiento de este centro de abastos y la inobservancia de las medidas de seguridad y salubridad, tanto así que las diferentes dependencias ediles, como la oficina de Defensa Civil y el área de salud ambiental, formularon hasta 86 observaciones y los comerciantes virtualmente las ignoraron, pues se negaron sistemáticamente a subsanarlas.
Estas observaciones están relacionadas con la tugurización del mercado, la presencia de comerciantes informales promovida por los propios comerciantes formales, el retiro de mercadería de diversos puestos sobre los pasadizos impidiendo el libre tráfico de los concurrentes, instalaciones eléctricas expuestas, falta de una adecuada limpieza, desperdicios que no son retirados como corresponde, etc, etc.
Los medios de comunicación son testigos de las constantes notificaciones que hizo el Municipio a los comerciantes, por intermedio de su asociación, a efectos que levante estas observaciones, que se ordenen y contribuyan al cumplimiento de las medidas de seguridad, más aun cuando ante un siniestro o un fenómeno telúrico allí ocurriría una desgracia porque tanto comerciantes como compradores quedarían atrapados.
Los plazos que se les otorgó se fueron cumpliendo y agotando sin que los dirigentes dispusieran el levantamiento de las observaciones y hace solo una semana el alcalde había advertido que tomarían esta decisión, después que los funcionarias amenazaran constantemente con ejecutar este apercibimiento que les hicieron llegar.
Por ello es que se debió llegar al extremo de clausurar el centro de abastos, no había otra manera de obligar a los comerciantes a que cumplan con la norma y respeten el derecho de los compradores a tener no solo un centro de abastos limpio y despejado, sino que existan garantías a su integridad ante cualquier contingencia.
Lamentablemente, mal asesorados, los comerciantes cayeron en la equivocada idea que este mercado se encuentra privatizado, es decir, que ellos lo han adquirido en el proceso realizado conforme a la ley de la materia, y, en condición de propietarios pueden adoptar las medidas internas que ellos estimen convenientes, como alquilar sus espacios frontales de sus negocios para que sus familiares u otras personas instalen otro negocio virtualmente informal, lo que no un craso error.
El hecho que el Modelo sea un mercado privatizado no libera a los comerciantes de su obligación de respetar la ley, las medidas de seguridad rigen para todos, especialmente para establecimientos que siendo privados reciben a público y deben estar sujetos a medidas que garanticen la integridad de esas personas, por tanto, esas medidas son aplicadas por las autoridades, como en este caso compete al Municipio.
Empero, la existencia de un problema paralelo que genera esta medida, como es el costo social que significa que medio millar de familias se queden sin la actividad económica que les significa el sustento diario, llevó al alcalde Julio Cortez Rojas a recibir a los dirigentes y los propios comerciantes en el auditorio de la Municipalidad con la finalidad que se discutan las mejores alternativas para superar este problema.
Por ello es que al cabo de una prolongada charla en la que se intercambiaron toda clase de puyazos, finalmente el burgomaestre aceptó otorgarles un nuevo plazo a los comerciantes para que cumplan con la subsanación de todas las observaciones que se hicieron en materia de seguridad y salubridad, con el agregado que la liberación de los espacios invadidos en los pasillos era una medida de ejecución inmediata.
De allí que, tras una nueva inspección en la que tomó parte el Ministerio Público, el Mercado Modelo reabrió sus puertas esa misma noche y los propietarios de los establecimientos pudieron reprogramar sus actividades con la finalidad de recuperar el tiempo perdido y evitar mayores perjuicios a su economía.
Las autoridades asumen esta secuela como una estrategia para llamar al orden a los comerciantes, empero, hay quienes consideramos que se ha permitido que se avasalle, una vez más, el principio de autoridad, se ha dejado un peligroso mensaje de debilidad ante una situación que estaba clarísima por la permanente rebeldía de los comerciantes a cumplir con las observaciones formuladas por la autoridad.
En otras palabras, los únicos responsables del grave perjuicio que sufrían los comerciantes eran ellos mismos por no haber calibrado convenientemente las consecuencias de su típica indiferencia e indolencia frente a los dictados de la autoridad. Esperemos que en esta oportunidad si se hable con seriedad de un último plazo, que se entienda que si los comerciantes no cumplen con dotar de todas las garantías de limpieza y seguridad a los usuarios ese mercado debe ser cerrado como ya lo han hecho con otro centro de abastos hace unos meses atrás. La autoridad debe hacerse respetar, al margen de las consecuencias que pueda generar la rigurosidad de sus decisiones.