Editorial

Editorial: ::: MÁS CLARO QUE EL AGUA :::

En medio de una previsible expectativa, los magistrados de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior del Santa escucharon atentamente los informes orales de la Fiscal Superior Nancy Moreno Rivera y de los abogados de la defensa técnica del alcalde Julio Cortez Rojas, de la fugitiva ex alcaldesa Victoria Espinoza García y de los funcionarios ediles Elmer Virhuez Llontop y Gabriela Alcántara Vargas, esta última ya alejada de la administración municipal, con la finalidad de conocer las posiciones legales de cada uno de ellos que afrontan una inflexible condena impuesta en primera instancia.

De esta manera se llevó a cabo la audiencia única de apelación de la sentencia condenatoria que han merecido todos ellos en primera instancia en la cual los hallaron responsables del delito de Malversación de Fondos en agravio de Estado y de la comuna provincial del Santa, por lo que se les impuso al alcalde y la ex alcaldesa cuatro años de prisión efectiva, cuyos efectos se han suspendido a resultas de esta apelación, así como cuatro años de prisión suspendida para los otros dos acusados.

A diferencia del juicio anterior que involucró a  la ex alcaldesa Victoria Espinoza por delito de Enriquecimiento Ilícito, en esta ocasión la audiencia no ha mostrado pasajes accidentados y menos ha debido diferirse para otra fecha en la medida que no se han actuado nuevas pruebas que hayan aportado las partes, solo se escucharon los alegatos y se formularon interrogatorios que los magistrados consideraron pertinentes, hecho que motivó que la diligencia se prolongue casi todo el día.

De esta manera, los magistrados dejaron la causa al voto, han señalado que el próximo martes 31 de este mes darán a conocer su decisión respecto a los agravios expresados por cada una de las partes y respecto a la evaluación del fallo que en su oportunidad dictara el Juez David Aguilar Ponce que ha merecido el reconocimiento del Ministerio Público y de la procuraduría anticorrupción durante las ponencias.

Los medios de comunicación y el público que siguió atentamente esta diligencia ha podido escuchar las argumentaciones y alegaciones de las dos partes, tuvieron la oportunidad, si es que antes no pudieron conocer detalladamente los hechos, de conocer las reales razones por las cuales las autoridades ediles y los funcionarios que los acompañaron entre los años 2007 y 2010 vienen siendo procesadas y han sido rigurosamente sancionadas por la justicia.

Ello porque hasta el momento lo que han buscado las partes involucradas, por lo menos el alcalde Julio Cortez Rojas, es darle un cariz diferente a las acusaciones que pesan en su contra, ha señalado reiteradamente que se le acusa de haberse robado los dineros de la Municipalidad o que no ha ejecutado obras que fueron anunciadas en la anterior gestión que encabezara Victoria Espinoza García, cuando en realidad nadie lo ha acusado de semejantes cargos delictivos.

Y es que esto se ha repetido una y otra vez en el sentido que allí estaban las obras de saneamiento y urbanismo que fueron programadas por la autoridad edil, que las autoridades de la contraloría no hicieron observaciones en su momento, que la entidad financista como el Ministerio de Vivienda y sus programas promotores no formularon reparos a los trabajos e informes de liquidación de obra, por lo tanto, no entienden por qué razones  el juez de la causa ha expedido una sentencia condenatoria.

Lo que ocurre, como lo han escuchado cientos de personas en la última diligencia, es que ni el Ministerio Público ni los órganos de control interno de la comuna provincial del Santa han acusado la sustracción o el escamoteo de los recursos públicos, no existen cargos de imputación en esa dirección, por el contrario, si así fuera el proceso penal que se sigue contra las autoridades ediles se habría iniciado bajo la configuración de otros delitos contra los deberes de función como peculado, concusión u otros.

En el caso que se sigue al burgomaestre lo que se cuestiona es el desvió de los presupuestos destinados a la ejecución de obras de saneamiento con la finalidad que financien la ejecución de obras de urbanismo, en otras palabras, tomar los dineros asignados con un fin específico y destinarlo a otros objetivos, violando y transgrediendo las normas que son de dominio absoluto de quienes manejan la administración pública.

Tanto el alcalde como la ex alcaldesa y los funcionarios eran conscientes que formular las modificaciones presupuestales de un proyecto que está sujeto a un convenio suscrito entre la Municipalidad con el Ministerio de Vivienda era un ilícito penal, aun cuando, como lo alegan sin haberse demostrado hasta la fecha, hayan devuelto esos recursos a las partidas para las cuales fueron afectadas.

Por lo demás, quienes han manejado recursos en la administración pública son conscientes que estos desvíos de dineros de un proyecto a otro se hacen siempre con una finalidad específica, nada se hace gratis en esta clase de enroques financieros y por ello es que la ley coloca esta clase de prohibiciones y las califica como delitos cuando ellas se ejecutan con la absoluta falta de transparencia como se ha obrado en este caso.

Para muestra solo hace falta un botón: en medio de la audiencia única de apelación la Fiscal Nancy Moreno Rivera mostró a la Sala un oficio dirigido por el Director General de planeamiento y presupuesto del Ministerio de Vivienda en respuesta a una consulta formulada por su despacho, un documento contundente que ingresó fuera de plazo para agregarlo a la mencionada audiencia y el que se deslinda lo que resulta un movimiento licito administrativo de lo que representa un desvío ilegal de presupuestos asignados a obras que están sujetas a un convenio y señala que en estos casos se comete delito de malversación de fondos.

Concluida la diligencia los hechos que se incriminan al alcalde provisional Julio Cortéz, a la ex alcaldesa Victoria Espinoza así como a los ex funcionarios ediles de la primera gestión y que han  sido materia de sentencia penal, han quedado más claros que el agua, no hay peor ciego que aquel no quiere ver y de allí que se espera que la justicia resuelva con la cabalidad y equidad con la que lo viene haciendo hasta la fecha.