El ex alcalde de Samanco, Jaime Casana Escobedo, no demoró en aparecer en los medios de comunicación, tras el crimen del alcalde en funciones Francisco Ariza Espinoza, para desmentir que tenga que ver algo con el execrable atentado en el que perdió la vida no solo el mencionado burgomaestre sino el joven abogado Henry Aldea Correa, quien infortunadamente ese día acompañaba a la autoridad edil a prestar una manifestación.
Muchos pensaron de inmediato que la conciencia lo traicionaba y se veía precisado a poner el parche ante que pudiera salir la pus, como se dice en el argot criollo, y es que todas las miradas, sin excepción alguna, se dirigían a su controvertida figura por tratarse de uno de los personajes más interesados en sacar del camino a un hombre como Ariza que no permitió que lo manipulen ni lo manejen y que hizo su propia gestión al margen de los intereses del mismo Casana.
Sin embargo, desde entonces mucha agua ha discurrido bajo el puente y Jaime Casana ya no solo es un sospechoso, menos aún el incrédulo personaje que tocó las puertas de la redacciones de los medios de comunicación para negar su participación en el doble crimen, por el contrario, existen evidencias que han llevado a la autoridad judicial a dictar en su contra una orden de prisión de 18 meses que lo ha llevado a la clandestinidad.
Muchos deben recordar que esta orden se dictó luego que la Policía y el Ministerio Público obtuvieran una orden de detención preliminar y permitió la captura de los cuatro concejales que formaban parte del pleno municipal de Samanco y que, de acuerdo a las pesquisas, se prestaron a la ejecución del crimen o permitieron que se produzca después de tener conocimiento lo que se estaba planificando.
Lo cierto es que mientras la Policía pudo capturar a los concejales, Jaime Casana consiguió eludir el cerco policial en la localidad de Huambacho, en donde residía, y desde entonces se encuentra en calidad de prófugo de la justicia.
Han trascurrido casi siete meses y no existen rastros de su paradero, por ello es que el Ministerio del Interior se ha visto precisado a apelar a los mecanismos facilitadores de la busqueda de los delincuentes que se burlan de la justicia y se ocultan para evadir los presidios a los cuales han sido confinados, es decir, la lista negra y la recompensa.
Esta lista presenta a los delincuentes más buscados del país, sujetos que se encuentran involucrados en casos mediáticos y bastante sonados que han conseguido eludir el cerco policial y rehúyen de los mandatos judiciales que han ordenado su internamiento en un Penal, allí se encuentra, por ejemplo, la ex alcaldesa de Chimbarte, Victoria Espinoza García, quien se encuentra condenada a siete años de carcelería al ser hallada culpable del delito de enriquecimiento ilícito.
Tratándose de una autoridad municipal que tiene mandato de internamiento pero que se oculta de manera eficaz como para impedir que hasta la fecha la Policía Judicial la ubique, la ha convertido en una persona sumamente escurridiza, por ello ha sido considerada en esta lista negra y se le ha puesto precio a su cabeza, se ofrece nada menos que 50 mil soles a quienes puedan proporcionar información que posibilite su captura.
Justamente, ante las primeras muestras de eficacia de este procedimiento de búsqueda con otros requisitoriados, los deudos y familiares de las víctimas del doble crimen de Nepeña demandaron al Ministro del Interior, en la corta visita que realizara hace unos meses a Chimbote, que se incluya en esta lista de delincuentes más buscados del país a los presuntos autores intelectuales de este violento hecho, los cuales estaban prófugos de la justicia.
Se referían a Jaime Casana Escobedo, a quien fuera su asesor de cabecera el abogado Carlos Bazán Castro y al delincuente Andrés Vásquez Julca (a)” Chileno”, un sujeto estrechamente vinculado al anterior y quien se encargó de buscar y ubicar a los sicarios juveniles que se deberían encargar de asesinar a Francisco Ariza y en cuyo atentado asesinaron también a su abogado Henry Aldea, incluso, lanzaron bombas incendiarias debajo del vehículo para asegurarse el éxito del crimen, un hecho horripilante que generó el rechazo general en nuestra provincia.
Justamente, estas características brutales del atentado han motivado al Ministerio del Interior a dictar las medidas necesarias para garantizar la búsqueda y captura de quienes han sido considerados como los autores materiales y accedieron a incorporar en la lista de los delincuentes más buscados del país a estos tres sujetos que son los únicos que aún se mantienen al margen de la ley, pues tanto los sicarios como los elementos de apoyo y contención, así como los regidores de entonces de la Municipalidad de Samanco ya han sido detenidos e internados en el Penal de Cambio Puente y en otros a los cuales han sido trasladados por razones de seguridad.
De allí que no ha extrañado que el ex alcalde Jaime Casana, aquel que apareció en los medios para desmentir que tenga vinculación a este caso, se encuentre con un ofrecimiento de recompensa por su cabeza, que tenga que ser buscado a lo largo y ancho del país y posiblemente resulte detenido en el curso de los próximos días o semanas.
Son 20 mil soles que el Estado ofrece por la cabeza de cada uno de los tres prófugos, una atractiva suma como para que aquellos que de alguna manera conocen de su paradero puedan acudir a la autoridad para proporcionar esa información con el aliciente que su identidad se mantendrá en reserva por tratarse de una contribución con la justicia que busca a los maleantes.
Esperemos que esta recompensa permita la ubicación y captura del ex alcalde de Samanco, no solo los deudos sino la comunidad en general están ávidos que se haga justicia y que los responsables paguen por este cobarde doble crimen que fue concebido en las entrañas de la envidia y la ambición de gente que no aceptaba estar fuera del cargo a pesar que había ganado una elección pero fue inhabilitado. Confiamos que este procedimiento rinda resultados y que con el aliciente que otorga el estado se pueda hacer efectiva la captura del ex burgomaestre y de todos aquellos que siguen viviendo al margen de la ley.