Editorial

Editorial: ::: MAS VALE TARDE…. :::

Cuando muchos pensábamos que las autoridades se habían olvidado de sancionar la atroz contaminación ambiental que siguen promoviendo algunas empresas pesqueras, a pesar que ya existen normas prohibitivas contundentes, la semana pasada recordaron que algo tenían que hacer y dispusieron la clausura temporal de una empresa pesquera que sigue atentando descaradamente en las aguas marinas.

La intervención fue realizada por la Gerencia de Medio Ambiente y Salud Pública de la Municipalidad Provincial del Santa, en coordinación con la Capitanía de Puerto, la Autoridad Local del Agua, Produce y la Fiscalía de Medio Ambiente, quienes llegaron a la sede de la empresa Pesquera OLDIM, ubicada en la Florida Baja y dispusieron su cierre por espacio de 30 días.

El gerente de Medio Ambiente de la Comuna, Juan Villarreal Olaya., señaló que esta empresa ha infringido una ordenanza municipal y no ha tomado los correctivos a pesar que se le había multado con anterioridad, en otras palabras, sus representantes o propietarios se zurraron en las normas y siguieron contaminando de manera delincuencial la bahía.

Justamente, las autoridades verificaron la manera como esta empresa sigue vertiendo sus efluentes sin tratamiento alguno hacia el mar, a través de una tubería sobre la cual sale la sanguaza y discurre por una suerte de acequia natural directamente hacia el mar.

El funcionario explicó que esta es una de las empresas que se muestra reacia a conectarse con el emisor submarino que han construido las empresas pesqueras con la finalidad de arrojar sus deshechos industriales debidamente tratados a una distancia de nueve kilómetros mar afuera, tal y como lo ha hecho ya la mayoría de empresas de este sector.

La empresa OLDIM mantiene el sistema de eliminación artesanal de sus desechos industriales, arroja de manera descarada la sanguaza al mar y todo ello está expuesto a vista de medio mundo, tal como lo reflejan las fotografías e imágenes que han publicado los diferentes medios de comunicación de la localidad.

Es importante que por fin, las autoridades comiencen a sancionar a las empresas pesqueras con medidas categóricas y contundentes como para obligar a los dueños y gerentes a respetar las normas, especialmente, para que entiendan que ya es momento que deben dejar de abusar contra la ecología y deben dejar de atentar contra la bahía de Chimbote con sus efluentes cargados de sustancias tóxicas.

En nuestro país está vigente el Plan Ambiental Complementario Pesquero (PACPE) que obliga a las empresas industriales del sector pesquero a implementar sistemas de tratamiento de sus residuos y efluentes así como instalar un emisor submarino a través del cual puedan lanzarlos debidamente tratados mar afuera.

De esta manera se ponía punto final a la descomunal contaminación que han generado en todos los puertos del país las empresas pesqueraS lanzando sus efluentes a orillas del mar, destruyendo toda forma de vida en las caletas y desapareciendo hermosas playas como ha ocurrido también en Chimbote.

Cabe recordar que este plan ambiental se sancionó hace ya más de ocho años, sin embargo, el empresariado del sector pesquero se las ingenió para aplazarlo y postergarlo en su ejecución, incluso, crearon una entidad para que se encargue de ejecutar “a regañadientes” el emisor submarino, como es Aproferrol.

Afortunadamente, pese a todos los inconvenientes, esta entidad consiguió tender las tuberías y poner en marcha el emisor submarino, inclusive, fuera de los plazos que establece la ley, empero, lamentablemente, pese a este esfuerzo aún existen empresarios del sector pesquero que se resisten a conectarse a este sistema y pagar los derechos que corresponden.

De allí que ha llegado el momento de sancionar. La Pesquera OLDIM ha sido clausurada temporalmente por espacio de 30 días porque le otorgan este plazo para que regularice su situación y acuda a Aproferrol para conectarse al emisor submarino, con lo cual se levantaría la orden de cierre,

Sin embargo, es pertinente que las autoridades permanezcan con los ojos abiertos, además del emisor submarino existe la obligatoriedad de implementar sistemas de tratamientos de efluentes en la propia planta industrial, así que habrá que verificar detenidamente si esta empresa sancionada cumple con este extremo. Se dice que hay otras seis empresas en la misma situación a las cuales deberá clausurarse, esto es imperativo y es importante que se haga porque “más vale tarde que nunca”.

                                                           DOBLE CASTIGO

Un docente que presta servicios en un centro educativo de Nuevo Chimbote ha sido enviado seis meses al Penal de Cambio Puente luego de ser sorprendido por la madre de una escolar de solo 11 años de edad cuando le realizaba tocamientos impúdicos, aprovechando que le prestaba servicios de clases particulares.

Los hechos ocurrieron en el domicilio del docente Jaime Segundo Zapata Cóndor, hasta donde había llegado la menor para que le dicte clases de reforzamiento, empero, la madre de la niña llegó posteriormente, sorprendiendo al desviado docente cuando manoseaba a la menor y tenía las intenciones de someterlas sexualmente.

Los hechos no solo han quedado de manifiesto con las diligencias actuadas por el Ministerio Público derivadas de la evaluación realizada a la menor en cámara Gesell, sino que ante las evidencias la defensa del investigado se allanó al pedido de prisión y expresó su predisposición a acogerse posteriormente a una solicitud de terminación anticipada,.

Esto quiere decir que el denunciado docente admite la comisión del delito, es consciente de la responsabilidad penal que le alcanza, empero, frente a estos casos los jueces no deben ser contemplativos, tienen que tener en cuenta que el investigado no solo es responsable por pretender abusar de una menor de solo 11 años de edad, es decir, por el ultraje sexual, sino que es responsable por abusar de su condición de docente, por tratarse de un individuo que lejos de aprovecharse de una niña debería constituirse en su instructor y orientador, por lo que debería recibir un doble castigo por parte de la justicia.