La valiente decisión de dos magistrados de la Corte Superior de Justicia del Santa que se negaron a ejecutar un habeas corpus abiertamente ilegal y abusivo otorgado en un Juzgado de la provincia de Bolognesi en Ancash; impidió que un grupo de funcionarios acusados por colusión desleal salgan de la cárcel y en otros casos, se les anule el juicio oral al que estaban sometidos para dictarse su sentencia.
Se trata de los magistrados Mardely Carrasco Rosas y Walter Lomparte Sánchez, integrantes de la Sala Penal Liquidadora, quienes en la tramitación de un juicio oral por corrupción que seguían contra un grupo de exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Pallasca y los representantes de una cuestionada empresa dedicada a la venta de maquinaria pesada; fueron notificados de un habeas corpus fundado que se había dictado en un Juzgado de la provincia de Bolognesi.
Este Habeas Corpus ordenaba no sólo anular la sentencia emitida por la Sala Penal Liquidadora que había condenado a tres de los imputados (a los otros ocho imputados que inicialmente no se presentaron, estaban en pleno juicio oral), sino que también anulaba la resolución de la Corte Suprema de la República que había declarado No Ha Lugar a la nulidad formulada por la empresaria Ilia Lucila Abarca Paredes.
Justamente fue esta joven empresaria, involucrada en la venta de un camión a precios abiertamente sobrevalorados a la Municipalidad Provincial de Pallasca, quien junto a su abogado Roger Reyes García, presentaron el miércoles 22 de junio, en pleno juicio oral que se llevaba a cabo en Chimbote, el Habeas corpus fundado que habían obtenido con el Juez provisional Hermenegildo Soriano Yauri de la provincia de Bolognesi.
Este grosero fallo, que se supone únicamente tenía como pretensión favorecer a la procesada Ilia Lucila Abarca Paredes quien lo presentó a través de Máximo Manuel Méndez Rojas, se excedió en su resolución final y anulaba la sentencia condenatoria que pesaba contra los exfuncionarios y exregidores de la Municipalidad de Pallasca, Abel Neptalí Flores Escudero, Bacilio Guadalupe Oré Quiñones y Santiago Gabriel Valle Utrilla (presos en el Penal de Cambio Puente), sino que además disponía que se anulen todas las resoluciones existentes (incluyendo la emitida por la Corte Suprema) incluyendo la acusación fiscal primigenia que dio inicio al juicio oral, con lo cual también se beneficiaban a los imputados Wilfredo Julio Huaylinos Vela, Elizabeth Julissa Vásquez Zárate, Liz Karen Bazán Huamaní, Evelyn Christian Valladares Alarcón, Helga Mirna Vásquez Torres, Lorenzo Angulo Mori y Pablo Concha Oviedo, todos estos en condición de reos contumaces.
Los magistrados chimbotanos, al recibir esta resolución de manos del abogado Roger Reyes García (abogado de la alcaldesa suspendida Victoria Espinoza García y el alcalde provisional Julio Cortez Rojas), se negaron a ejecutar este fallo abiertamente ilegal y sin precedentes, que hasta anulaba una resolución de la Corte Suprema de la República que había declarado que no había nulidad en la sentencia condenatoria emitida en contra de tres de los once acusados.
Mardely Carrasco Rosas y Walter Lomparte Sánchez devolvieron la resolución y solicitaron al Juzgado de Bolognesi que aclare una serie de dudas respecto a la resolución emitida y formalmente notifiquen la misma por los conductos regulares; pero a la vez, comunicaron de inmediato este hecho ante la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) dando cuenta de las irregularidades en la tramitación de este habeas corpus.
Además, programaron la continuación de la audiencia de juzgamiento contra Ilia Lucila Abarca Paredes para el jueves 30 de junio a las 2.30 de la tarde.
INTERVIENE OCMA
Luego que el 22 de junio, los magistrados Mardely Carrasco Rosas y Walter Lomparte Sánchez no aceptaron ejecutar este habeas corpus y lo devolvieron para una aclaración respecto al fallo emitido y tras ser alertada la OCMA de esta maniobra judicial gestionada ante un Juez provisional en la provincia de Bolognesi, la historia tomó otro rumbo.
En principio, el Juez provisional Hermegildo Soriano Yauri fue removido del cargo que ocupaba en el Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de la provincia de Bolognesi y en su reemplazo se designó al Juez Hommer Villafán Cano, responsable de un Juzgado de Paz Letrado, pero que en adición de funciones asumió este despacho.
Este último magistrado, ante el escándalo desatado, se encargó de revisar de oficio este habeas corpus y al advertir un pronunciamiento “ultra petita” (pronunciamiento judicial más allá de lo postulado), vulnerando el principio de congruencia procesal, determinó declarar nula la sentencia de habeas corpus y retrotraer esta demanda hasta la etapa de notificación a los jueces supremos, que no fueron debidamente notificados para ejercer su defensa, además de poner en conocimiento de la OCMA, las irregularidades encontradas en este proceso judicial.
Con este fallo, la empresaria Ilia Lucila Abarca Paredes deberá concurrir a la próxima audiencia del jueves 30 de junio para seguir con el juicio oral en su contra por el delito de colusión desleal, reservándose el enjuiciamiento para los otros siete imputados que no se han presentado al proceso y tienen la condición de reo contumaces.