Cuando la mayoría pensaba que el alevoso crimen de Hilda Saldarriaga Bocanegra, más conocida como “La Mamma” era uno de los tantos hechos registrados en la época de la red criminal de Ancash que quedarían en la impunidad, la semana pasada ha trascendido que el Ministerio Público cuenta con una pesquisa bastante avanzada que ha ingresado a una fase de judicialización y por ello es que ha llegado a Chimbote.
Y es que este es uno de los muchos casos que debieron trasladarse a la Capital de las República a efectos que se investigue con imparcialidad y se evite que los manejos oscuros de la corrupción en Ancash lo condenen a una absoluta impunidad en el Ministerio Público y Poder Judicial de nuestro puerto, por entonces sometido por la red criminal.
Por ello es que el caso fue encargado a la Tercera Fiscalía Especializada contra la criminalidad organizada de Lima, la cual ha concluido la investigación preliminar y ha decidido continuar investigación preparatoria contra jueves personas por el condenable crimen de Hilda Saldarriaga, la otrora “testigo clave” del primer atentado perpetrado en el domicilio del extinto consejero regional Ezequiel Nolasco Campos.
En efecto, en la medida que el magistrado ha debido trasladarse a nuestra ciudad para llevar a cabo una serie de diligencias, se ha podido conocer que el Ministerio Público ya cuenta con una tesis acusatoria que se sustenta en la sindicación directa al ex Presidente regional César Álvarez Aguilar y el ex alcalde provincial Luis Arroyo Rojas como los promotores de este asesinato.
De acuerdo a ello se ha establecido a nivel de Fiscalía que Hilda Saldarriaga Bracamonte fue asesinada porque estaba dispuesta a participar del juicio oral en contra de los procesados por el primer atentado de Ezequiel Nolasco Campos y porque iba a acudir a la diligencia de peritaje fonético para confirmar su voz en los audios y vídeos donde se le observa dialogando con el suboficial Ricardo Patiño Marmanillo y el abogado José Carrasco Alvarado, exigiendo dinero a cambio de mantener su silencio.
Lamentablemente, Hilda Bracamonte Saldarriaga se había convertido en un serio problema para los mentores de la red de corrupción, por ello decidieron eliminarla y para ello utilizaron como intermediarios al entonces efectivo policial Ricardo Patiño Marmanillo quien tenía acercamiento con la víctima y a Rubén Moreno Olivo, alias “Goro” quien contrató a los sicarios.
Este último, de acuerdo a la tesis de la Fiscalía, contactó a los delincuentes Jorge Luis Malca Valencia, alias “Chino Malca”; Christian Joel Crúzate Pereda, alias “colombiano” (asesino confeso de Ezequiel Nolasco Campos), Kenyi Iván Cruz Alejos y Adán Siccha Vilchez (este último quien hizo la labor de reglaje con un tercero aún no identificado) para que ejecuten el crimen por lucro en favor de la organización criminal.
Lo más sorprendente es que también es investigada Sheila Ethan Ramírez Policarpio, increíblemente la abogada de la víctima, quien logró persuadirla inicialmente para que reciba dinero a cambio de su silencio, por encargo de los propios instigadores del homicidio calificado, para posteriormente traicionarla y ocultar información sobre las personas que planificaron su muerte.
Esperemos que la Fiscalía de crimen organizado tengan el tiempo suficiente como para seguir recopilando pruebas de este espeluznante caso que en su debida oportunidad conmocionó a los Chimbotanos, aquí nadie se tragó el cuento del robo o el móvil sentimental que diseminaron estratégicamente los medios de comunicación de los “comandos”, quienes de manera malévola regaron la especie que la mujer había sido infiel a su esposo encarcelado y que éste la habría mandado matar.
Es evidente que la Fiscalía de crimen organizado se encuentra tras la huella de los asesinos y sorprende saber a estas alturas que los nombres de los implicados son los mismos que hemos leído en el caso del crimen de Ezequiel Nolasco Campos, ocurrido en Huacho, una camarilla de la muerte que hoy por hoy están encarcelados, algo así como para corroborar la certeza de ese conocido proverbio que dice que “el crimen no paga”.
OPORTUNO DESLINDE
La Sala Penal de Apelaciones ha dejado sin efecto la resolución de la Juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, Elizabeth Zulueta Cabrera mediante la cual decidió excluirlo del proceso penal que se sigue contra ex funcionarios del PRONAA y en cual había dispuesto que se designe a otro magistrado derivando, inclusive, a la oficina de control interno copias certificadas por lo que considera una inconducta del magistrado.
La decisión de la instancia superior había generado expectativa porque estaba relacionada a uno de los pocos hechos que ha generado enfrentamientos y conflictos entre jueces y fiscales, más aun cuando era la primera vez que una juez procede de esta manera.
Finalmente, la Sala Penal interpretó la norma del nuevo Código Procesal penal en el sentido que un fiscal sí puede ser excluido de una causa cuando no está obrando conforme a la ley, empero, advierte que esta medida no puede ser dictada por un juez sino que le corresponde directamente al Fiscal Superior, hacia quien el Juez debe derivar la carpeta cuando observe inconductas sancionables de parte del Fiscal Provincial
No podemos olvidar que este insólito incidente lo que había provocado es detener y empantanar el proceso penal que se sigue contra ex funcionarios del PRONAA, Chimbote, que están siendo procesados por haber cancelado pagos a trabajadores fantasmas, a personas que no habían prestado servicio alguno a la entidad pero que, con malicia, se extendieron cheques a personajes ajenos a la institución y cuyos nombres ni siquiera aparecen en los cuadernos de registro de ingreso y salida de visitantes y trabajadores de la vigilancia de la entidad.
Esperemos que con este pronunciamiento no solo se retome el juicio oral y se deslinde las pruebas recopiladas hasta el momento, sino que se deja sentado un precedente para que en el futuro esta clase de incidencias no promueva las clamorosas dilaciones que ya viene experimentando este expediente para fortuna de los involucrados.