Editorial

Editorial: ::: COMO UNA MAFIA :::

La investigación que realiza la Fiscalía con relación al doble crimen perpetrado en la localidad de Nepeña el año pasado, en el que fueron asesinados de manera más cruel y despiadada el alcalde de Samanco Francisco Ariza Espinoza y el abogado Henry Aldea Correa, nos sigue deparando muchas sorpresas, cada cual más desagradable una que la otra.

Y es que si los chimbotanos se estremecieron al conocer que los cinco ex regidores del pleno municipal de Samanco, aquellos que le hacían la vida imposible al alcalde Ariza, estuvieron implicados en la planificación del alevoso crimen, igual se asombraron el pasado fin de semana cuando la Fiscalía decidió incluir al abogado Juan Ciro Bazán Cribillero como investigado en este mismo proceso.

El mencionado letrado venía desempeñándose hasta la fecha como defensor de su primo y también abogado Carlos Bazán Castro, considerado como uno de los cabecillas de este hecho criminal, empero, las pruebas recopiladas por el Ministerio Público indican que también tiene mucho que ver con este embrollo de manejos turbios y delincuenciales que dieron lugar no solo al crimen sino a la posterior invasión del Municipio de Samanco.

Como es de dominio público, el crimen del alcalde Ariza, en el que también cobraron la vida del joven abogado Henry Aldea que en el momento del atentado lo acompañaba, se perpetró porque los asesinos ambicionaban con tomar el control económico y administrativo del Municipio de Samanco, pues habían puesto el objetivo en los terrenos del Balneario de Besique y encontraban en el alcalde de entonces a un escollo insalvable.

Por ello es que después de ser asesinado en las circunstancias que ya todos conocen, mediante la contratación de sicarios e identificando a quienes se en cargaron de reclutar a los asesinos a sueldo y los elementos de contención y hasta los choferes que manejaron los autos para perpetrar este horrendo doble crimen, se gestó todo un movimiento para que la segunda parte de este siniestro plan se concrete. 

En efecto, muchos deben recordar que tras el atentado la furia de la población se hizo evidente en tanto que el principal sospechoso del crimen era el ex alcalde Jaime Casana Escobedo y por ello tanto los familiares como los vecinos de ese distrito se mostraron dispuestos a impedir que aquel o sus ad láteres tomen el control del Municipio.

Estos últimos no eran otros que los ex concejales del propio Ariza, no solo la población sino los medios de comunicación fueron testigos de la manera como hicieron tenaz oposición a la gestión del asesinado alcalde y como se mostraron como una suerte de marionetas del ex alcalde Casana.

Inclusive, los propios ex regidores no tuvieron reparos en admitirlo ante la prensa con ocasión de la conferencia que ofrecieron en nuestra ciudad ante la ola de sospechas que se cernía sobre ellos, no vacilaron en reconocer que su líder era Jaime Casana y que con aquel dialogaban con respecto a los problemas del Municipio.

Sin embargo, fue la Policía especializada y la Fiscalía a cargo de este caso quienes descubrirían que esos diálogos no solo se remitían a una problemática administrativa o financiera de la Municipalidad, sino a la concertación de un nauseabundo plan que tenía por objetivo tomar las riendas del Municipio y manejarlas de acuerdo a los lineamientos que estableciera Casana y su entonces asesor de cabecera, el abogado Carlos Bazán Castro, quien se había desempeñado antes como asesor del ex alcalde de Casma Rommel Meza Cerna, con quien habían también elaborado un siniestro plan con los terrenos del balneario de Tortugas.

Desde entonces se sabía que los ex regidores no solo conocían del siniestro plan de eliminación del alcalde Ariza, sino que deberían estar preparados para asumir el control del Municipio, por ello no esperaron ni siquiera unos días después del entierro del cadáver del alcalde para ingresar por la fuerza al Municipio avalados por los contingentes de la DINOES que fueron enviados por el Ministerio del Interior y que de esta manera solo trataban de garantizar la calma y la paz.

Nadie imaginaba en ese momento que se estaba concretando el plan final de los asesinos que era tomar las riendas de la Municipalidad, asumir el control administrativo y económico por intermedio de personas que eran manipuladas por Casana y el abogado Carlos Bazán, colocando de inmediato a personajes de su entorno en los puestos claves de la Municipalidad.

Allí es donde encaja el abogado Juan Ciro Bazán Cribillero y de acuerdo a los documentos hallados en la vivienda de Jaime Casana, cuando consiguió fugar del cerco policial que se le había tendido en noviembre pasado, cuando una infidencia al interior de la propia Policía le permitió conocer que se había expedido una orden de prisión preliminar en su contra, se ha podido establecer que muchos otros personajes conocían de esta suerte de organización que se infiltró en el Municipio de Samanco.

Justamente, éste es el término que utiliza el Ministerio Público no solo para ampliar la investigación sino para demandar un nuevo plazo de 8 meses para poder culminar las pesquisas en la medida que se ha incluido el delito de Asociación Ilícita para Delinquir.

Cuando las autoridades policiales, el Ministerio Público y el Poder Judicial utilizan esta figura es porque están convencidos que todos los involucrados en un hecho delictivo no han actuado por ocasión o de manera repentina, por el contrario, entienden que ha existido un concierto de voluntades, la planificación y conspiración para conseguir un objetivo criminal, como es el doble crimen del alcalde Ariza y su abogado.

En otras palabra, en Samanco han actuado como una mafia para concretar el objetivo de tomar el control del Municipio, pretendían lucrarse y enriquecerse a costa de los terrenos del Balneario de Besique y como Francisco Ariza se los impedía y eran conscientes que con él allí no llegarían a ninguna parte, entonces optaron por asesinarlo, como lo hicieron con el alcalde de Casma el año 2012, con la misma sangre fría y con la misma alevosía de quienes no tienen el mas mínimo respeto por la vida de las personas. Que les caiga todo el peso de la ley una vez que se concluyan con todas las diligencias.