La presidencia del Poder Judicial ha informado la semana pasada que en lo que va del primer semestre del año se han condenado a 42 pervertidos a penas de cadena perpetua al ser hallados responsables de delitos de ultraje sexual en agravio de menores de edad, precisando que tres de esos casos corresponden a la Corte Superior del Santa.
Sin embargo, habrá que añadirle a esta tenebrosa estadística dos casos más registrados en nuestra ciudad, pues la Sala Penal Liquidadora ha sentenciado en la última semana dos de estos procesos penales y ha fijado la máxima pena que contempla nuestra legislación penal.
El primer caso corresponde a un proceso penal llegado de la vecina provincia de Huarmey, allí el sujeto identificado como José Reyes Campos Bedón, de 46 años de edad, ha recibido cadena perpetua al ser hallado responsable de violar y dejar embarazada a su hijastra de 13 años de edad, luego de someterla bajo amenazas.
El hecho ocurrió el año 2009 y solo ha sido juzgado y sentenciado siete años después porque el sujeto, tras ser denunciado, se ocultó y escondió de la justicia, siendo detenido el mes de junio pasado en nuestro Puerto y se retomó su juzgamiento bajo las reglas del proceso penal anterior.
Poco antes había culminado el proceso penal seguido contra Teodosio Braulio Urbano Alcántara, un despreciable sujeto que abusó sexualmente de su propia hija de 13 años de edad, a la cual embarazó el año 2007, fecha desde la cual también se fugó y ocultó hasta que fue detenido el pasado mes de junio en nuestra ciudad.
El hecho ocurrió en la localidad de Caraz, empero, el brazo largo de la ley no renunció jamás a su búsqueda hasta que fue aprehendido y sometido a juicio en el que, tras ser hallado responsable, ha sido condenado de por vida, incluso, a pesar que once años después de los hechos su propia hija, arrastrada por ese sentimiento paternal que no se pierde a pesar de las aberraciones que cometió, trató de ayudarlo de alguna manera cambiando su versión inicial de los hechos, empero, por las pruebas actuadas en su momento los magistrados no tuvieron duda alguna de la responsabilidad del sujeto.
De esta manera, la justicia se muestra nuevamente inflexible contra estos enfermos sexuales que no reparan ni siquiera en el estrecho vinculo que los une a las víctimas y las agreden sexualmente, les desgracian la vida bajo amenazas, las obligan a someterse a sus bajas pasiones al extremo que en estos dos casos las madres denunciaron los abusos solo después que las menores resultaron embarazadas como consecuencia de los reiterados ataques sexuales de los cuales fueron víctimas.
Las cifras reflejan la permanente presencia de esta clase de depravados en todos los puntos del país, existe un promedio de 8 agresiones de esta gravísima índole que se registran mensualmente, lo que pone de manifiesto que los delincuentes sexuales no se detienen ni siquiera ante la certeza que serán pasibles de una pena máxima que existe en la legislación.
La máxima penalidad de la cadena perpetua no es un ejemplo para esta clase de gente, las desviaciones de estos pervertidos van más allá de la probabilidad de pasar el restos de sus días en una cárcel, y, el solo hecho de pensar que a fines de año las estadísticas nos revelarán que se han sentenciado a más de un centenar a esta máxima penalidad, nos pone la piel de gallina, nos estremece y nos conmueve.
Se supone que los padres deben velar por la integridad de sus hijos, deben controlarlos y protegerlos, sin embargo, si vemos que se ha condenado a un progenitor a esta pena de cadena perpetua porque abusó de su hija, quiere decir que las desviaciones superan estas barreras que pensábamos eran las más eficaces para detener esta clase de delitos. Esperemos que la justicia siga cumpliendo ese rol con la firmeza que señalan las cifras y que no vacilen en tener que encerrar de por vida a sujetos que no se compadecen de niñas que están emparentadas con ellos mismos. Con esta gente no se tiene que tener compasión.
                                              CONDENA ADELANTADA
El Segundo Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Chimbote ha sentenciado la semana pasada al conocido delincuente Jorge Luis Valencia Loloy, más conocido en el mundo del hampa como “Chino Malca”, condenándolo a siete años de prisión efectiva por delito de Tenencia Ilegal de Armas.
El delito que ha sido materia del fallo judicial es uno relacionado con una intervención policial que permitió rodear a “Chino Malca” en inmediaciones de su domicilio del P. J. San Pedro, los custodios que se acercaron para detenerlo fueron amenazados por este sujeto con un arma de fuego, empero, el arma no funcionó y el requisitoriado consiguió darse a la fuga por los techos dejando abandonada el arma de fuego.
Posteriormente, “Chino Malca” ha sido detenido por otros hechos y en estas circunstancias, estando preso en el penal de “Piedras Gordas” ha merecido esta primera condena que, asumimos antecederá a muchas otras.
Y es que “Chino Malca” se hizo conocido por dedicarse al sicariato y la extorsión, es uno de los reclutadores de jovenzuelos despistados y deshumanizados que se prestan al crimen por encargo, que matan a personas a cambio de una irrisoria suma de dinero, tal como se puso de manifiesto en el asesinato del ex consejero regional Ezequiel Nolasco Campos, quien tuvo la desdicha de hacer un descanso en Huacho, cuando viajaba a Chimbote, e ingresar a un restaurante en donde se hallaba el “Chino Malca”.
Lo demás es historia ya conocida, por lo que se entiende que este sujeto debe ser sentenciado también en el proceso por el crimen del ex dirigente sindical y por su vinculación con la mafia regional que hizo del “chalequeo” y el crimen por encargo, su “modus vivendi” por muchos años, hasta que las autoridades se decidieron poner coto a este grupo organizado que llegó a actuar con niveles mafiosos en nuestra ciudad. La pena que ha recibido el “Chino Malca” es solo una condena adelantada, arrastra otros procesos y no nos cabe duda alguna que seguirá la misma suerte. Esperemos que esto se canalice como corresponde.