Editorial

Editorial: ::: DEMOSTRADA EFECTIVIDAD :::

Los hijos y el padre de la requisitoriada Milagros Asián Barahona, la esposa del encarcelado ex presidente regional César Álvarez Aguilar, han exhortado públicamente a la Ministra de Justicia se rectifique la decisión de incluir a su madre entre las delincuentes más buscadas del país y fijarse una recompensa por información que permita dar con su captura.

Los motivos que esgrimieron se remiten a razones de seguridad y una cuestión de injusticia, advirtiendo que se encuentran solos, alejados de sus padres desde hace dos años y que tienen un hermanito de ocho años que no puede ni siquiera verlos debido a la situación jurídica en la que se encuentran.

Alegan razones de seguridad porque consideran que ahora serán el blanco perfecto para delincuentes que los pueden secuestrarlos con la intención de sacarles información sobre el paradero de su madre, a pesar que ellos desconocen absolutamente donde se pueda encontrar en este momento y esperan que no se entregue a la justicia.

En ese sentido, señalan que frente a la posibilidad de obtener una cuantiosa recompensa de 20 mil soles, los delincuentes pueden hacerles daño y eso es algo que deberían advertir las autoridades en la medida que los exponen a situaciones de peligro.

De la misma manera, consideran injusto que se coloque a su madre en esta relación teniendo en cuenta que no existe una sentencia contra ella y tampoco pruebas que la vinculen con la denominada Centralita y que la medida de prisión es consecuencia de un abuso generado por jueces que solo se llevan por la corriente mediática y no miden el daño que le hacen a su familia.

Sin embargo, este argumento ya es conocido y traillado para los familiares de Álvarez y esposa, en Chimbote por lo menos ya lo conocemos cuando se dieron a conocer los resultados de las investigaciones a la red de corrupción de Ancash y se revelaron las cifras de los cientos y miles de millones de soles que se han birlado al cabo de ocho años de gestión regional y en cuya oportunidad los jóvenes salieron a la prensa para desmentir esta versión y aclarar que ellos carecen de riquezas mal habidas y que, por el contrario, informaciones de este tipo los exponen a delincuentes que podrían secuestrarlos para exigir recompensas porque creen que son gente adinerada, sin embargo, ciertamente nunca pasó nada sobre lo que temían.

Lo mismo ocurre con el argumento de la injusticia de la medida de prisión pues se trata de una decisión que ha sido corroborada en doble instancia respecto a la cual no se formularon más reparos en el entendido que se pudo echar mano a una acción de garantía, procedimiento que recién a estas alturas ha anunciado la abogada defensora, por lo que resulta un tanto tardía en atención a los reclamos de la familia.

Y, es que, como lo mencionamos ya en una anterior ocasión, el mecanismo del ofrecimiento de una recompensa por la búsqueda de una persona no requiere que ella se encuentre sujeta a una condena firme y ejecutoriada, por el contrario, obedece a la existencia de una orden de captura que viene siendo sistémicamente burlada por la persona emplazada, una detención que no ha podido ser concretada por la Policía y se extiende en el tiempo ante los justificados reclamos de la sociedad civil por esta situación.

El Ministerio del Interior solo ha masificado un mecanismo que ya se había puesto en marcha el año pasado, la posibilidad de ofrecer una jugosa recompensa a quienes proporcionen información efectiva respecto al paradero de quienes se encuentran buscados por la justicia y cuyos resultados vienen respaldando la medida gubernamental.

Justamente, esta es la otra parte de este espinoso tema y que le otorga el espaldarazo necesario al Ministro del Interior en su propósito de terminar no solo con ese escenario de impunidad que tanto indigna y con justa razón a la población, sino para echar mano de recursos legales que conlleven a coaccionar a los prófugos de la justicia, que los ponga contra la pared y que se sientan perseguidos ya no solo por una Policía ineficaz sino por toda una población que los puede identificar cuando ellos menos lo sospechen y, esencialmente, cuando cometan el mas mínimo error.

Las recientes capturas que se han registrado en la última semana dicen muy bien de la decisión del Gobierno de ampliar el espectro persecutor de los delincuentes más buscados del país, en nuestra ciudad se ha detenido a uno de los delincuentes más avezados de la historia policial como es Carlos Ademir Martínez Santos (a) “Catón”, un sujeto que está estrechamente vinculado a Chimbote por el crimen de Ezequiel Nolasco.

La Policía buscaba a este delincuente porque su gavilla se enfrascó en un enfrentamiento criminal con sicarios en la ciudad de Huacho y cuando era buscado por los criminales para asesinarlo, se encontraron con la figura de Ezequiel Nolasco, hecho circunstancial que derivó en el asesinato del ex consejero regional.

Así como “Catón” hay muchos otros delincuentes que ya vienen cayendo porque no solo puede ser identificado por vecinos de los predios en donde se ocultan, sino por el propio entorno que lo protege en la clandestinidad, la recompensa es capaz de persuadir a quienes consideran que ya es momento que el culpable pague y ellos reciban una gratificación por dar una información que favorece a la sociedad.

Son varios aspectos los que respaldan la medida de masificación del sistema de recompensa en la búsqueda de los requisitoriados, son muchas mas las ventajas que los menoscabos, por ello es que los lamentos de los familiares de Milagros Asián Barahona si bien son penosos y dolorosos, no tienen respaldo legal alguno, caen en saco roto en tanto que la sociedad tiene derecho a defenderse y las resoluciones judiciales deben de cumplirse.

Por el contrario, es gratificante advertir que la misma efectividad que cobró en sus primeros meses de vigencia el año pasado, cuando se detuvieron a los mafiosos de la droga en el país, como los involucrados en el “caso Oropeza” y otros, igualmente se viene registrando en estos días con la captura de algunos de los delincuentes que han aparecido en esta nueva relación, ha quedado claro que este procedimiento tiene una demostrada efectividad y que, a este paso, pronto se pondrán a buen recaudo a muchos otros prófugos de la justicia.