MATARIFES
Los trabajadores que laboran beneficiando reses y animales en el camal municipal hicieron la semana pasada una protesta en el frontis de este establecimiento protestando contra el regidor Santos Paredes García, a quien declararon “persona no grata”. Pero ¿Cuál fue el pecado que cometió el concejal para que fuera objeto de este sospechoso accionar? Pues no hizo otra cosa que fiscalizar, es decir, cumplió con la labor que le autoriza la ley y el rol que le ha confiado una mayoría de la población que le otorgó este cargo en elecciones populares. El regidor Santos Paredes puso el dedo en la llaga al denunciar la sobrevalorización e ilegalidad en la compra de uniformes que hizo la Municipalidad Provincial del Santa para estos matarifes, a pesar que se trata de personas que no tienen vínculo laboral con la Municipalidad. Por lo tanto, no pueden ser beneficiados con una adquisición con recursos del erario edil. Los matarifes, aleccionados por alguna negra influencia, dicen que la municipalidad ha obrado correctamente porque las normas del SENASA así lo disponen, empero, este argumento solo viene a consolidar los reparos que ha formulado el regidor, pues el SENASA podrá establecer obligaciones al Camal municipal pero la comuna tiene que regirse por su ley orgánica y si es que existen trabajadores tercerizados en una dependencia edil, como en este caso ocurre con el camal municipal, entonces son esas empresas de las que dependen los matarifes las que están obligadas a dotarlos de los uniformes y aditamentos necesarios. La Municipalidad solo está en la obligación de prestar un adecuado servicio, velar por la seguridad y la limpieza, por el control de los animales que allí se benefician, cuidar que no tengan enfermedades y otras obligaciones más, empero, eso de estar comprando uniformes a quienes no forman parte de la panilla municipal solo huele a un presunto arreglo que tiene que ser investigado. Mucho cuidado con la manipulación de estos trabajadores porque solo se demuestra que los están utilizando para fines, aparentemente, políticos.
DESAHOGO
El Ministro de Economía, Alfredo Thorne, ha explicado hace unos días que el MEF está planteando 6 reformas de simplificación para que el Perú pueda crecer en un estimado de 5% en dos años. Una de estas reformas es la relacionada al pago diferido del IGV, punto en el que coinciden con fuerza Popular en cuanto al fondo pero no en el plazo, pues los fujimoristas plantean una postergación de 90 días y el MEF solo 30. Para ello están haciendo las consultas a la SUNAT, pues las pequeñas y medianas empresas, que son las más afectadas con los cobros coactivos y el cargamento de intereses que suele aplicar la entidad recaudadora, deben cancelar el IGV en el mes inmediato en el que facturan, aun cuando no les hayan cancelado ese comprobante de pago. Es realmente un régimen abusivo porque las pequeñas y medianas empresas tienen que financiar a la SUNAT, deben sacar dinero de donde no tienen para pagar un IGV que aún no lo perciben, la cancelación de las facturas se hacen usualmente entre 45 y 60 días y existen casos en los que se plantean a 90 días y se termina pagando a los 120 días. Por eso es que se generan las acciones coactivas contra las empresas medianas y pequeñas, entonces lo que plantea esta reforma es postergar 30 días la obligación del pago de ese IGV para no presionar a los pequeños y medianos empresarios y puedan cancelar sus impuestos sin necesidad de tener que ser ejecutados coactivamente. Creemos que la propuesta fujimorista es más interesante en la medida que en este país todos los pagos se hacen diferidos, sin embargo, por lo menos se ve en el gobierno la voluntad de generar un desahogo a las empresas que a la fecha están entre la espada y la pared por esta imposición del pago de un impuesto que aún no se cobra.
ABUSO
La semana pasada los transeúntes se sorprendieron que en la tercera cuadra del céntrico jirón Manuel Ruiz la Policía había cerrado las calles y se dispuso un impresionante despliegue para hacer cumplir una resolución judicial de desalojo y, finalmente, no se realice la diligencia. Por razones de seguridad, el juez suspendió la diligencia porque los ocupantes precarios estaban manipulando balones de gas. Sin embargo, apenas un día después y en todos estos días, el local que es un Chifa reabrió sus puertas y siguió atendiendo con absoluta desfachatez. Esto deja un peligroso mensaje que nos dice que el violador de la ley, quien transgrede las normas y se impone con malas artes sale ganando. La justicia tiene que hacerse respetar, no puede ser posible que ocupantes precarios que no pagan hace cinco años, como lo declaró el propietario, se burlen de esta manera de la justicia y de la opinión pública en general.