La Sala Penal de Apelaciones ha dispuesto que el Fiscal Provincial proceda a formular su requisitoria escrita en contra del ex Jefe de Defensa Civil, Juan Carlos Cam Bernuy y el empleado municipal Juan Bojórquez Vera, quienes se encuentran procesados por delito de corrupción de funcionarios en la modalidad de cohecho pasivo.
La instancia superior ha tomado esta decisión al declarar infundada la apelación formulada tanto por la defensa técnica de los investigados como por el Fiscal Provincial, quienes habían arribado a un acuerdo de terminación anticipada, de tal suerte que se disminuya considerablemente la pena a imponerse a partir de la admisión de sus culpas.
En realidad, la suerte de los investigados estaba echada desde el momento mismo que el Juez de Investigación preparatoria Jorge Chávez Miranda desaprobó este acuerdo entre los investigados y el Ministerio Público, no aceptó que concluida la investigación decidieran aceptar los cargos y someterse a un procedimiento que los beneficia cuando existen todas las pruebas que los incriminan y no demostraron voluntad alguna de colaborar en el momento que era oportuno.
Con la decisión del juez en apelación, fue el Fiscal Superior el que selló la pretensión al desistirse de la apelación formulada y señalar que era necesario que se lleve este caso a juicio oral y en esa instancia se meritúen las sanciones a imponerse, criterio que fue compartido por los miembros de la Sala Penal en la medida que advirtieron que los investigados solo aceptaron su responsabilidad cuando aparecieron los audios en los cuales se comprueba su responsabilidad penal.
Como se recuerda, estos hechos se remontan a Junio del año pasado, cuando el propietario de una discoteca denunció públicamente al entonces Jefe de Defensa Civil, Juan Carlos Cam Bernuy quien lo venía extorsionando por intermedio de un servidor municipal con la finalidad de entregarle una suma de dinero a cambio de la expedición del certificado de defensa civil que requería su local, de no acceder sencillamente sería clausurado.
El caso generó un mayúsculo escándalo en la medida que el funcionario formaba parte del entorno de la alcaldesa provincial Victoria Espinoza García, quien de inmediato lo destituyó del cargo y fue la Procuraduría Pública quien recogió la denuncia periodística para formular cargos ante el Ministerio Público.
Hasta ese momento los investigados no aceptaban su responsabilidad, empero, la alcaldesa reconocía la voz de su funcionario, por ello lo separó de inmediato cuando lo que correspondía era que disponga que la oficina de asesoría legal o procuraduría municipal, como se le conoce ahora, formule la correspondiente denuncia penal.
Lo cierto es que solo después de la difusión de estos hechos la Fiscalía procede legalmente a iniciar una investigación preliminar en la que se consiguieron recopilar todas las pruebas necesarias, tanto así que no solo los denunciados terminaron por aceptar que era su voz la que se escucha en los audios y, asimismo, que apareció otro agraviado que fue conminado con la misma modalidad, sino que se realizó una pericia fonética en la que se confirmó que, efectivamente, los empleados municipales estaban utilizando el cargo para exigir el pago de coimas a los empresarios.
Sin embargo, cuando se pensaba que el Fiscal Provincial procedería a formular su acusación, sorpresivamente solicitó al Juez una audiencia pública porque había arribado con los denunciados y su defensa técnica a un acuerdo de conclusión anticipada, de tal suerte que se abstendrían de ir a juicio al admitir los delitos que se les imputa.
Sin embargo, todos menos el Fiscal, eran conscientes que ya no existía necesidad de probar nada, que todas las pruebas se habían efectuado y que la admisión de culpas de los investigados resultaba extemporánea, no concilia con el espíritu de la norma procesal que apela a la colaboración del imputado con la administración de justicia y eliminar la necesidad de llevar adelante una pesquisa.
En conclusión, el Fiscal deberá formular una requisitoria escrita y el caso debe llegar finalmente al banquillo de los acusados, empero, la diferencia es que el Ministerio Publico tendrá que solicitar una pena efectiva y es muy posible que ella se trasforme en una condena que llevaría a los ex funcionarios al penal de Cambio Puente. Solo el tiempo nos dirá lo que sucederá, empero, a juzgar por lo que viene ocurriendo ese es un camino inevitable que tendrán que asumir los ex empleados ediles por abusar y delinquir en el cargo.
REPULSIVO ACCIONAR
El Subprefecto de Nuevo Chimbote, Milton Pinedo Ignacio, ha mostrado a la Policía las amenazas que ha recibido en su oficina y en su domicilio por parte de presuntos traficantes de tierras que le exigen que deje de formular denuncias contra esta actividad porque atentarían contra su vida y su familia.,
Visiblemente contrariado y acompañado del alcalde sureño, Valentín Fernández Bazán, la autoridad política llegó a la Jefatura de la División Policial con la finalidad de demandar el respaldo y seguridad al Coronel Juan Martínez, en la medida que esta actividad delictiva ha cobrado mucho espacio en el cono sur.
Justamente, así como el Juez de Paz de Nuevo Chimbote acogió las denuncias de los pobladores que eran despojados de sus lotes de terrenos por delincuentes que los amenazan o sencillamente los echan de los ranchos que ya han establecido, el Subprefecto dio trámite a los pedidos de garantías y advirtió a las autoridades de la actividad delictiva que se estaba gestando en las invasiones del cono sur.
Lamentablemente, organizaciones criminales han tomado por asalto las invasiones sureñas, han llegado a asesinar a dirigentes vecinales como ocurrió en el A. H. “Joselyn Álvarez” y cuentan con abogados, malos policías, notarios y todo un engranaje que les permite acceder a documentos con los cuales trafican con terrenos que no les pertenece. No se tiene que esperar que se cobre una vida más, las autoridades policiales y judiciales deben reaccionar ante lo que sucede en Nuevo Chimbote, el tráfico de terrenos tiene que ser erradicado.