Dos investigaciones que se siguen contra los ex funcionarios del gobierno regional de Ancash han superado la fase preliminar y se ha iniciado la investigación preparatoria, es decir, se han judicializado y, por ende, todas las pesquisas que se realicen a partir de la fecha tendrán el control del Juzgado Penal correspondiente.
Se trata de dos casos que quedaron del rezago de lo que se ha denominado como la red criminal de Ancash, referidos al contubernio típico y característico de la corrupción por el cual se aseguraban y garantizaban las adjudicaciones de obra con el consabido pago del diezmo de por medio.
Uno de ellos es el relacionado a la obra de la avenida industrial, un millonario proyecto de casi 40 millones de soles en el cual no solo se detectaron manejos turbios y oscuros en el acto de licitación para favorecer al consorcio ganador sino que existen declaraciones de colaboradores eficaces en la carpeta del caso “La Centralita”, en la cual se afirma que los empresarios desembolsaron nada menos que cuatro millones de soles como diezmo para poder adjudicarse la obra.
Lo que no se puede perder de vista es que este caso fue archivado hace años atrás, cuando estaba en todo su apogeo la red criminal de Ancash y cuando fiscales y jueces se prestaron al juego de la corrupción, cuando existía una red de impunidad que impedía que las denuncias sigan su trámite.
Esto le permitió al ex presidente regional César Álvarez Aguilar, esgrimir permanentemente su conocido discurso en el cual levantaba las manos y decía que las tenía limpias, que no tenía denuncias ni juicios pendientes, cuando en realidad se había tejido toda una organización que en base a coimas impedía que las denuncias avancen.
Por ello es que las innumerables denuncias que formularon los medios de comunicación independientes y que fueron recogidas por algunos Fiscales, terminaron siendo groseramente archivadas por gente que estaba incentivadas para encubrir los actos de corrupción y el caso de la avenida industrial es uno de esos que resulta siendo un himno a la impunidad, como el Coliseo Cerrado.
Y es que esta es una de las obras que sacó más canas a la población, permaneció abandonada en varios tramos y al finalizar se entregó una millonaria obra que para cualquier profesional de la ingeniería resulta inconcebible que termine costando tanto como le ha costado al erario regional.
Por ello es que debería investigarse como se concretó, los costos en función a lo que se ha hecho y al expediente técnico y eso es lo que se ordenó desde la Fiscalía de la Nación tras revisarse el archivo de la denuncia y detectarse que los “fiscales archivadores” había enviado al tacho de la basura esta carpeta sin realizar diligencias elementales para establecer la comisión de delitos.
Muchas de estas diligencias ya se han cumplido, como solo el análisis a nivel de auditoría que pudo efectuarlo la contraloría general de la república, así como las pericias de ingeniería que permitirán establecer la valorización de esta obra y los pagos que se hicieron, de tal suerte que las diligencias a nivel de investigación preliminar han establecido que se ha inflado en un millón medio los costos de la obra, al margen de las irregularidades en el proceso de selección y los cargos por el millonario pago de diezmos.
Así como esta obra, en la que se encuentra involucrado el presidente regional y altos ex funcionarios de su gestión, así como empresarios que se hicieron millonarios con la adjudicación de esta y muchas otras obras y ahora deben responder ante la ley cómo es que consiguieron este privilegio y como se hicieron estas obras con sumas sobredimensionadas.
Pero así como esta obra, hace poco otra Fiscalía anticorrupción ha judicializado otra investigación relacionada con una millonaria obra que generó, en su momento, todo un escándalo y derivó en hechos de sangre que no pueden asumirse solo como una mera coincidencia.
Nos estamos refiriendo a la Red Vial de Moro, la carretera de Nepeña-Moro-Pamparomás que se ejecutó nada menos que por 102 millones de soles, la cual no fue una obra de infraestructura sino solo una obra de mejoramiento pero que, pese a ello, se hicieron pagos siderales y jamás vistos en todo el país.
Esta obra de mantenimiento fue valorizada en 99 millones de soles y la supervisión en poco más de 3 millones de soles, en consecuencia, se pagaron más de 100 millones de soles por una obra que fue solo un descarado maquillaje que sirvió para justificar el egreso de dinero y el pago de coimas y sobornos a los ex funcionarios.
Esto fue denunciado en su momento por el extinto consejero regional Ezequiel Nolasco Campos y por el entonces dirigente de construcción civil Jorge Paredes Boyascky, ambos llevaron a periodistas que publicaron en nuestros medios como es que se había ejecutado esta obra de manera absolutamente irregular y con el pago de millonarias cifras que dejaron muchísimo que desear.
Lo curioso es que apenas unos meses después de haber hecho estas denuncias Jorge Boyascky fue asesinado en una emboscada en el centro de la ciudad, sin que se conozca realmente el móvil de este crimen y maquillado por el hecho que el occiso tenía diferencias con otros sujetos de laya delincuencial.
Posteriormente, fue asesinado Ezequiel Nolasco, quien se había convertido en un elemento muy incómodo para los objetivos políticos de la red de corrupción en Áncash y se convertiría en el verdadero cancerbero de sus pretensiones de reelegirse en el cargo.
Es importante que el Ministerio Público haya rescatado del archivo dos casos que tienen connotaciones penales pero que representaron en su momento el verdadero rostro de la impunidad y la vigencia de la corrupción a nivel regional. Ahora es el turno del Poder Judicial, esperemos que dentro de los plazos que establece la ley se concluya con todas las diligencias y se dicten los apremios que ella determina para la sanción a los que pretendieron llevarse en peso el erario regional. Es una fase decisiva que debe consolidar todas las diligencias que ya se han avanzado hasta el momento.