El ex decano del Colegio de Ingenieros, Hugo Rojas Rubio, se ha visto involucrado en una serie de procesos penales como consecuencia de su azaroso paso por la administración regional encabezada por el hoy encarcelado ex presidente regional César Álvarez Aguilar, en el período denominado como red de corrupción o red criminal.
Esta secuela de contingencias judiciales muchos la vaticinamos en esos mismos años, cuando pocos entendían como un profesional de la catadura del ex decano del gremio profesional de Ingenieros se haya podido vincular con un gobierno que ya para entonces daba muestras de su inclinación por la corrupción en el manejo de los recursos públicos.
Hoy en día su trajín por los pasillos judiciales nos dan la razón sobre la prematura proyección que se hiciera por entonces, sin embargo, en medio de estas contingencias que se dilucidan en los pasillos judiciales por los juicios a los denominados “comandos”, existe otro proceso penal que compromete seriamente al citado profesional por un hecho que nada tiene que ver con ese escenario cargado de suspicacias de la denominada gestión “amarilla”, ello porque a la fecha debe atender un juicio en el que se investiga su desempeño como funcionario de la Universidad Nacional del Santa.
Nos referimos al proceso penal que se le inició hace ya algunos años atrás cuando se reveló públicamente la existencia de un audio en el cual se le escuchaba en tratos deshonestos con un empresario para que lo beneficie con la adjudicación de un proyecto financiado con los recursos del canon de la mencionada casa universitaria, consistente en la construcción de un pool de aulas universitarias.
En aquella oportunidad, la revelación publica de la existencia del audio dio lugar a la intervención de oficio del Ministerio Público que decidió iniciar una investigación que, por motivos que nadie conoce, se prolongó en el tiempo y los periodistas encontraron nuevamente el caso cuando ya se había formulado acusación y se estaba convocando al juicio oral, instancia en la que actualmente se encuentra.
Sin embargo, a estas alturas las pruebas que incriminan al ex decano ya no se limitan únicamente a la existencia de un audio, sino que uno de los investigados ha decidido colaborar con la justicia, acogerse al beneficio procesal de la conclusión anticipada y ha aceptado su culpabilidad en los hechos para hacerse merecedor a una pena más benigna a cambio de la aportación de pruebas que permitan dilucidar los hechos.
Se trata del empresario Rowin Zeñas Pérez, cuya decisión de someterse a la justicia ya la hemos comentado en este mismo espacio, empero, la semana pasada, tras haber sido ya condenado a una pena condicional, se ha incorporado nuevamente a este proceso en calidad de testigo y como tal ha revelado la manera cómo es que concertó no solo con el ex decano sino con el ex vice rector de la Universidad, Víctor Castro Zavaleta, quien fue el que hizo el contacto para que se llegue a esta negociación.
Este testigo ha revelado la semana pasada “con pelo y señales” la manera como concertaron con el ex decano Hugo Rojas los pagos para que se le garantice la adjudicación de la obra, en otras palabras, acordaron la entrega de diezmos para hacerse de la buena pro, así como señaló a quienes y en donde entregó los 30 mil soles que serían para los miembros del comité a efectos que se le adjudique la obra.
Lo que ocurre es que algo falló en el proceso de selección, pese a que el Ingeniero Hugo Rojas Rubio le aseguró que él era el especialista y por ello se merecía una coima mayor, finalmente el proceso fue declarado desierto y no se le adjudicó nada al empresario a pesar de haber pagado para ello, inclusive, éste ha revelado que el ex decano accedió a devolverle los diezmos pero solo lo hizo en un porcentaje poco mayor al 50%.
Este caso ha ingresado ya a su fase final, seguramente la Juez que tiene a su cargo este juicio oral recibirá en el curso de estas semanas las declaraciones de los demás involucrados y debe estar sentenciado en breve. La situación del ex decano es delicada pues este revelador testimonio lo ha puesto a merced de una condena ante la actuación del Ministerio Público que le pide 6 años de cárcel. Veremos qué suerte corre.
MERECIDO CASTIGO
Casi inadvertida ha pasado una información que dio cuenta de la confirmación de una sentencia dictada contra un comercializador de pescado que fue sorprendido, hace dos años atrás, con una carga de más de dos toneladas de bonito que se encontraba con tallas por debajo del mínimo permitido.
La captura y venta de especies juveniles debería ser sancionada con todo el peso de la ley en la medida que esta actividad solo genera la depredación y extinción de las especies, no solo atenta contra la fauna marina sino que perjudica seriamente a una actividad económica sumamente importante como es la pesca artesanal.
Sin embargo, en nuestro puerto no se suele actuar con mano dura contra quienes se dedican a esta actividad, de allí que nos ha sorprendido sobremanera que la Corte del Santa haya expedido, por fin, una condena a una persona que fue sorprendida comercializando un cargamento de pescado que estaba por debajo de las tallas autorizadas.
Empero, basta darse una vuelta por todos los mercados de la ciudad para advertir que los comerciantes suelen filetear pescados en tallas mínimas como el caso de la cabrilla, el camotillo y otras especies de tallas mínimas que son fileteadas y destinadas a la preparación de cebiche.
En esos casos si hay una depredación de las especies, se atenta contra el crecimiento que requieren estos pescados para los efectos de coadyuvar a la alimentación popular, de allí que el hecho que se haya condenado a un comercializador de pescado deja un apreciable margen para pensar que otros deben ser igualmente denunciados y procesados para recibir un merecido castigo porque, cierto es, hay una depredación inclemente de las especies. Esperemos que con este precedente los exterminadores cedan en sus actividades.