Cuando la incomodidad de los miembros del Ministerio Público de Chimbote no se disipaba por el hecho que el procurador anticorrupción había osado demandar el control de plazo en más de medio centenar de carpetas fiscales que correspondía a investigaciones preliminares que se hallaban con plazo vencido, otra información procedente del Juzgado especializado en casos de corrupción de funcionarios y lavado de activos señalaba que también una cantidad similar de investigaciones preparatorias se hallaba en la misma y precaria condición procesal.
El Juez Eudosio Escalante Arroyo confirmó a nuestro medio de comunicación que no solo las investigaciones preliminares que estaban en poder de las fiscalías anticorrupción habían caído en un hoyo procesal sino que también las investigaciones preparatorias, es decir aquellas que corresponden a casos que ya están judicializados, se encontraban con los plazos agotados y existía la necesidad que los representantes del Ministerio Público se pronuncien.
En efecto, si en el caso de las pesquisas preliminares los Fiscales anticorrupción vienen siendo emplazados por el Juez, vía control de plazos, a que se pronuncien respecto a esas carpetas fiscales, sea disponiendo la continuación de la investigación preparatoria o el archivo de la denuncia, en el caso de las investigaciones preparatorias ha sido el propio Juez quien de oficio ha ordenado que se tome una decisión al respecto, sea formulando un requerimiento acusatorio o demandando el sobreseimiento de la causa.
Si esto es así, si hacemos una sencilla operación matemática propia del primer grado de instrucción, podemos colegir que los fiscales anticorrupción se encuentran en una verdadera encrucijada, deben estar trabajando a doble tiempo porque de lo contrario perderán indefectiblemente todos los casos que están bajo su responsabilidad.
Ahora bien, si la Presidenta de la Junta de Fiscales se enfureció cuando el procurador anticorrupción demandó el control de plazo de las carpetas fiscales que tenían las investigaciones preliminares con plazos vencidos, ya no dijo nada cuando el Juez de oficio comenzó a emplazar a los fiscales a que se pronuncien respecto a más de medio centenar de expedientes que tenían las investigaciones preparatorias vencidas.
Habría que preguntarnos ¿Qué es lo que está pasando en algunas fiscalías anticorrupción? ¿Por qué han llegado a esta situación en la que se ven emplazados para poder emitir el pronunciamiento que la ley los obliga? ¿Por qué han dejado que muchas investigaciones queden en precario estado al haberse extendido el plazo más allá de uno, dos y hasta tres años? ¿Por qué no hicieron el pedido de ampliación o se pronunciaron sobre el fondo de la pesquisa en su debida oportunidad?
Estas preguntas tendrán que responderlas los fiscales ente la máxima autoridad del Ministerio Público de Santa, los únicos responsables que se haya llegado a esta situación son los encargados de cada una de las fiscalías, son ellos los que llevan el control de los plazos y quienes deben impulsar las investigaciones demandando que se actúen las pruebas en su momento y en la debida oportunidad.
Lo que es más delicado aun, es que la propia procuraduría les advirtió hace algunos meses que las carpetas estaban quedando abandonadas y con los plazos agotados, empero, tampoco hicieron absolutamente nada, lo que para cualquiera que revise esta situación le puede parecer que existe relajo, aun cuando en estos casos existen muchos otros factores que han conspirado para que los fiscales queden muy mal parados.
Los magistrados de los juzgados anticorrupción han debido suspender todas sus diligencias hace poco más de una semana debido a un curso de capacitación al cual han sido convocados, por ello es que no se han programado audiencias, lo que significa que los Fiscales tienen tiempo para poder emitir sus pronunciamientos en cada una de las carpetas a efectos de evitar que ellas tengan que archivarse por falta de actividad procesal.
Esperemos que en el Ministerio Público dejen de lado esa necia actitud de buscar “chivos expiatorios”, de estar indagando quien los puso al descubierto, lo que se requiere es que los magistrados en falta, aquellos que están atrasados, hagan un “mea culpa” y reaccionen frente al preocupante escenario en el que se encuentran para poder sustentar ante los jueces cada una de sus acusaciones. Lo que no deben permitir es que las investigaciones se archiven por deficiencia en la investigación.
URGENTE MEDIDA
El Ministerio de Justicia podría declarar en emergencia el Establecimiento Penal de Cambio Puente en el curso de los próximos días, a efectos de tomar medidas inmediatas para superar las serias deficiencias que presenta.
Así lo dio a conocer en nuestra ciudad la Vice Ministra de este portafolio, Gisela Vignolo Huamaní, quien visitó muestro puerto la semana pasada con la finalidad de inaugurar los nuevos ambientes que tiene el programa ALEGRA que forma parte del Ministerio de Justicia y que está dedicado a brindar atención legal gratuita a las personas vulnerables.
La alta funcionaria señaló que será la Ministra de Justicia, Dra. Marisol Pérez Tello, quien emitirá un pronunciamiento no solo respecto al Penal de Cambio Puente, sino de muchos otros en el país que se encuentran en la misma condición.
Preciosamente, la visita que realizó a Chimbote ha servido a la Vice Ministra Vignolo Huamaní para efectuar una visita al Penal de Cambio Puente y observar el estado de hacinamiento en el que se encuentra y las serias deficiencias alimentarias, que fueron los factores que más le llamaron la atención.
A decir de la funcionaria, existe todo un plan para reactivar muchos penales, todo ello redunda, indudablemente, en la inyección presupuestal que pueda otorgar el gobierno, se sabe que en el periodo anterior se ignoró este sector y por ello las carencias y deficiencias en los Penales del país se han incrementado. Esperemos que esta declaratoria de emergencia se haga lo más pronto posible.