Editorial

FISCALÍA EN APUROS

El Fiscal de la Nación. Pablo Sánchez Velarde, retornó a Chimbote una vez más con la finalidad de reunirse con las principales autoridades del distrito fiscal del Santa y conocer en el mismo lugar de los hechos las carencias, las preocupaciones y los principales problemas que afrontan las diferentes dependencias dedicadas a la persecución del delito.

Por lo menos esto es lo que dijo a la prensa y lo que representa en el protocolo un desplazamiento que ni deja de llamar la atención por lo sorpresivo y repentino, una suerte de visita inopinada que, antes que a los medios de comunicación, debe haber sobrecogido a los propios magistrados del Ministerio Público del Santa.

Sin embargo, aun cuando se trate de otorgarle a esta visita el cariz de regular o programada, en realidad la presencia de la máxima autoridad del Ministerio Público en nuestra ciudad se cae por su propio peso y dice por si sola la preocupación que debe generar a los más altos niveles de esta institución por lo que viene ocurriendo en Chimbote.

Y es que la reciente intervención de un equipo de auditores de la sede central del Ministerio Público y de fiscales anticorrupción llegados de la capital de la república en la oficina de administración del distrito fiscal del Santa dice por sí sola de una acción firme y decidida para cortar vestigios de corrupción que se han perpetrado en esta dependencia.

Aun cuando la labor de estos magistrados suele ser muy reservada, los medios de comunicación han podido tomar conocimiento que se han registrado una serie de malos manejos en la adquisición de servicios que pasan por los pagos por servicios fantasmas como la sobrevalorización de los costos en trabajos contratados.

Esto es bastante delicado en la medida que importa la presunta comisión de delitos sancionados por la ley, y, todo indica que los interventores han hallado suficiente material probatorio que se han llevado en ocho cajas a la capital de la república, y como consecuencia de ello el Fiscal de la Nación ha anunciado la destitución del Administrador Gino Reyes Roggero, a quien asumimos denunciarán en caso se tenga las evidencias de los malos manejos que se han descubierto.

Esto no puede sino dejar una mala espina a los Chimbotanos en la medida que un alto porcentaje de ciudadanos ha depositado toda su confianza en las actuales autoridades del Ministerio Público, respiramos tranquilos cuando esta entidad fue virtualmente despojada de las marañas de la red de corrupción de Áncash y cuando defenestraron al ex Fiscal Superior Decano Dante Farro Murillo quien, a la sazón, se encuentra preso en Lima.

Ello porque existe la necesidad de hacer frente a la corrupción a partir de autoridades y funcionarios que demuestren su absoluta voluntad de luchar contra este flagelo, que pongan de manifiesto su intención de erradicarla, para ello era necesario contar con un Ministerio Público que respire honestidad y transparencia por todos sus poros, tanto así que la presencia de la Fiscal Superior Nancy Moreno Rivera, le dio esa tranquilidad al ciudadano común y corriente.

Empero, ahora tomamos conocimiento que en la Fiscalía se estaban cometiendo hechos del mismo calibre delincuencial de aquellos que se denunciaron en la época de la red de corrupción, se estaban birlando los recursos de la institución con las mismas prácticas delincuenciales perpetradas por aquellos a los que el Ministerio Publico acusa en los estrados judiciales.

Esto es preocupante porque muchos podrían preguntarse ¿con que autoridad moral puede un Ministerio Público acusar a César Álvarez y compañía, de corrupción si alberga a gente de la misma calaña y que no ha tenido reparos en aprovecharse de los presupuestos institucionales a través de los manejos turbios en las compras y contratación de servicios?

Nos imaginamos que esta es la miasma pregunta que se hizo el Fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde antes de decidir su viaje a Chimbote para conocer lo que está sucediendo en un distrito fiscal en donde, aparentemente, las cosas parecen habérsele ido de las manos a quienes conducen los hilos de esta entidad.

Ello porque no se trata solo de los manejos turbios y delincuenciales que se han registrado en  el área administrativa del Ministerio Público de Chimbote, sino de una serie de falencias y precariedades que en materia jurisdiccional están dejando mucho que desear respecto al rol que cumple el Ministerio Público.

Hace solo unos días un Juez debió censurar públicamente la ausencia del Fiscal Anticorrupción, Javier Saravia sin que tenga la delicadeza de justificar su ausencia, frustrando de esta manera la audiencia, actitud similar que antes se ha visto en otros Fiscales, como Carlos Zarate Medina o la Dra. Karla Zuloaga Pajuelo.

Pero además de ello, los medios de comunicación hemos sido testigos de la forma como los requerimientos acusatorios y las disposiciones de los fiscales son vapuleadas en audiencia, son devueltas para que se corrijan defectos y hasta dieron lugar a discusiones airadas en el seno de las audiencias, en una de las cuales se separó al Fiscal del proceso por su empecinada manera de sostener una idea equivocada dentro del juicio oral.

No sabemos si al Fiscal de la Nación le informaron la delicada situación quien debieron hacer frente las fiscalías anticorrupción debido a una impresionante acumulación de expedientes que tenían los plazos vencidos y no contaban con pronunciamientos de los magistrados, existiendo el riesgo que muchos de estos casos queden en la impunidad, escenario que solo puede ser generado por la falta de celo funcional por parte de los magistrados a cago de esas carpetas.

Esperemos que la presencia del Fiscal de la Nación resulte providencial para el Ministerio Público del Santa, son muchas las falencias que se han advertido en las últimas semanas y preocupa la manera como se afronta la lucha contra la corrupción, peor aun cuando nos encontramos con prácticas delictivas promovidas al interior del área administrativa de la institución. Es evidente que el ilustre visitante ha encontrado una Fiscalía en apuros y debe haber llegado a la conclusión que se deben adoptar urgentes correctivos para impedir que el caos y la improvisación sigan llevándola al despeñadero. Confiamos que el buen ojo del Dr. Pablo Sánchez Velarde pueda aliviar esta situación en las Fiscalías de Chimbote.