Finalmente, la Sala Penal permanente de la Corte Suprema, con voto dirimente, dispuso que el ex presidente regional César Álvarez Aguilar, sea sometido a juicio oral en el escandaloso caso de la elaboración del proyecto SISA, la presunta sobrevalorización de un perfil que pudo costarle al erario público cincuenta veces menos de lo que se pagó.
Esta decisión se adoptó el último viernes cuando la máxima instancia jurisdiccional dio a conocer la sentencia final en la casación que se había formulado en el trámite del incidente de excepción de Improcedencia de Acción que en doble instancia había resultado favorable al encarcelado ex titular de Ancash en la Corte Superior del Santa.
En efecto, tanto el juzgado penal como la Sala Penal en Chimbote habían resuelto de manera favorable a la excepción formulada por los abogados del ex presidente regional, en resoluciones que fueron cuestionadas por que se expidieron en los tiempos de la red de corrupción, cuando la justicia estaba sometida al poder político en Ancash.
Por ello es que el caso fue llevado a la última instancia jurisdiccional de la Corte Suprema por el Ministerio Publico en la medida que los hechos tienen contenido penal y merecen ser investigados en la vía judicial, tanto así que los otros funcionarios involucrados en este caso, ya cuentan con una acusación y deben ser sometidos al juicio oral.
Precisamente, estos acusados no han podido sentarse aun en el banquillo de los acusados en razón que la excepción formulada por César Álvarez no se resolvía en la Corte Suprema y no se podía seguir adelante en la medida que si la casación era favorable tendría que incluirse al ex titular de Áncash en el juicio oral., de lo contrario, si hubiese sido declarada improcedente se habría archivado el proceso respecto a aquel y se continuaba con el juicio oral contra los otros acusados.
El problema radicaba en el hecho que la Corte Suprema tenía ya dos años el incidente de marras, había llevado a cabo la vista de la causa y se resolvió sin los votos necesarios para hacer resolución, pues tres vocales supremos votaron para que se confirme la excepción y se archive el proceso penal respecto de César Álvarez y los otros dos no estuvieron de acuerdo y se pronunciaron por la continuación del juicio.Â
Por ello fue necesario convocar a un juez supremo dirimente a efectos que permita hacer la mayoría legal y el elegido fue el Vocal César Hnistroza Pariachi, quien tras escuchar la ponencias del abogado y del Ministerio Público, decidió sumarse a los dos votos de sus colegas que consideraban que el amparo de la excepción no estaba arreglada a derecho y se pronunció porque se declare fundada la casación.Â
Con esta votación igualada en tres fue necesario convocar a un segundo dirimente y el encargo recayó en el Juez Supremo Hugo Príncipe Trujillo, quien es el que se ha pronunciado recientemente y su voto ha permitido emitir una sentencia que es ejecutoria suprema y que se suma a la última votación, por lo que se “volteó la tortilla” a los abogados de César Álvarez y ahora deberá ser sometido a juicio oral junto a los otros acusados en el caso del perfil SISA, deberá concedérsele el derecho a la defensa y tendrá que ser acusado o eximido de responsabilidad en su momento, entretanto, el juicio oral de los demás acusados deberá seguir a la espera que la fase procesal se equipare.
Menudo problema para el inquilino de “Piedras Gordas” que suma de esta manera un nuevo juicio oral a su ya amplio prontuario judicial que incluye casos emblemáticos como de los otros que no han generado mayor expectativa pero que tienen, como todos, las mismas consecuencias legales y apremios que determina la ley.
Para muchos esta decisión no debería llamar la atención en la medida que quienes han seguido este caso desde sus orígenes podrán colegir que se trata de una delicada denuncia que expone los recursos de la institución a través de procedimientos manidos que fueron característicos en la gestión de César Álvarez en el gobierno regional y su predominio en el proyecto especial Chinecas.
Muchos deben recordar que esto nace de una advertencia del entonces ex director ejecutivo del proyecto Chinecas, el extinto Ingeniero Alberto Alfaro Beltrán, quien al tomar conocimiento que se estaba licitando los estudios de un perfil para el diseño final de Chinecas, reveló que esto era innecesario en la medida que existían estudios elaborados por empresas transnacionales que solo requerían de una actualización de costos para que puedan ser utilizados.
En ese entonces el Ingeniero Alfaro advirtió que esto solo requería de una inversión de 120 mil soles y ya se podría tener los estudios a nivel de perfil totalmente listos, sin embargo, en ese entonces nadie tenía la intención de actualizar nada, lo que les interesaba eran jugosas licitaciones en las cuales se manejan, como ha sido evidente, el pago de diezmos que han llenado los bolsillos de mucha gente.
Por ello es que se terminó licitando y adjudicando la buena pro a la empresa SISA por poco más de cinco millones de soles, es decir casi cincuenta veces más de lo que el ex director de Chinecas aseguraba que se necesitaba para actualizar los estudios que estaban en los archivos y almacenes del proyecto irrigador.
Finalmente se optó por licitar y hubo muchas manos que se quedaron con una jugosa comisión, peor aun cuando el perfil elaborado por SISA resultó siendo un mamotreto que no sirvió para nada y el Ministerio de Economía y Finanzas ha debido mutilarlo y modificarlo para que pueda ser declarado viable.
Es evidente que frente a maniobras que han dejado una estela de suspicacias y en las cuales están en juego los millonarios presupuestos de Chinecas., se requiere que se investigue a fondo, que se determine la naturaleza de una licitación millonaria cuando no había razón de ello y eso solo puede evaluarse y merituarse en el marco de un proceso jurisdiccional, no puede calificarse a mérito de una excepción porque no se discute la tipificación del delito sino el comportamiento punitivo de los investigados.Â
En tal sentido, es evidente que la Sala Penal de la Corte Suprema ha enmendado errores y ha desestimado la excepción para que se juzgue a César Álvarez junto a los demás ex funcionarios. Solo así se podrá saber a ciencia cierta cuan involucrado estuvo el ex presidente regional en este enjuague conocido como caso SISA.