No se quebró. El emblemático juicio oral de las fotopapeletas Zaikafer se instaló ayer pero solo para ser reprogramado, pues resultaba imposible continuar con el mismo, en la medida que el imputado Luis Arroyo Rojas no pudo participar de la diligencia por vía teleconferencia desde el Penal de Piedras Gordas, por la huelga judicial.
Por esa razón, ayer se cumplió con la formalidad de instalar la audiencia y la Jueza Patricia Peralta Gambini, quien había reemplazado por licencia al Juez Efer Díaz Uriarte, optó por reprogramar la misma para el miércoles 4 de enero a las 10 de la mañana, estimándose que para esa fecha la huelga judicial ya debe haber concluido.
Acudieron ayer a la continuación del juicio oral, los ocho investigados en libertad en este proceso y sus respectivos abogados, quienes se mostraron conformes con la reprogramación de la audiencia. Quien no concurrió porque no fue notificada por la huelga judicial, fue la testigo Teresa Núñez, exjefe de logística de la Municipalidad quien deberá ser sometida al interrogatorio del Ministerio Público.
El Fiscal Laureano Añanca Chumbe acudió en representación del Ministerio Público, pues el Fiscal que investigó el caso, Mario Muñoz Villanueva, ya se encuentra en la Fiscalía de Cabana a donde fue derivado, tras renunciar al no tener el apoyo logístico ni de personal por parte de la Fiscal Superior Decana, Nancy Moreno Rivera.
En este juicio oral, la Fiscalía Anticorrupción del Santa procesa al ex- Alcalde, Luis Arroyo Rojas, ocho regidores, una ex- funcionaria de la comuna provincial y a la dueña de la empresa de fotopapeletas Zaikafer por el delito contra la administración pública en la modalidad de colusión en agravio del Estado y de la propia comuna provincial del Santa.
Los ocho investigados con una propuesta de 4 años y 10 meses de pena privativa de la libertad efectiva son el ex- alcalde Luis Arroyo Rojas; los exregidores Alberto Enriquez Namay (ex alcalde provisional), Uldarico Víctor Llanos Muñoz, Oswaldo Víctor Ávalos Angulo, Henry Alberto Torres Romero, Norberto Wilfredo Aguilar Carranza, Carlos Lynch y Katherine Aurora Moreno Alzamora.
La misma pena se ha solicitado para la ex- funcionaria Jefa de Rentas, Carmen Zenaida Villanueva Costa y en cuanto a la exregidora Adela Minerva Vásquez Córdova, menor de 21 años al momento de la presunta comisión del delito, se le solicitó 3 años de pena privativa de la libertad efectiva.
Para Zaida Karina Fernández Morales, representante legal de Zaikafer, en calidad de cómplice primario, se le ha solicitado 4 años y 8 meses de pena privativa de la libertad efectiva.
La acusación fiscal señala que el ex- alcalde, los exregidores y la ex- funcionaria se coludieron con la representante de la empresa Zaikafer para favorecerla con la contratación ilegal del servicio de fotopapeletas, sin realizar alguna licitación pública, sino únicamente con el acuerdo de concejo de fecha 30 de marzo del año 2012.
Por su parte, los investigados se defienden señalando que no hubo tal acuerdo, que en la sesión de concejo solo se aprobó autorizar al Municipio a licitar dicho servicio, pero fue un error de la entonces secretaria general Liz Muñoz Beteta la que insertó en el acuerdo, la contratación directa de la empresa Zaikafer.
