Desde ya hace ya más de una década, se dictaron leyes y normas legales que establecieron las obligaciones de las empresas del sector pesquero del país que buscaban terminar o por lo menos atenuar la criminal contaminación que han generado en largos años en el mar como consecuencia de la evacuación de los restos de su actividad industrial.
Estas obligaciones se deberían de cumplir en un plazo máximo de cuatro años, empero, gracias a la presencia de los conocidos “lobbys” y de las influencias de empresarios que saben “como compensar” a nuestros legisladores, ese plazo se fue extendiendo una y otra vez, hasta que hace dos o tres años atrás llegó a su límite.
Las empresas pesqueras deberían contar no solo con un sistema de evacuación de sus desperdicios mar afuera sino que deberían contar con un sistema de tratamiento en sus propias plantas pesqueras a efectos de mitigar los niveles de contaminación de los restos que se lanzarán hacia el mar.
En otras palabras, lo que se exige es que las empresas pesqueras no solo deben estar conectadas a un emisor submarino que traslade las aguas residuales a varios kilómetros de la orilla de la bahía de Chimbote, sino que deben tener un sistema de tratamiento previo para que esos efluentes no tengan los efectos nocivos que se conocen.
La mayoría de empresas pesqueras se anotó en este esfuerzo realizado a través de APROFERROL en la construcción e instalación del emisor submarino, sistema de evacuación industrial que se puso en marcha hace poco más de un año, sin embargo, se sabe de manera oficial que un grupo de empresas pesqueras, esas que están acostumbradas a sacarle la vuelta a la ley y que no quieren invertir para mejorar sus sistemas de producción porque solo están acostumbradas a ganar dinero sin importarle un pepino la suerte de los demás, se negaron a formar parte de este sistema y siguieron trabajando en la misma manera tradicional y venenosa manera que tuvieron desde que se crearon.
Esto no ha sido un secreto en Chimbote, hay entidades como la gerencia de salud ambiental de la Municipalidad Provincial del santa que ha constatado este hecho, en alguna oportunidad clausuró temporalmente la empresa pesquera GAMMA y se le otorgaron los plazos prudentes y legales para que regularice su situación, empero, sus propietarios prefieren seguir pagando multas que les hacen cosquillas y siguieron trabajando en las mismas e inmundas condiciones de antaño.
Por ello ahora no sorprende que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) haya dictado una medida medida cautelar contra las empresas pesqueras Jada, A.P. Pesca y Pesquera Gamma para disponer el cese inmediato de sus actividades con la finalidad de detener el vertimiento de sus efluentes industriales a nuestra bahía.
Esto ha ocurrido la semana pasada según información proporcionada por el mismo organismo ambiental que está adscrito al Ministerio del Ambiente y es el llamado a supervisar y fiscalizar las acciones contaminantes de la industria y comercio en todo el país, la llamada a imponer sanciones cuando sea necesario.
Inclusive, la publicación dio cuenta que adicionalmente, como medida complementaria, la OEFA dispuso el bloqueo inmediato de las tuberías de descarga de efluentes de las referidas empresas las cuales cesaron sus actividades de procesamiento industrial, y ante la presencia de la autoridad, bloquearon sus tuberías de descarga de efluentes mediante el corte y soldado de una plancha metálica en las mismas.
Inclusive, ha advertido que estas medidas administrativas las viene dictando en el marco de las acciones de fiscalización ambiental a todos los establecimientos industriales pesqueros ubicados en la bahía El Ferrol, pues lo que se busca es garantizar que las empresas viertan sus efluentes industriales fuera de la bahía.
En realidad, aun cuando se haga alusión a una medida administrativa, esto es lo que se esperaba del organismo ambiental en Chimbote, que su labor no se limite únicamente a las inspecciones, a las exposiciones, a los apercibimientos o advertencias, sino que se traduzca en medidas efectivas que impongan sanciones contra los responsables de la destrucción de la fauna marina a través de cuatro o cinco décadas de actividad industrial inclemente, sin que se haya tomado medida alguna de prevención en sus sistemas de evacuación industrial.
Lamentablemente, las empresas pesqueras hicieron siempre lo que la gana se les dio, hallaron la manera de sortear las sanciones que dictaba la autoridad local y siguen contaminando la bahía de Chimbote por ello ya era tiempo que se emita una medida punitiva, más aun si se tiene en cuenta que la ley que está contenida en el Plan de Complementación del sector pesquero señalaba como el apremio legal el cierre y la clausura de las actividades de la empresa que se resista a cumplir con esta obligación.
Han señalado las autoridades que son 26 las empresas industriales pesqueras que se encuentran conectadas en este momento a la estación de bombeo de APROCHIMBOTE, antecedente de Aproferrol, para que sus efluentes industriales pesqueros no afecten la bahía El Ferrol.
Esto quiere decir que el daño no ha sido desterrado aun, hay muchas empresas pesqueras más que realizan actividades industriales a lo largo del litoral Chimbotano, lo que quiere decir que existen muchas otras plantas que sigan envenenando la bahía y, desde ya, confiamos que ahora a la OEFA no le temblará la mano cuando tenga que clausurar sus actividades como lo ha hecho con estas tres empresas que representan el símbolo de la destrucción de la ecología y la contaminación en la ciudad.
Finalmente, no se puede dejar de mencionar que todos esperan en Chimbote que esta sanción se haga efectiva, que realmente las empresas cesen sus actividades o regularicen su situación acogiéndose a las normas ambientales, pues es conocida la actitud rebelde de estos empresarios de encontrar la manera se sacarle la vuelta a la sanción de las autoridades, que se deje sentado un antecedente concluyente a este respecto.