Luego de desarticular organizaciones dedicadas a la minería informal y lograr la detención preventiva de diez personas de este ilícito negocio, los Fiscales Especializados en Materia Ambiental han sufrido diversas amenazas de muerte, que ha obligado al Ministerio del Interior a disponer de custodia policial.
Así lo admitió la mañana de ayer, la Fiscal Especializada de Materia Ambiental, Evelyn Lamadrid Vences, quien participó de una diligencia en el Poder Judicial, resguardada por un agente policial que le brinda protección durante las 24 horas del día.
“Me designaron resguardo personal desde agosto del año pasado cuando se empezó con los operativos en La Carbonera y posteriormente en Huarmey para erradicar y ubicar los puntos de minería ilegal, habiendo dispuesto la interdicción de diez personas. La seguridad también se ha dado para el fiscal adjunto Esneider Bustamante Delgado. Las amenazas fueron vía telefónica, incluso en presencia del coronel Martínez, en ese entonces jefe de la división policial” relató.
“Estamos en constantes operativos para erradicar los puntos de minería ilegal, hemos logrado la interdicción de diez personas que venían operando en Huarmey. Nos decían que los dejemos trabajar y que lo mismo que se les ha hecho a ellos (mineros ilegales) lo van hacer con nuestras familias o así como se ha explotado su centro de labores lo harán con el de nosotros, sin embargo, eso no nos amilana porque todos los fiscales trabajamos en la misma línea y si no estamos nosotros, lo harán otros colegas, pero la lucha contra la minería ilegal seguirá” añadió con bastante aplomo la magistrada.
Evelyn La Madrid Vences brindó estas declaraciones, luego de participar en una audiencia de control de plazo que solicitó la defensa técnica de un grupo de autoridades y funcionarios de la Municipalidad Provincial del Santa que afrontan una investigación preventiva por delito ambiental, por el funcionamiento del relleno sanitario de Coishco.
En esta investigación, dijo La Madrid Vences, están a la espera de informes de las autoridades competentes en materia ambiental, para deslindar responsabilidades, “una vez que tengamos los informes de OEFA y otras entidades especializadas, tomaremos las decisiones que correspondan” expresó, tras indicar que figuran como investigados la alcaldesa provincial, todos los regidores y cuatro funcionarios, entre ellos, la actual congresista Rosa María Bartra Barriga.