Cuando se alega que existe Cosa Juzgada, se infiere que una persona reclama a la autoridad judicial que por los hechos y delitos que se le acusan ha sido ya juzgado en instancia plural y ha cumplido una sanción o ha sido absuelto, es decir que lo que garantiza la ley es que nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo delito.
Sin embargo, en la praxis jurídica una persona puede ser juzgada por el mismo delito pero no por los mismos hechos, de tal suerte que la conexión de procesos debe ser exactamente la misma para beneficiarse con el principio de la cosa juzgada.
Precisamente, desde el año pasado, los empresarios involucrados en la escandalosa obra de la red Vial Pallasca, por la cual se pagó nada más y nada menos que 73 millones de soles y algo más, demandaban al juez anticorrupción que archive el proceso judicial iniciado en la Corte del Santa alegando que por los mismos delitos ya habían sido absueltos por magistrados de la Corte Superior de Ancash, con sede en Huaraz.
Para ello los abogados defensores presentaron abundante documentación relacionada con el expediente que se investigó en Huaraz y trataban de demostrar al juzgador que los hechos habían sido ya evaluados por la autoridad judicial.
Sin embargo, tras la revisión que efectuó el juez Eudosio Escalante Arroyo, advirtió que si bien es cierto en ambas denuncias existen casi los mismos personajes, no es cierto que los hechos por los cuales son juzgados los empresarios no son los mismos, se trata de dos investigaciones diferentes y la de Huaraz es solo una investigación incipiente que no consiguió nada, empero, en la investigación que se realiza en Chimbote cuenta con un espectro de investigación mucho más amplio y en la cual se encuentran las pruebas pre constituidas que interesan a la justicia.
El juez ha querido ilustrar de la mejor manera las razones de su decisión y por ello ha señalado que en la investigación de Huaraz se evaluó la presunta sobrevalorización en la determinación del valor referencial del proyecto (actos preparatorios) y hechos suscitados durante el primer año de ejecución contractual, como el pago de los tres adelantos directos y diez valorizaciones mensuales, así como el incumplimiento de las obligaciones contraídas, tanto por la empresa Consorcio Vial Pallasca como por la supervisora Andinos S.A (Serconsult).
Mientras que la investigación que se tramita en la Fiscalía del Santa fue instaurada después del vencimiento del contrato y se cuestiona todo el concurso público, tanto en los actos preparatorios, como la exigencia indebida que el postor contara con al menos un contrato similar ejecutado en la región Ancash en los últimos 15 años, como en la ejecución contractual del servicio, llámese el incumplimiento de los términos contractuales y no aplicación de penalidades.
En otras palabras, para el juez anticorrupción los hechos que contiene la investigación en nuestra provincia son mucho más amplios y cuentan con mayores evidencias que aquellos que alguna vez se investigaron en Huaraz y que fueron archivados por la inexistencia de pruebas, lo que quiere decir, que no se puede consagrar la cosa juzgada.
Lo más importante es que en la carpeta fiscal que se sustancia en Chimbote se encuentra pruebas que son contundentes, como el informe final de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República, esa que se efectuó cuando ya se había concluido la obra y en la que se hallaron un sinnúmero de irregularidades que dibujaron a la perfección la escandalosa colusión que existió desde el propio Gobierno regional.
El ex presidente regional César Álvarez Aguilar es quien encabeza la relación de investigados en este caso, se trata de un megaproyecto ejecutado en la época de la denominada red de corrupción en la que figuran los principales cuadros ejecutivos de ese entonces, quienes permitieron que se incurran en irregularidades en el servicio de “Conservación y mantenimiento de la carretera Red Vial Pallasca” por más de 73 millones de nuevos soles para el periodo entre el 19 de diciembre del año 2009 al 18 de diciembre del año 2013.
Se trata de 16 personas investigadas, 13 exfuncionarios y 3 empresarios, acusados de coludirse para cometer irregularidades en la entrega de conformidades de servicios y autorizaciones de pagos sin verificación de avances físicos en campo, la falta de penalidades que debieron imponerse a la contratista por su deficiente servicio e incumplimiento de plazos y lo más grave la aprobación de un pago de adicional de obra de 13 millones 987 mil 691 soles, que no se justificaba. Así las cosas es imposible pensar en el archivo de los cargos cuando aquí existe un juicio pendiente.
INEVITABLE DENUNCIA
“Facturas clonadas de empresas y proveedores por compras que nunca se hicieron, boletas de pagos de trabajadores con firma falsas de estos, facturas de empresas de Lima de supuestas compras de artículos de limpieza industrial pero que tampoco se hicieron”, son solo parte de los graves hallazgos que ha obtenido la autoría realizada en el desembarcadero Artesanal de Chimbote.
Esto fue lo que informó el Director Regional de Producción, Ricardo Takamura Salazar, quien mostró su preocupación porque este informe de auditoría ha detectado un desfalco de aproximadamente 600 mil nuevos soles en la gestión que estuvo a cargo de David Méndez Ramos.
El funcionario reveló a manera de ejemplo que uno de los hallazgos que se hicieron fue en la supuesta reparación de una parte de la planta de hielo por la que pagaron más de 170 mil soles, pero lo que reparó la empresa contratada ANSA solamente ha servido para tenerla operativa porque después se apagó y por ello hay documentos de retiro de dinero del banco por la suma de 70 mil soles para darles el adelanto de 40 por ciento, pero solamente les dieron 11,139 soles, lo que quiere decir que existe un faltante que nadie sabe a dónde fue a parar por lo que el funcionario regional espera que el Ministerio Público se encargue de exigirle cuentas.
Así como esas existen muchas otras perlas que ponen en evidencia que se amerita la intervención del Ministerio Público, por ello el informe de auditoría ha sido remitido al Gobierno regional porque esta instancia es la que debe formalizar los cargos. Esperemos que lo haga lo más pronto posible porque nos hallamos ante una inevitable denuncia penal por delitos bastante graves y delicados. Esperemos que la justicia sancione.