La semana pasada el ex alcalde de Nuevo Chimbote, Juan Francisco Gasco Barreto, llegó muy temprano a la sede de la Policía Judicial y de inmediato fue llevado hasta el Juzgado anticorrupción que hace ya dos años atrás dictó una orden de prisión en su contra, lo cual lo llevó a mantenerse en la clandestinidad hasta la fecha.
El ex burgomaestre apeló a lo que los abogados conocen como “ponerse a derecho”, dejó de lado la prolongada ilegalidad en la que se hallaba y se entregó a las autoridades judiciales para que culminen el juicio que tiene pendiente por delitos contra la función pública que se le imputan como consecuencia de su gestión al frente de la comuna sureña entre los años 2010 y 2014.
Muchos deben recordar que en enero del año 2015 el galeno se ocultó de la justicia luego de conocer por intermedio de un grupo de periodistas que acudió a su consultorio de la medida que momentos antes había colgado el Poder Judicial en su portal y que indicaba que debería purgar 18 meses de prisión preventiva.
Ni corto ni perezoso, el ex burgomaestre se comunicó con sus abogados y le recomendaron que salga del hospital y se ponga a buen recaudo, por ello la imagen que tuvieron los periodistas es aquella en la que el médico sale corriendo del nosocomio, sube a su moderna camioneta roja y se aleja sin decir palabra alguna.
Desde entonces el ex alcalde se ha defendido únicamente a través de entrevistas radiales desde la clandestinidad y mediante mensaje enviados a los medios de comunicación sosteniendo que la denuncia formulada en su contra era una infamia, empero, el Ministerio Público mantuvo los cargos y consiguió que la medida se ratifique en la instancia superior, por ello Gasco quedó en calidad de requisitoriado.
Inclusive, hace solo unos meses el Ministerio del Interior lo incluyó en la lista de los más buscados del país y ofreció una recompensa de 20 mil soles a quien proporcione información que permita dar con su paradero.
Una situación no solo chocante sino embarazosa para quien se había negado permanentemente ponerse a disposición de la justicia alegando que no existían las garantías de imparcialidad y manifestando que son los mismos jueces que sometidos a la mafia del gobierno regional de César Álvarez lo quieren perjudicar.
Por lo menos eso es lo que hasta ahora figura en los portales de Facebook de sus parientes y allegados, lo cierto es que en estos dos años mucha agua ha corrido bajo el puente y por ello es que Juan Gasco de la noche a la mañana decide entregarse a la justicia a sabiendas que lo trasladarían al Penal de Cambio Puente en donde se encuentra a la fecha.
Pero la denuncia contra Juan Gasco no la formuló cualquier hijo de vecino, lo hizo un empresario de su entorno amical de entonces, el médico Edwin Borja quien mostró un vídeo que la defensa asegura que ha sido editado y en el cual se deja entrever que hubo una negociación para la adjudicación de tres obras en Nuevo Chimbote, las cuales finalmente no las adjudicaron pese a que entregaron la coima exigida.
Lo cierto es que a raíz de esta denuncia y de la incorporación de algunas personas como colaboradores eficaces, se han iniciado otras pesquisas contra el ex alcalde, si la memoria no nos traiciona son hasta tres pesquisas que tiene en contra junto a familiares, alguna de las cuales es por lavado de activos.
Y es que en la medida que el ex burgomaestre se resistía a ponerse a derecho y responde los cargos ante la justicia, la Fiscalía seguía avanzando en sus pesquisas y abría nuevos frentes de investigación contra el ex alcalde que ya no podía defenderse porque se hallaba oculto y viviendo a salto de mata.
Tradicionalmente, en la praxis judicial se estilaba a rechazar liminarmente cualquier pedido o articulación que fundamentaba un reo contumaz o ausente, no se aceptaba los argumentos de quien se escondía de la justicia y se hallaba en condición de requisitoriado, por entonces frente a esos escritos se resolvía “póngase a derecho y se proveerá”, lo cual se ha dejado de lado porque se considera que la presunción de inocencia le permite hasta al requisitoriado poder defender su derecho.
Sin embargo, la condición de una persona juzgada en ausencia sigue siendo precaria y esto lo ha entendido el ex alcalde Juan Gasco con una nueva y sesuda asesoría legal que ha conseguido hacerle entender que la mejor manera de ejercer una defensa es desde el llano, respondiendo directamente a quienes lo juzgarían.
De allí que al acercarse la fecha de inicio del juicio oral, el ex burgomaestre decidió ponerse a disposición de las autoridades y someterse a la secuela de un proceso en el que nadie puede menoscabar o restringir sus derechos como para que se alegue una falta de imparcialidad en la administración de justicia.
Todo indica que el ex alcalde estaba sugestionado o mal aconsejado respecto a los magistrados de la Corte del Santa, por ello es que ha debido dejar de lado esos recelos y ha decidido hacer frente a los cargos como debió hacerlo desde un primer momento.
No se puede soslayar que los cargos imputados al ex alcalde se han desinflado ostensiblemente, de un total de nueve o diez investigados, la carpeta tiene hasta el momento solo tres acusados que deberán hacer frente al debate del juicio oral que ha sido autorizado por el juez de la causa.
Los ex funcionarios del comité de adjudicaciones han sido separados de la secuela del proceso penal porque el juez considera que los cargos están relacionados con malos manejos durante la ejecución de los proyectos, mientras que otros denunciantes también fueron excluidos del proceso, solo deberán sentarse en el banquillo de los acusados el ex alcalde Juan Gasco, el ex gerente municipal Rodolfo Barrantes y la empresaria Florinda Rita Ramírez Chávez quien aparece como representante legal de la empresa beneficiada por la Municipalidad.
Es evidente que los cargos han disminuido, la misma Fiscalía se ha visto precisada a reducir los límites de la pena que inicialmente había demandado, por lo que los juzgadores deberán determinar si el juicio se sigue en estas condiciones o si ha variado la posición del ex burgomaestre. Aun cuando muchos consideren tardía su decisión de entregarse, en realidad es una oportuna decisión que lo ayuda en esta fase decisiva en la que se deberá calificar su situación jurídica.