Cuando muchos ya hacían al ex jefe de Defesan Civil de la Municipalidad Provincial del Santa en el penal de Cambio Puente como consecuencia de los graves delitos en los que se ha visto implicado por la venta de certificados que expide ese despacho, las cosas en el proceso penal no son tan sencillas como muchos pensaban.
Ello porque la semana pasada el juez anticorrupción. Eudosio Escalante Arroyo ha devuelto la carpeta fiscal al representante del Ministerio Público a efectos que formule su acusación por otro delito distinto al que se ha venido investigando y que, a su criterio, es el que reamente le corresponde a la naturaleza de los hechos.
Frente a lo que muchos admiten como un típico delito de coima o soborno a un funcionario de la administración edil, el juez ha señalado que existen algunos detalles en los hechos que han sido materia de la acusación que reflejan que el delito de cohecho pasivo no es el adecuado a lo que ha sido materia de la acusación sino que lo que se debería sancionar en este caso es un delito de concusión.
El juez se tomó el tiempo necesario para interrogar y pedir explicaciones al fiscal en la audiencia de inicio del control de acusación en la cual se revisan los alcances del requerimiento del Ministerio Público y en cuya fase se puede llegar a archivar el proceso en aquellos casos en que no se encuentran mérito para pasar a juicio oral.
En este estado del proceso, el Juez interrogó al fiscal sobre las razones de su acusación contra Cam Bernuy y otro, sobre los argumentos de fondo del delito de cohecho pasivo, dejando entrever desde un primer momento que no estaba de acuerdo con el requerimiento acusatorio del representante del ministerio público.
Por ello es que el Juez preguntó al Fiscal en medio de un auditorio colmado de gente, por la expectativa que genera el caso, si es que en este caso ha mediado una solicitud o entrega de dinero por parte del funcionario y una connivencia del empresario para que pague una suma de dinero a cambio de obtener el certificado de defensa civil.
Y, es que no la hay, en tal sentido, el Juez señaló que si existiera esta figura, hablamos del delito de cohecho pasivo, entonces tendría que estar también denunciado y procesado el o los empresarios que se vieron obligados a pagar una suma de dinero.
Por el contrario, el magistrado advierte que en este caso ha existido un acto de intimidación para que el agraviado se vea precisado o empujado a tener que acceder a los requerimientos de dinero, por lo que explicó que en este último caso se tendría que acusar también por delito de concusión y así ha ordenado el Juez que proceda, otorgándole el plazo de 5 días para que lo haga.
Ahora bien, muchos deben recordar que estos hechos no nacen, precisamente, de una celada que haya sido planificada y montada por el Fiscal de turno ante una denuncia de un particular que es emplazado por malos funcionarios a que dejen una suma de dinero a cambio de facilitar los trámites que tiene pendiente.
Por el contrario, el caso se destapa a través de la prensa, cuando un audio llega a manos de periodistas y estos lo llevan a la alcaldesa Victoria Espinoza García que tras escucharlo no perdió el tiempo para retirar la confianza al funcionario y en el mismo día diligenció una resolución de alcaldía mediante la cual lo cesa en el cargo y designa a un remplazante.
La autoridad edil quiso “curarse en salud” y sacudirse de cualquier implicancia que podría alcanzarle por una actitud deshonesta de parte de su funcionario, evitó de esta manera el escándalo y dejó que el ex funcionario se defienda como pueda y si es que pudiera hacerlo porque los hechos, de por sí importaban un hecho sumamente grave.
Esto quiere decir que los hechos llegaron a conocimiento del Ministerio Público de oficio o posiblemente por impulso de una denuncia de la Municipalidad, a diferencia de muchos casos en su tipo no fueron denunciados por el agraviado o afectado.
Inclusive, cuando los periodistas emplazan al servidor sindicado éste llega a reconocer que es su voz la que se escucha en el audio y reconoce el delito que se había denunciado, agachó la cabeza y salió resignado de su puesto dos días después, cargando una chequera de 20 céntimos en la que colocó todos sus efectos personales para abandonar la comuna en la que siempre trabajó de la mano de Victoria Espinoza, tanto en su primer como en su segundo mandato, lo que evidencia que se trata de un hombre de su más estrecho entorno pero ante quien había perdido absolutamente su confianza.
Así las cosas la Fiscalía investigó el caso buscando que identificar al agraviado y lo hizo en base a informaciones proporcionadas por la prensa, que revelan quien es el interlo-cutor del escandaloso audio que dio lugar a la desafectación de un funcionario edil.
Tras revisar el expediente el juez entiende que este empresario, y otro más que se sumó al caso tras revelar que también había sido víctima de los malos funcionarios, fue coaccionado e intimidado por el servidor edil que les advertía que la carencia del certificado de defensa civil daría lugar al cierre de sus establecimientos.
Por ello es que se vieron precisados no solo a ceder ante la exigencias económicas de los funcionarios corrompidos sino a grabar las conversaciones con la finalidad de denunciar a los malos elementos, por ello es que de manera anónima pusieron esas pruebas en manos de la prensa y de esta manera se desató el escándalo.
Para el Juez de la causa esta figura no es un delito de cohecho pasivo, no existe la intervención de un afectado que se vea emplazado a una solicitud o demanda de dinero sino que hubo de por medio una intimidación por parte de los malos empleados ediles, por lo tanto, le cabe tipificar el delito como concusión.
Por ello es que ha emplazado al Ministerio Público a reformular un requerimiento acusatorio en ese sentido y le ha otorgado un plazo perentorio para que se concrete, lo cual seguramente cambiará mucho las cosas, la propia penalidad será modificada y el juicio oral deberá tramitarse de acuerdo a estas observaciones que ha formulado el juez de la causa que no merecieron, en ese momento, ninguna contradicción por parte del fiscal ni de los abogados de la defensa. Esperemos que se corrijan los defectos advertidos por el juez y que se tramite lo más pronto posible un caso que no debería haber tomado tanto tiempo si tenemos en cuenta que los investigados admitieron el delito y trataron de acogerse a la terminación anticipada pero se les denegó esa posibilidad. Esto es solo cuestión de conceptos.