Editorial

PELIAGUDO PROBLEMA

El Ministerio de Educación ha dirigido un oficio a la Dirección Regional de Educación y al Director de la UGEL Santa, mediante la cual desconoce las reincorporaciones que han efectuado de los directores que no fueron aprobados por concurso y que han reingresado a las aulas en mérito de una escandalosa resolución judicial expedida por un juez de la provincia de Rodríguez de Mendoza, en la lejana región de Amazonas.

Se trata del oficio Nro. 09-2017 emitido el 31 de enero, donde señala que el veredicto emitido por el juez de Amazonas tenía que haber hecho valer algunos criterios técnicos tal como respetar el derecho de terceros que adquieren la condición de directores mediante un concurso público.

Cabe recordar que este controvertido fallo dio lugar a que algunas autoridades educativas, como las de Ancash, decidieran hacer cumplir el fallo judicial a sabiendas que existía la necesidad de hacer algunas precisiones y demandar a la procuraduría del sector que mientras se trata el recurso de apelación, deberían haberse solicitado precisiones respecto a los alcances de esta medida.

Demás está decir que este fallo ha sido manoseado, fue dictado por un juez supernumerario que se encontraba provisionalmente en el cargo, lo que quiere decir que nada tenía que perder si resolvía contra el texto claro y expreso de la ley, como finalmente lo hizo.

De allí que era pertinente que los funcionarios de las direcciones regionales y de las Ugeles adviertan esta situación, el Ministerio de Educación había apelado en el acto y el Presidente de la Corte Superior de Amazonas dispuso el inmediato cese del magistrado porque, también había advertido la semejante barbaridad que había cometido este Juez.

Siendo esto así, tal como lo dijimos en este espacio, no era recomendable que los directores de las ugeles apliquen este fallo espurio, si bien es cierto que una resolución judicial se ejecuta cuando se encuentre firme y ejecutoriadas, más aun siendo una medida cautelar es de aplicación inmediata, la propia ley confiere a los directores de las sedes educativas las alternativas para poder demandar alguna precisión en el fallo, esto se dijo una y otra vez el año pasado cuando se dictó esta absurda medida cautelar, sin embargo, los funcionarios prefirieron lo más fácil decidieron acatar el fallo por recomendación de la Dirección Regional de Educación y promovieron un verdadero zafarrancho cuando nos encontrábamos apenas a dos semanas de culminar el año.

La prensa fue testigo como algunos colegios presentaban hasta dos directores tratando de despachar y de dirigir los destinos del plantel, uno que estaba en funciones y reconocido por haber asumido el cargo vía concurso púbico y otro que esgrimía una resolución judicial jalada de los cabellos.

Finalmente, se llegó a una peculiar salida por la cual se admitía la presencia de los dos directores hasta que finalice el año escolar y se espere las decisiones de la Sala Superior en el sentido que revoque o confirme la medida cautelar, por ello es que los reincorporados admitieron esta salida legal y prefirieron mantenerse arrimaditos hasta que concluya el año y se dilucide el desenlace judicial definitivo.

Sin embargo, estamos ad portas de iniciar un nuevo año escolar y la justicia no ha resuelto el recurso de impugnación, sin embargo, el Ministerio de Educación ha decidido poner los puntos de las ies y no está dispuesto a permitir que la inestabilidad reine en los colegios cuando los reincorporados decidan asumir los cargos ante la demora de la sentencia definitiva dela Sala Superior.

Sin embargo, en este ínterin se ha podido conocer que el Juez del juzgado de Rodríguez de Mendoza que ha retomado sus funciones en calidad de titular, lo que ha hecho es anular la resolución que declaró fundada la medida cautelar en mérito de advertirse vicios que atentan contra el procedimiento y los principios rectores que rigen los procesos civiles, como el emplazamiento obligatorio al procurador del Ministerio de Educación.

Esto quiere decir que el problema virtualmente se habría superado en la medida que si no existe resolución de una medida cautelar que ampare la reposición de los ex directores, entonces ello no tienen nada que hacer en los planteles y tendrán que dejar que los actuales titulares permanezcan en sus cargos.

Es evidente que estamos ante un peliagudo problema, sin embargo, no se puede soslayar que se inicia el año escolar y las instituciones educativas requieren de estabilidad y sosiego para que no se perturbe la actividad educativa.

ESFUERZO POLICIAL AL AGUA

La Fiscal Superior decana del Ministerio Público del Santa, Cecilia Zavaleta Corcuera, debería disponer el inicio de una investigación en relación a la liberación de un prontuariado sujeto que, pese a la gravedad del delito imputado de Tráfico Ilícito de drogas, ganó las calles en cuestión de horas gracias a la benevolencia del Fiscal.

Se trata de la excarcelación de José Castro Chiroque (a) “Torito”, sujeto que el pasado 19 de enero, en el marco de un operativo de seguimiento e inteligencia que venía realizado el grupo “Terna”, fue capturado cuando se encontraba en poder de 1,300 ketes de PBC, siendo trasladado a los calabozos de una Comisaría.

Sin embargo, el Fiscal Aidán Torres Zea dispuso su libertad alegando deficiencias en el proceso de aprehensión por parte de la Policía, sin reparar que no se trata de un sujeto cualquiera sino de un prontuariado por el mismo delito, el liberado se encuentra sujeto a una condena condicional por la comisión del mismo delito de Tráfico de Drogas, lo que  demuestra que el magistrado tenía muchas opciones para haber impedido que se salga con la suya y este caso se vea empañado por la negligencia.

Inclusive, el representante del Ministerio Público ha manifestado que en caso la droga remitida a los laboratorios de Criminalística de Lima resulte positivos “entonces ordenará la recaptura del sujeto”. No cabe duda que el esfuerzo policial se fue al agua con esta clase de decisiones sumamente dudosas.