Editorial

UNA RAYA MÁS AL TIGRE

La corrupción está tan enquistada en nuestra sociedad que la orden de prisión o la condena contra un funcionario público ha dejado de ser la noticia chocante y sorprendente como antaño, pues el deterioro moral de una autoridad pública ha ido acrecentándose hasta llegar a límites insospechables.

En nuestra provincia tenemos muchos casos de autoridades que se encuentran requisitoriadas, que están purgando carcelería y otras que han sido condenadas, ello a costa de muchos otros procesos que se encuentran pendientes.

Justamente, el pasado fin de semana la sala penal liquidadora de la Corte del Santa ha concluido uno de estos casos y ha condenado al ex alcalde del poblado menor de Cambio Puente nada menos que a 11 años de pena de cárcel.

Se trata de Julio Saona Meregildo, uno de los primeros alcaldes de Cambio Puente que ha sido sentenciado junto a quien fuera su gerente municipal, Edgardo Marroquín Debernardi y el socio de la empresa MAKING, César Damián García, a quienes se ha impuesto siete años de cárcel efectiva. 

Además de ellos se ha reservado el proceso penal para un segundo socio de la mencionada empresa, Luis León Sihuas, quien se encuentra en calidad de reo ausente, razón por la cual la pena se le ha reservado hasta que sea hallado por la justicia.

Tal como ha venido ocurriendo en los últimos casos, los tres primeros que venían concurriendo habitualmente a las audiencias del juicio oral, se ausentaron justo en la última audiencia en la que se debería leer la sentencia final, sospechando que se les aplicaría una medida drástica y contundente que los llevaría derechito al Penal, razón por la cual ahora han pasado al rubro de prófugos de la justicia.

La condena obedece a un acto colusorio entre el burgomaestre y su primer funcionario con los representantes de la empresa Making, los primeros de los cuales permitieron que la citada empresa se avoque al cobro de las acreencias de la municipalidad menor de Cambio Puente por concepto de arbitrios y otros tributos ediles, pactando entre ellos el pago de altísimos porcentaje por concepto de comisiones.

Esto quiere decir que el alcalde permitió que una empresa servis se encargue de realizar el cobro del tributo que puede haber sido efectuado por la propia Municipalidad, por el abogado y el personal adscrito a la oficina de rentas, no existía la necesidad de contratar a un tercero para que se encargue de ello.

Este escenario dibuja la dolosa intención del ex alcalde y su funcionario de emprender un mecanismo que les permita no solo aliviar la elevada tasa de morosidad en su Municipio, sino llevarse una buena cantidad de dinero a los bolsillos en la medida que el doloso mecanismo se hizo para ello: “te doy el servicio, cobras lo que quieres pero me tienes que dejar mi parte”.

Lo que no puede soslayarse es que la mecánica delincuencial que trae este tema no es ajena a los medios de comunicación, como el nuestro, que en su debida oportunidad denunció estos manejos dolosos que no solo se establecieron en el Municipio de Cambio Puente si no que se llegó a otros en los que no se sabe si denunciaron o no.

En la sentencia se ha determinado que los condenados deben devolver lo ilícitamente apropiado que asciende a más de cuatro millones de soles, una cifra bastante elevada teniendo en cuenta que hablamos de un Municipio menor, empero, los cobros se dirigieron a grandes compañías que estaban en condiciones de caer en las redes de estos avisados ex funcionarios públicos, una de las cuales fue la compañía telefónica.

Obviamente, estamos ante una sentencia que no ha quedado firme, imaginamos que los abogados defensores de los condenados han planteado ya el respectivo recurso de apelación a la espera que la instancia superior pueda revocarla, sin embargo, es importante que la justicia deje sentado un importante precedente para que otros individuos que pretendan sacarle provecho a la investidura no se atrevan a hacer lo mismo, a utilizar un cargo público para aprovecharse de los recursos de la institución.

Seguramente que la sentencia se sumará a las muchas otras que han llevado a la cárcel o han dejado en la clandestinidad a muchos otros personajes públicos, sin embargo, domo dice ese conocido adagio, se trata de una raya más al tigre, una nueva mancha en la honra de los pueblos que ven como sus ex autoridades los traicionaron mediante actuaciones solapadas que les permitió llevarse miles de soles.

MEDIDA PREVISIBLE

Como no podía ser de otra manera, la Sala Penal de Apelaciones confirmó la resolución del juez de primera instancia que dictó dieciocho meses de prisión preventiva contra los integrantes de la organización conocida como “Los Orellanitas”, la mayoría de ellos abogados que se dedicaron a utilizar los mecanismos legales para despojar propiedades de terceros mediante actos fraudulentos.

Esta gavilla, encabezada por Michel Agurto Honores, fue desvirtuada el año pasado luego de un exhaustivo seguimiento que hicieron los fiscales de crimen organizado, tras detectar las acciones dolosas de algunos abogados que utilizaron el arbitraje y la conciliación extrajudicial como herramientas de su accionar delincuencial.

De esta manera lograron despojar la propiedad de lotes de terreno de la Caja del Pescador así como una embarcación pesquera, aprovechando que el cabecilla de la organización fue un ex trabajador de la mencionada entidad y como tal conocía la naturaleza de los predios que estaban abandonados en la zona de Bellamar.

Lo cierto es que los magistrados superiores, como en su oportunidad lo hizo el juez de la causa, han advertido la existencia de graves y fundados elementos de convicción que los llevaron a confirmar la drástica medida que ha llevado a once de los investigados a la cárcel, mientras que otros 27, incluido cuatro notarios públicos de Chimbote, Casma y Huaraz, son procesados con mandato de comparecencia. No había otra salida ante semejantes delitos, estamos ante una medida previsible, ahora la pelota está en la cancha del Ministerio Público que hasta el mes de abril del próximo año tiene plazo para reunir todas las pruebas necesarias que permitan condenar a los responsables. Esperemos lo consiga.