Editorial

SIN CONTUNDENCIA

La Jefa de la Oficina Zonal de INDECOPI en Chimbote ha anunciado la semana pasada que en instancia definitiva la empresa de transporte “Anita” ha sido sancionada con una multa de 5 unidades impositivas tributarias por haber infringido la norma que prohíbe recoger pasajeros fuera de los paraderos autorizados.

La sanción fue impuesta el año pasado a la controvertida empresa, sin embargo, en la medida que sus abogados apelaron esta decisión recién la Sala de Protección al consumidor del INDECOPI en instancia superior ha confirmado la multa y por ende ella tiene que ejecutarse al margen de cualquier acción legal que pueda ejercer la empresa como se acostumbra para seguir sorteando la decisión de la autoridad.

La medida responde a un hecho casi usual y que incumbe a una infracción que no solo comete la empresa mencionada sino que infortunadamente se ha convertido en una modalidad utilizada por los choferes de varias empresas que no quieren el orden y la disciplina en una actividad tan delicada como es el transporte interprovincial.

Decimos ello porque la prohibición al recojo de pasajeros en ruta responde a la necesidad de implementar mecanismos de seguridad para los pasajeros que se trasladan de una ciudad a otra, no se puede soslayar que esta infracción lo único que promueve son los asaltos en carretera y, precisamente, en las últimas semanas han proliferado.

Si la memoria no nos traiciona, hace algunas semanas atrás un pasajero de la empresa de transportes “Anghelitus” compartió la desagradable experiencia que le tocó vivir a su hija cuando retornaba de Lima a nuestra ciudad, cuando antes de llegar a Casma un grupo de hampones amenazó al chofer, desvió el vehículo a un paraje desolado y allí desvalijó a todos los pasajeros.

Estos delincuentes habían abordado el vehículo en la ciudad de Huarmey porque el chofer se detuvo a recogerlos, una maniobra temeraria que está terminantemente prohibida por la ley pero que se repite a pesar que las empresas son conscientes que ello solo expone el patrimonio y hasta la integridad de los pasajeros.

Si nos remontamos a unos años más atrás, llegaremos a un escenario sumamente difícil y complicado en el transporte interprovincial, cuando menudeaban los asaltos y la acción de los delincuente se tornaba criminal porque estaban dispuestos a todo para conseguir sus objetivos,lo que obligó a las autoridades a tomar sus precauciones y exigir a las empresas el cumplimiento de una serie de medidas de prevención que eviten la ola delictiva.

La primera de ellas era, obviamente, la prohibición del ingreso de pasajeros en ruta, todos aquellos que abordaban los ominbuses tienen que hacerlo en la misma agencia del terminal Terrestre o de su centro de embarque, se dispuso que el pasajero debería identificarse con su documento de identidad y si existen menores de edad en la planilla de viaje deberían estar acompañados por sus padres o contar con una carta notarial de autorización de los padres si es que el menor viaja con otro familiar o amigos.

Inclusive, se dispuso que la adquisición de los boletos de pasaje debería hacerse con la identificación del DNI y antes de abordar el vehículo la empresa debería registrar con cámara de video las características físicas de todos aquellos que ingresan al ómnibus, todo ello complementado con un exhaustivo control de unidades de patrullaje en la carretera.

Estas medidas resultaron efectivas, el número de asaltos no solo disminuyó sino que los delincuentes debieron buscar otras maneras de poder tomar por asalto las unidades vehiculares, como el bloqueo de las carreteras en aquellas de penetración a otros lares.

Sin embargo, como estamos en el Perú todas esas valiosas medidas preventivas fueron desapareciendo poco a poco, a las empresas no les conviene que los llenen de requisitos porque no quieren sumar más gastos aun cuando todo eso solo redundaba en la seguridad no solo de los pasajeros sino de su personal de Choferes y los propios vehículos.

De esta manera muchas empresas se fueron olvidando las exigencias y por ello ahora han recrudecido los asaltos en carreteras, vemos nuevamente que los pasajeros son despojados de todas sus pertenencias y la autoridad se dedica a sancionar con multas a las empresas que, a la larga, son las responsables.

Será importante que se revise la legislación, que se exija que se retomen las medidas de seguridad en el embarque de pasajeros, pero cuando se trata de sancionar el recojo de pasajeros en ruta se tiene que sancionar con la cancelación de la licencia. No existe otra manera de hacer entender a las empresas, ellas pagan la multa y siguen infringiendo la norma, saben que ese dinero lo recuperan fácilmente, pero el problema es más grave. Si se repiten sanciones sin contundencia, seguiremos viendo hechos delictivos.

MUJER DESPROTEGIDA

Mucho se dice y se habla cada vez que se recuerda el “Día Internacional de la Mujer”, sin embargo, esas mismas organizaciones que se llenan la boca con estadísticas y reclamos contra las políticas machistas, no hacen nada para asistir a una mujer que es sordomuda y que ha sido vejadas por un sujeto que debe responder ante la ley.


Este caso fue expuesto inicialmente ante la DEMUNA de Nuevo Chumbote por la agraviada y sus familiares, pues el denunciado que es un inspector de la Policía Municipal, ha pretendido ultrajar nuevamente a la indefensa mujer y ya es momento que se le sancione con todo el peso de la ley.


La mujer dice haber sido violada hace tres años y como consecuencia de ello resultó embarazada y tiene un menor al que debe atender, lo que quiere decir que allí existe la posibilidad de probar un atentado sexual a partir de la prueba de ADN.


Sin embargo, en la sede policial no podían recepcionarle la denuncia porque no existía un traductor de por medio, la mujer solo se comunica a través de señas y se requiere de una persona que entienda ese lenguaje gestual para poder sentar la denuncia.


Sería pertinente que los organismos que defienden los derechos de las mujeres busquen al traductor y hagan valer su defensa pues el denunciado sigue trabajando como si nada pasara en la medida que no se oficializó la denuncia penal. Esperemos se supere ese impase.