Otra acusación más:
César Álvarez Aguilar sumó una nueva acusación penal.
Una nueva acusación. El expresidente regional de Ancash, César Álvarez Aguilar fue acusado por los delitos de colusión y malversación de fondos en el sonado caso de la construcción del Módulo de Justicia del Nuevo Código Procesal Penal en el distrito de Nuevo Chimbote y la Fiscalía Anticorrupción solicitó 8 años de prisión efectiva, tras encontrar graves y fundados elementos de convicción al concluir su investigación preparatoria.
Esta pena de ocho años de prisión efectiva para el expresidente regional de Ancash, César Álvarez Aguilar, es la sumatoria por la aplicación del concurso real de los delitos de colusión (5 años) y malversación de fondos (3).
Junto a Álvarez Aguilar también fue acusado el ex gerente de la Sub Región El Pacífico, Juan Carlos Gallo Zegarra por el delito de malversación de fondos, para quien la Fiscalía solicitó 3 años de pena privativa de la libertad. En cuanto al delito de colusión para este imputado, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento, al haberse encontrado, según señala el Fiscal en su pedido, más elementos de descargo que de cargo, lo que no permite enervar el principio de presunción de inocencia.
Otros acusados en el requerimiento del Fiscal Laureano Añanca Chumbe son los ex funcionarios Verónica Pamela Bermúdez Rodríguez, William Teddy Bejarano Rivera, Enrique Bernardino Godoy Palacios y Cecilia del Rocío Alfaro García así como los empresarios Laydy Romayna Romero, Julio César Martínez Estrada y Mariela Gloria Rivero Antunez, integrantes de Consorcio Jurídico que ejecutó la obra valorizada en 14 millones 767 mil 559 soles.
Estos últimos siete imputados han sido acusados del delito de colusión y la pena solicitada es de 5 años de prisión efectiva, el mismo que se discutirá en una próxima audiencia de control de acusación que debe progamar el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria a cargo del Juez Eudosio Escalante Arroyo para determinar si el caso pasa a juicio oral o se archiva.
Según la investigación fiscal concluida, los imputados se coludieron para permitir una serie de irregularidades en el proceso de adjudicación y ejecución de la obra de construcción e implementación del Nuevo Código Procesal Penal en el distrito de Nuevo Chimbote.
Entre las irregularidades encontradas en esta obra, se tiene que se dispuso de 7 millones 299 mil 195 soles de su presupuesto, para ser destinados a otras obras, con lo cual fue imposible culminar en el plazo previsto la ejecución del mismo, trayendo una serie de problemas legales y técnicos donde el gran perjudicado y agraviado no solo fue la Sub Región El Pacífico, sino también el propio Poder Judicial que es la entidad que finalmente va a recibir la infraestructura.
También se ha establecido que la licitación fue declarada desierta bajo una leguleyada de que los representantes de los postores no contaban con facultad para delegar representación, lo cual fue observado por el postor Ramón Serafín Izaguirre, quien pese a su reclamo, no dieron marcha atrás.
Esto sirvió para que los miembros del Comité (William Teddy Bejarano Rivera, Enrique Bernardino Godoy Palacios y Cecilia del Rocío Alfaro García) convoquen un nuevo proceso, pero esta vez bajo la modalidad de adjudicación de menor cuantía, bajo el sistema de concurso oferta a suma alzada, donde resultó favorecido Consorcio Jurídico.
Los peritajes del expediente de contratación han determinado que Consorcio Jurídico no reunía los requisitos técnicos para ganar la buena pro, además que posteriormente se ha probado que falsificó la documentación de los profesionales que aparecían en su carpeta de postulación, como Luis Ricardo Gómez García, Reynaldo Melquiades Reyes Roque, Carlos Fernando Irata Candiotti, Edwin Omar Vences Martínez, Ezequiel Miguel Rodríguez Vera y Heber Abel Chiroque Olivos.