La investigación que ha ordenado el Fiscal de la Nación contra el Fiscal Provincial Anticorrupción Laureano Añanca Chumbe, por delito de Enriquecimiento Ilícito, ha caído en un trompo de incertidumbre debido a que no existe un Fiscal habilitado para poder llevar a cabo esta pesquisa.
La Presidenta de la Junta de Fiscales del Santa. Dra. Cecilia Zavaleta Corcuera, ha respondido a los medios de comunicación que la carpeta con la disposición del Fiscal de la Nación llegó en efecto a Chimbote, empero, la Fiscal Superior anticorrupción que había sido asignada para llevar adelante la investigación, la ex Fiscal Decana Nancy Moreno Rivera, se excusó.
Por esta razón la titular del Ministerio Público del Santa se vio en la obligación de devolver el expediente al Fiscal de la Nación a efectos que designe al magistrado que debe encargarse de esta pesquisa, la cua estará sujetas a la observación de un juez de control.
No se dieron a conocer las razones por las cuales la Fiscal Nancy Moreno se excusó de seguir este caso, empero, es evidente que lo hizo por su estrecha relación funcional y por el caso de su esposo que es investigado por el indicado magistrado, incluso, algunos sectores cuestionaron el papel que había jugado en esa pesquisa.
Lo cierto es que la investigación contra el Fiscal anticorrupción por los hallazgos de un preocupante desbalance patrimonial que incluye la grave denuncia relacionada con la compra de una casa por intermedio de la madre de su secretaria, ha quedado pendiente y no se sabe hasta cuándo se mantendrá en esta situación.
El solo hecho que se formulen cargos contra un magistrado genera recelo en la colectividad en la medida que las investigaciones van a para a manos de otros magistrados, muchos de ellos amicalmente vinculados y la mayoría con sentimientos encontrados que los llevan a protegerse entre sí mismos, esto no es una novedad, en los propios corrillos judiciales se escuchar decir que allí se aplica la conocida política aquella de “hoy por ti y mañana por mí”, en el entendido que aquel que es investigado hoy puede ser el juzgador de quien mañana o más tarde será su inquisidor.
De allí que en el caso del Fiscal Añanca cae en este mismo escenario, en la inquietante necesidad de asignar a un magistrado que investigue a otro de su misma institución, con la justificada impresión que deja a cualquiera la posibilidad de blindar al colega, situación que no será la primera y menos la única dentro de la magistratura en general.
Por ello es que la Fiscalía de la Nación debería ponderar en este caso la posibilidad de transferir la jurisdicción de esta investigación y determinar que las pesquisas se dejen en manos de magistrados de otro distrito fiscal, de fiscales que no solo no se encuentren vinculados con el investigado sino que, fundamentalmente, cuenten con una trayectoria que demuestre una absoluta imparcialidad en el momento de tomar decisiones.
Esto es importante porque el éxito de la investigación contra el Fiscal Añanca se sustenta, justamente, en la posibilidad que la investigación corra por cuenta de quien no lo conoce y maneje adecuadamente los procedimientos relacionados con los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos pues en este caso se habla de una propiedad oculta y adquirida a través de testaferros, así como de dineros de procedencia desconocida en el patrimonio personal del representante del Ministerio Público.
En este sentido, no se puede soslayar que la misma denuncia que fue diligenciada y atendida por el Fiscal de la Nación ordenándose las pesquisas pertinentes a efectos de establecer si existen indicios de la comisión de delitos, fue tramitada ante la oficina de Control Interno del Ministerio Público del Santa, la responsabilidad recayó en manos de la actual Presidenta de la Junta de Fiscales, Dra. Cecilia Zavaleta Corcuera, quien sin realizar un solo acto de investigación la archivó argumentando que no había lugar a investigar.
La pesquisa realizada a nivel de la Fiscalía de la Nación ha demostrado que no solo había lugar a investigar y que existían suficientes indicios de la comisión de delitos, como quedaba claro para cualquier ignorante en leyes, sino que se vislumbró un ánimo de encubrir al colega y enervar la acción de la justicia.
Esto es suficiente como para que el Fiscal de la Nación tenga en cuenta que la misión es buscar imparcialidad para este peliagudo caso, por lo menos la comunidad chimbotana no tiene la mínima garantía con los fiscales locales que en este caso ya adelantaron opinión.
IMPORTANCIA DE LA TECNOLOGÍA
La semana pasada un juzgado de Chimbote realizó una audiencia con el investigado en otro punto del país pero que no estaba conectado a través de vía teleconferencia sino que se hizo un enlace a través del whatsaap, una aplicación telefónica que jamás había sido utilizada en la administración de justicia.
En realidad para los abogados y los justiciables ya no es una novedad que los juzgados realicen audiencia sin que las partes se encuentren necesariamente en la sala del Palacio Judicial, pues existe la teleconferencia que se usa esencialmente para conectar a los jueces con los procesados que se encuentran purgando carcelería en los diferentes penales del país.
Sin embargo, el Segundo Juzgado Unipersonal necesitaba llevar adelante una audiencia en el proceso de asistencia familiar que se sigue contra Gerardo Reyes Cueva, un individuo que se encontraba en Paita, una de las ciudades golpeadas por las lluvias y huaicos y no estaba en condiciones de viajar por los bloqueos de la carretera, por lo que el personal del área informática de la Corte del Santa pudo establecer contacto con aquel a través del whatssap, de tal suerte que con un monitor de televisión pudieron hacer un enlace en tiempo real entre todas las partes.
De esta manera, acogiéndose al principio de la terminación anticipada, el procesado fue sentenciado y se comprometió a pagar las sumas establecidas por el Juez, concluyendo exitosamente el juicio. Se demuestra una vez más la importancia de la tecnología cuando es bien utilizada y cuando se aplica a las actividades que realmente la necesitan, como en este caso para administrar justicia.