Proyecto de Código Electoral recoge aportes de la ONPE, Reniec y ciudadanía:
Presidente del JNE, Víctor Ticona junto a presidenta del Congreso, Luz Salgado.
El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), doctor Víctor Ticona Postigo, presentó al Congreso de la República un proyecto de ley que posibilitará al país contar con un Código Electoral, el cual unifica, actualiza y sistematiza en un solo cuerpo normativo toda la legislación electoral que se encuentra dispersa.
La iniciativa busca optimizar el desarrollo de los comicios en consideración que la actual legislación no contribuye a generar un clima de confianza y estabilidad, toda vez que existen múltiples leyes y estas se encuentran dispersas y desarticuladas, dificultando su articulación y aplicación por parte de las autoridades y ciudadanos.
En sus 357 artículos, el proyecto del JNE contiene una serie de cambios sustanciales tendientes al fortalecimiento de los partidos políticos, perfeccionamiento de la justicia electoral y el establecimiento de un cronograma electoral apropiado.
Así, sobre la democracia interna de las organizaciones políticas se plantea la participación obligatoria de los organismos electorales en los comicios para designar a los candidatos, así como la simultaneidad de dichas elecciones y que estas se realicen bajo el mecanismo del voto universal, libre, igual y directo de los afiliados.
Respecto del financiamiento partidario, cuyo propósito es evitar el ingreso de dinero ilícito en la política, el documento propone establecer bancarizar los aportes, prohibir las contribuciones anónimas, impedir que las empresas financien campañas e imponer sanciones políticas como la suspensión y cancelación de la organización que incumpla las normas relativas al tema.
En materia de justicia electoral, la iniciativa promueve que los tres miembros que integran los Jurados Electorales Especiales sean abogados para la mejor resolución de casos, mientras que acerca del cronograma electoral se plantea dotar a cada etapa del tiempo apropiado. Asimismo, figura la judicialización de las infracciones a la ley de dádivas.