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SALA PENAL REVISARÁ ABSOLUCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS EN U. SAN PEDRO

Por apelación de Ministerio Público

• Audiencia será el martes 23 y está involucrado el recientemente condenado rector José María Huamán.
• Juez Eudosio Escalante declaró procedente sobreseimiento solicitado por imputados.

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Primera Sala Penal de Apelaciones revisará archivo por lavado de activos en caso Universidad San Pedro el próximo martes 23 de mayo.

Para el próximo martes 23 de mayo, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa fijó la audiencia de apelación de sentencia en contra de la decisión del Juez Eudosio Escalante Arroyo quien archivó los cargos por lavado de activos en contra de las principales autoridades de la Universidad San Pedro.

Los magistrados Frey Tolentino Cruz (ponente), Olga Vanini Chang y José Manzo Villanueva, han cumplido con notificar a todas las partes y fijaron la audiencia de apelación de sentencia para el martes 23 de mayo a las 8 de la mañana. Inicialmente esta apelación debió decidirse el último 19 de abril, sin embargo, la Procuradora Pública de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, Yanet Briones Muñoz solicitó la reprogramación al no poder viajar a Chimbote desde su sede en Lima.

En este proceso penal, el Juez Eudosio Escalante Arroyo declaró fundado el requerimiento de sobreseimiento que solicitó la defensa técnica de los imputados José María Huamán Ruiz, Verónica Margarita Fernández Pinedo, Sara Mariela Mujica Mostacero, Zoila Adriana Milla Rodríguez, Esmeralda Rodríguez Rodríguez, Gilmer Augusto Díaz Tello, Asunción Carbajal Valverde, Manuela Portales Pairazamán y Ángel Efraín Paredes Quipuscoa.

Para el Juez Eudosio Escalante Arroyo, el Ministerio Público no acreditó ni demostró que los bienes adquiridos por los imputados tengan una procedencia ilícita.

Como se sabe, el rector de la Universidad San Pedro de Chimbote, José María Huamán Ruiz, fue condenado el pasado viernes 21 de abril a tres años de prisión efectiva (es buscado por la Policía), luego de ser hallado responsable del delito contra el patrimonio en la modalidad de fraude en la administración de personas jurídicas, en agravio de la Universidad San Pedro de Chimbote, en el denominado caso “abogado fantasmas”.

Fue la jueza del Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia del Santa, Krist Díaz Gonzales quien consideró que está probado que José María Huamán Ruiz en su condición de Rector de la Universidad San Pedro, se apropió de más de 3 millones 355 mil soles bajo el mecanismo fraudulento de “abogados fantasmas”, pagando por asesorías en casos ya resueltos en el Poder Judicial y que involucraban a dicha casa de estudios.

Por esa razón, también fueron condenados con 3 años de prisión efectiva, los abogados Tania Baca Escurra quien simuló un cobro de 688 mil 632 soles; Cesar Varas Rosas a quien se le giró cheques por 507 mil 600 soles; José Luis Quezada Pisfil que registra pagos por 146 mil 800 y Alberto Toro Castro quien recibió 129 mil 800 soles, mediante cheques que fueron endosados y firmados a favor de Leo Michael Jumpo Jacinto, un sexto imputado, quien recibió la misma condena.

El abogado Alberto Toro Castro, fue el único presente en la audiencia, pues él mismo asumió su defensa técnica, razón por la cual, una vez leída los lineamientos de la sentencia, fue enmarrocado y detenido para ser trasladado en las próximas horas al Penal de Cambio Puente donde cumplirá su condena.

En este mismo proceso penal, se reservó el derecho de pronunciarse en contra de la sétima imputada, abogada Martha Alfaro Pérez, quien desde la audiencia anterior, que fue declarada reo contumaz tiene orden de captura a nivel nacional. Solo una vez que sea puesta a disposición del Juzgado, tendrá derecho a realizar sus alegatos de cierre y luego de ello, se le leerá su sentencia.

Finalmente, quedaron excluidos del juicio por fallecimiento, los abogados Manuel Lachira Chambergo (esposo de Martha Alfaro Pérez) y Manuel Jacinto Teque, para muchos el operador de todo este tinglado que tuvo como único objetivo, apropiarse de ingentes cantidades de dinero de la Universidad, bajo la coartada de pagos a abogados que nunca realizaron un trabajo efectivo y cierto en favor de dicha casa de estudios.