La Tercera Fiscalía Superior ha ordenado que la Fiscalía provincial proceda a formular acusación contra el ex comando Edinson Torres Corso (a) “Chilipino” por delito de Homicidio en agravio de Roberto Torres Blas, como consecuencia de su participación en el primer atentado criminal perpetrado contra el ex consejero regional Ezequiel Nolasco Campos.
Los hechos están relacionados con el ataque perpetrado en la vivienda del ex consejero en Julio del año 2010, cuando la denominada red de corrupción ordenó la eliminación de Ezequiel Nolasco y apeló a una serie de maleantes que fallaron en el disparo final pues solo consiguieron dejar mal herido a Nolasco Campos y asesinaron a su hijo político, Roberto Torres, quien recibió un impacto de bala en el cuello.
Este atentado es por todos conocidos, se sabe que uno de los que tomó parte fue este sujeto “Chilipino” que al ser detenido vestía nada menos que un polo amarillo del movimiento político “Cuenta Conmigo” que lideraba César Álvarez Aguilar.
Sucede que el maleante fue denunciado y procesado por el ataque contra el ex consejero Ezequiel Nolasco, aquella investigación mal direccionada y que terminó por dejar fuera a muchos de los responsables, al extremo que en el caso de “Chilipino”, quien fue el único de aquel grupo que fue condenado, no lo comprendieron por el crimen de Roberto Torres sino solo por las lesiones graves inferidas a Ezequiel Nolasco.
Por ello es que al llegar este caso a la Corte Suprema, por el recurso de nulidad que planteara la defensa del sentenciado, la máxima instancia jurisdiccional no solo confirmó la responsabilidad y la pena impuesta a “Chilipino” sino que observó que este sujeto no había sido procesado por el asesinato a pesar que existían pruebas de su participación en el ataque a la vivienda de Nolasco, razón por la cual ordenó que el Fiscal Provincial competente proceda a abrir la investigación pertinente y se procese al sentenciado por el delito que estaba pendiente.
Todo marchaba bien hasta que el caso llegó a manos del Fiscal Carlos Moreno Rentería quien de manera incomprensible se pronunció por el archivamiento de los cargos alegando que no se habían corroborado los mismos, una posición necia y absurda si se tiene en cuenta que los cargos derivan de hechos que fueron juzgados y comprobados, al extremo que al sujeto ya había sido condenado por los mismos.
Sin embargo, el Juez Luis Pérez Granados no aceptó el planteamiento de sobreseimiento del Fiscal y en el entendido que consideraba que el caso debería ser evaluado por la instancia superior lo remitió a la Fiscalía Superior, instancia en la cual han coincidido con su posición y entienden que debe expedirse acusación contra el investigado.
En realidad la petición de sobreseimiento del fiscal provincial no tenía sentido alguno si se tiene en cuenta que los cargos derivaron de un proceso penal ya realizado, de actuaciones judiciales en las que quedó acreditada la responsabilidad del investigado, tanto así que ha sido condenado por uno de los delitos que se perpetraron en aquella ocasión.
Resulta realmente absurdo que se pretenda archivar este proceso cuando media una condena por delitos derivados del mismo hecho, si se hubiera optado por ese camino se estaba dejando sin piso la condena que ya tiene la calidad de cosa juzgada.
Aquí ya no valen criterios jurídicos o análisis de alguna otra perspectiva, es una cuestión de lógica que llama poderosamente la atención que el Fiscal Provincial no haya tomado en cuenta pues se corría el riesgo no solo de perjudicar un proceso ya fenecido sino de dejar en la impunidad graves delitos cuya sanción es reclamada desde varios sectores de la colectividad y, esencialmente, por la familia agraviada. No se puede olvidar que después de este primer ataque ninguna autoridad escuchó y protegió al ex consejero regional a pesar que gritaba a todo pulmón que querían matarlo y la mafia lo hizo el 14 de marzo del 2014. Este segundo crimen también debe ser drásticamente castigado en el curso de los próximos meses.
PESQUISAS PENDIENTES
No cabe duda que el proceso penal vigente es mucho más expeditivo, promueve la celeridad a efectos que se pueda tener una sentencia sin necesidad de tener que esperar muchos años, empero, siempre tiene sus excepciones y es más complejo que el anterior, por ello es que algunos casos se extienden mas de la cuenta.
Al margen del conocido Caso “La Centralita”, en el cual han transcurrido tres años sin que se haya expedido ni siquiera la acusación y por ello hay algunos investigados que dejarán las cárceles en el curso de los próximos días, existen otros casos emblemáticos en los cuales los Fiscales se han visto precisados a demandar plazos ampliatorios.
Lo curioso es que se trata de casos en los cuales hay flagrancia o por lo menos pruebas fehacientes de los hechos cometidos, como el caso del ex ejecutor coactivo de la Municipalidad Provincial del Santa Adolfo Varas Vásquez, sorprendido en una celada con el dinero de una coima, o, el crimen de la mujer ultimada a balazos por su marido celoso.
En ambos casos parece no existir mayor complicación para establecer los ilícitos investigados, por lo menos en uno de ellos el autor no ha podido negar los hechos porque fue detenido con el arma en la mano a pocos metros del lugar del crimen, mientras que en el otro si bien se niega los cargos hay de por medio una celada que debería dar lugar ya a un enjuiciamiento a efectos de establecer su existe o no responsabilidad.
Sin embargo, en ambos casos los Fiscales han solicitado nueve meses más para investigar, han apelado al plazo máximo y todo indica que se toman su tiempo para recopilar las pruebas a pesar que las evidencias saltan por sí solas.
Habrá que seguir esperando, se pensaba que estos dos sonados casos podrían terminar de una buena vez, acapararon la atención de la colectividad cuando se perpetraron y por ello la población no le quita los ojos y espera de sus magistrados una correcta actuación al momento de acusar un sentenciar. Son dos pesquisas pendientes por las cuales habrá que esperar un poco más.