DENUNCIA
En estos días se viene haciendo mucho alarde respecto a una denuncia formulada por el congresista Carlos Domínguez Herrera contra el alcalde de Nuevo Chimbote y 12 consejeros del gobierno regional por presunto delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones. Lo que sucede es que con una inusitada celeridad y sin discriminar nada sobre los cargos imputados, el fiscal Guillermo Lizarzaburu de Huaraz ha admitido la denuncia ordenando una investigación en el plazo de 120 días. Lo que extraña es que el fiscal no haya percibido el tufo político de esta denuncia, ni siquiera se ha preguntado cómo podría incurrir en usurpación de funciones el alcalde de Nuevo Chimbote respecto de terrenos de Chinecas y lo más grave es que en su caso la sede del delito no es Huaraz sino el distrito de Nuevo Chimbote, por lo tanto deberían haber remitido los antecedentes de la denuncia, si considera que es pertinente, a la fiscalía de turno de Nuevo Chimbote con respecto al alcalde sureño. Las reglas de la competencia son como la tabla del 2 en matemáticas. Ahora bien, de primera intención ¿se podría considerar que los consejeros regionales han incurrido en abuso de autoridad y usurpación de funciones cuando sancionan un acuerdo dentro de sus funciones?. Parece que el Fiscal no ha advertido que la transferencia de las 1.040 hectáreas de Chinecas a favor de la Superintendencia de Bienes Nacionales no la decreta el Consejo Regional sino que es una medida del directorio de Chinecas con voto del mismísimo Waldo Ríos y esto lo publicaron todos los medios. Lo que hizo el consejo regional es apeobar ese acuerdo porque así lo establece el procedimiento. Pero aún hay más, esta transferencia forma parte de un procedimiento que aún no ha culminado, que ha sido remitido a la Superintendencia de Bienes Nacionales a efectos que lo ratifique, lo observe o lo impugne, en otras palabras si la instancia competente aún no ha emitido su dictamen sobre este acuerdo ¿Cómo el Fiscal pretende investigar su ilicitud? Debe tener un poco de cuidado el representante del Ministerio Público, porque por quedar bien con el congresista el abuso de autoridad podría correr por su cuenta.
ORDEN II
Ayer nos preguntábamos que habría querido decir el flamante Director Regional de Educación con eso de “poner orden en las ugel’es” y ahora sabemos que significaba que ingresaba con el pie en alto. El mismo Miguel Arista publicó en el Facebook que al promediar las 10.00 de la mañana estaba llegando con un equipo de la Dirección regional de Educación de Áncash a las oficinas de la UGEL Casma con la finalidad de investigar un presunto desvío de fondos destinados a los pagos de las AFP de los trabajadores en la jurisdicción de esa provincia. matizado con fotografías en la que se le ve caminando en las dependencias casmeñas y otras en las cuales los funcionarios interrogan y acopian documentos relacionados a la pesquisa. En el mensaje que envía a toda la comunidad educativa advierte que “está cumpliendo la disposición del Gobernador Regional de poner orden en el sector educación”. Parece que Don Miguel Arista tiene apuros en sacudirse de ese lastre de “comando” que le han endilgado en muchos sectores por el hecho de haber tomado parte en la gestión de César Álvarez y quiere demostrar con la lucha anticorrupción que no comparte esos mecanismos de enriquecimiento.
INVESTIGADO
A quien se le viene la noche es al ex Director de Salud de la Red Pacífico Norte, Lincoln Correa Zúñiga, quien seguramente pensaba que pasaría piola después que lo sacaron del cargo de una parada en el occipucio, sin embargo, la Fiscalía se ha encargado de volverlo a la realidad. En realidad la insistencia de la defensoría del Pueblo, a través de su comisionada en Chimbote, Dra. Rosslyn Villanueva Ramírez, es la que ha permitido que se encausen las denuncias relacionadas con la falsificación de los formatos de atención médica correspondiente al SIS para simular atenciones médicas que no se realizaban y de esta manera poder cobrar un plus que otorga el MEF cuando advierte eficiencia en el trabajo. Sin embargo, en este caso la falsificación de los formatos de atención tendrían por finalidad enriquecer y robustecer sus bolsillos, por ello es que el Fiscal Jaime Jesús Li García ha dispuesto el inicio de una investigación preliminar. En realidad este caso es bastante grave, la Defensoría consiguió acceder a 1,550 fichas de diversas postas de salud junto al representante del SIS y cuando hicieron el cotejo con las firmas de las personas que figuran en el RENIEC se dieron con la sorpresa que los documentos fueron falsificados. Si las cosas son así habrá que alistarse para recibir en el banquillo de los acusados a uno de los tantos funcionarios de Waldo Ríos que en realidad fueron solo “aves de paso”.