Editorial

Editorial: ::: BUSCANDO JUSTICIA :::

De acuerdo a los plazos y las diligencias que se han actuado hasta la fecha ha llegado el momento crucial para que la administración de justicia sancione a los responsables del alevoso y cobarde doble crimen perpetrado en el distrito de Nepeña, frente al poblado de Huacatambo, en donde asesinaron de manera cruel al alcalde de Samanco, Francisco Ariza Espinoza y al asesor legal externo Henry Aldea Correa.

Por ello es que el Ministerio Público hizo llegar la semana pasada su acusación escrita al Juzgado Penal que despacha el Juez Roma Cruz Avilés, quien ha iniciado el procedimiento de revisión de los cargos y la notificación a las partes a efectos que tomen conocimiento de la disposición fiscal y con sus observaciones o sin ellas proceda a señalar fecha y hora para que se lleve a cabo la audiencia de control de acusación, que es la fase previa al inicio del juicio oral.

Con este documento el Fiscal Edwin Cipriano Lozano ha planteado su teoría del caso, ha señalado los móviles que llevaron a los acusados a perpetrar este execrable crimen y ha deslindado la responsabilidad que alcanza a cada uno de ellos con los elementos de prueba que corroboran su participación en el atentado.

Se trata de uno de los crímenes que más ha conmovido a la opinión pública chimbotana en la historia policial de nuestro puerto, jamás se observó tanto ensañamiento y tanta maldad en un atentado contra la vida de dos personas, inclusive, aun cuando es un hecho perpetrado mediante la modalidad de crimen por encargo,

Por ello es que el representante del Ministerio Público no ha vacilado en echar mano a los máximos rangos de castigo que señala la ley penal y viene solicitando se imponga la pena de cadena perpetua para cinco de los involucrados, aquellos que son acusados por delitos de sicariato y asociación ilícita para delinquir, en otras palabras para los autores directos de este doble crimen.

Ello son el abogado Carlos Bazán Castro, el reclutador de sicarios Marcos Vásquez Julca, más conocido como “Chileno” y los sicarios Miguel Junior Solsol Contreras, Ayrton Casahuaman Castañeda y Luis Enrique Matienzo Fernández,

Ellos son considerados como los autores intelectuales y materiales del atentado criminal y junto a ellos se encuentra el exalcalde Jaime Casana Escobedo a quien no se le pide cadena perpetua debido a su avanzada edad, porque supera los 65 años y en esos casos la ley dispone que tienen responsabilidad restringida y su castigo es menor, por ello es que para este ex alcalde, quien es el único que se mantiene como prófugo en esta causa penal, se ha solicitado una pena de 25 años de prisión.

Pero además de este primer grupo de acusados, existe un segundo grupo de cómplices primarios y ellos son nada menos que la ex alcaldesa y los cinco regidores de su gestión que siempre tuvieron conocimiento del plan de asesinato contra el alcalde y no solo no dijeron nada sino que compartieron los designios asesinos de su mentor Jaime Casana, por ello es que el magistrado ha solicitado se les aplique penas de 33 años de prisión teniendo en cuenta la condición de autoridades que tenían en el momento de los hechos.

Finalmente, el tercer grupo de acusados lo integran aquellos que han contribuido en la ejecución del crimen, llámese elementos de contención, distracción o los choferes que manejaron los vehículos que se utilizaron en este cruel asesinato, para quienes el fiscal ha solicitado penas que oscilan entre los 21 y 25 años de prisión.

De esta manera se construye la acusación del Fiscal, otra de las piezas claves para el éxito del proceso penal, pues se ha llegado a establecer que los verdaderos móviles que llevaron a estos sujetos a cometer este doble homicidio es el lucro, se obnubilaron con la ambición de manejar las riendas de un municipio que siendo pequeño y supuestamente de bajo presupuesto, resultaba una mina de oro para quienes son proclives a la corrupción y el aprovechamiento.

Justamente, la investigación ha permitido establecer que uno de los objetivos de los criminales era nada menos que el Balneario de Besique, en donde el asesinado alcalde y su asesor habían consolidado un convenio con una empresa constructora a efectos de llevar adelante un proyecto inmobiliario que transforme esta playa en un punto turístico que permita explotar las bondades que tiene.

Los asesinos pensaban que tomando las riendas de la comuna distrital podrían haberse enriquecido con el proyecto inmobiliario en la medida que lo manejarían por los canales de la corrupción, en medio de los turbios manejos delincuenciales que se tejieron, por ejemplo, en la Playa de Tortugas unos años antes con el ex alcalde Rommel Meza Cerna y uno de cuyos puntales fue, precisamente, el abogado Carlos Bazán Castro que después de asesorar al alcalde de Casma se asoció con el entonces candidato de Samanco Jaime Casana aun cuando este estaba inhabilitado.

No se puede soslayar que la precaria situación judicial que ostentaba Casana Escobedo, quien había sido condenado antes de postular a la reelección y por cuyo motivo no pudo juramentar el cargo, fue otro de los factores que derivaron en este doble crimen pues si bien es cierto Bazán y Casana eran conscientes de este antecedente penal, pensaron que podrían manejar a un hombre tranquilo e inexperto como Francisco Ariza, empero, se equivocaron, aquel no permitió que lo manipulen y ello los llevó a tener que concretar otras medidas para manejar la comuna distrital.

Es allí en donde entran a tallar los ex regidores hoy presos por su complicidad en el crimen, ellos se prestaron no solo para boicotear la gestión de Ariza sino que tuvieron conocimiento del crimen y participaron de él.

Ya las fichas están en la mesa del juzgado, el día de ayer se ha ventilado el pedido de ampliación de la orden de prisión contra todos ellos por 18 meses más, lo cual se justifica a efectos de garantizar el correcto desarrollo del juicio oral, lo que quiere decir que en solo unas semanas se debe estar ventilando públicamente esta pesquisa y este año tendremos la condena final para uno de los crímenes más perversos que se conozca en Chimbote. Esperemos que los jueces tengan en cuenta esta situación y alivien la sed de justicia que nos agobia a los chimbotanos con este miserable doble crimen.