La semana pasada se pudo conocer que el Ministerio Publico ha acogido la denuncia penal formulada por el Colegio de Abogados del Santa y ha dispuesto el inicio de una investigación preliminar por espacio de 60 días en contra de los ex Decanos de dicha orden profesional, Richard Villavicencio Saldaña y Sabino Ponce Rosso.
La disposición fiscal ha sido expedida por la titular de la segunda Fiscalía Provincial Penal a cargo de la Dra. Alejandra Nieto Cerda, quien ha dejado abierta la posibilidad de incorporar en el camino a otros que resulten responsables de los hechos que han sido materia de la denuncia penal.
Los delitos investigados serán de fraude en la administración de personas jurídicas y, como ya es de dominio público, se derivan de una auditoría ordenada por la gestión del actual Decano Mirko Alva Galarreta, quien al asumir el cargo ordenó un corte contable a efectos de indagar el manejo de los recursos de la institución.
De acuerdo a la denuncia, se recogen las conclusiones de una auditoría que se realizó con todas las garantías necesarias para los investigados, es decir, se solicitó información el descargo respectivo a los que podrían hallarse involucrados, lo cual se advirtió en el curso de la asamblea general que fue pública y en la cual se verificó que se le otorgó la posibilidad a los investigados de replicar todo lo que consideren pertinente.
Sin embargo, en la disposición fiscal que abre esta investigación se aprecia que se han detectado una serie de malos manejos en gastos no justificados, ausencia de actas, boletas y hasta transferencias que han dejado mucho margen para la duda. Una de ellas que se mencionó es la relacionada con la cancelación de una cuenta en la Caja Municipal y la apertura de otra pero con una diferencia de 50 mil soles menos.
Este un hecho que deberá investigarse exhaustivamente en la medida que los cargos, por sí solos, dicen de un manejo abiertamente irregular y hasta delictivo, empero, el ex Decano Sabino Ponce ha informado a los medios de comunicación y ha mostrado documentos que evidenciarían que no existió tal cancelación de cuentas y menos la apertura de alguna otra cuenta a nombre de la entidad.
Según la denuncia esto habría ocurrido cuando ya el ex Decano había dejado el cargo y no tenía atribuciones para disponer de las cuentas y el dinero que existe en ellas, empero, dice la denuncia que aprovechando que aun mantenía vigente los poderes de representación del gremio de abogados, Ponce Rosso habría realizado una triangulación que ha generado un perjuicio a la orden profesional.
Pero el ex directivo ha desmentido esta acusación, ha señalado que si bien es cierto que se retiraron dineros de esta cuenta ello obedece a una medida unilateral y arbitraria de la entidad financiera de pretender cobrarse por un préstamo pendiente sin que exista una autorización por parte de la institución.
Allí habría no solo una actuación irregular por parte de la entidad financiera que nadie entiende porque no ha sido recusada o denunciada, sino que habría un ocultamiento de información por parte de la actual directiva que debería saber que no se trata de la operación fraudulenta a la que se hace alusión en la denuncia penal sino de una acción arbitraria que debería haber generado un protesto a efectos e cautelar los fondos y recursos que tenía el Colegio de Abogados en la aludida cuenta.
Lo que no entendemos como es que esto que señala ahora el ex Decano no ha sido materia, por ejemplo, de un esclarecimiento a nivel de la propia asamblea que realizó el Colegio de abogados o mediante comunicaciones al Ministerio Público antes que emita una disposición fiscal en la que recoge como ciertos los cargos incriminatorios.
Sin embargo, para eso está la etapa preliminar de una investigación, para que se deslinden responsabilidades y para que la autoridad pueda hurgar no solo en los documentos que forman parte del acervo contable de la institución, sino con informes que se demanden a través de mecanismos más firmes como el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria.
Se debe tener en cuenta que existen movimientos de cuentas y recursos con cifras bastante importantes, lo que requiere de una exhaustiva pesquisa, más aun cuando media en este caso un Peritaje Contable que ha sido elaborado por auditores que conocen el manejo de dineros que forman parte de una recaudación y de un patrimonio que debe ser cuidadosamente observado por quienes asumen los cargos directivos.
Los cuestionamientos en el Colegio de Abogados del Santa no son nuevos, se prolongan en el tiempo, se han venido analizando y debatiendo hace ya bastante tiempo, diríamos que desde que se inició este año y accedieron a la junta directiva otros profesionales que rápidamente advirtieron el sospechoso manejo de las cuentas de la institución y por ello plantearon a la asamblea de agremiados la contratación de una empresa auditora a efectos que se indague como se han administrado los recursos.
De allí que esta disputa legal se cierne como bastante áspera y candente, tanto denunciantes como denunciados son profesionales que conocen su oficio, de allí que las pruebas de cargo y descargo tendrán un apreciable valor como para poner en una balanza quienes son realmente los que tienen la razón.
Por lo demás el actual Decano Mirko Alva Galarreta solo ha cumplido el mandato soberano de la asamblea de agremiados, ha sido esta instancia la que ha decidido que se formulen cargos incriminatorios ante el Ministerio Público., esto no es producto del capricho de algún grupo de asociados sino que es la voluntad de la mayoría de afiliados al gremio de abogados que necesitan saber qué destino se ha dado a los recursos que ellos han aportado.
Lo importante es que esta disputa legal elevará el nivel del debate habida cuenta del rango profesional de quienes son partes de esta pesquisa, además que el Ministerio Público no le pierda la huella a este caso, se trata de candente investigación que, al margen de quienes son los propietarios de los dineros desaparecidos, interesa a la colectividad chimbotana conocer el desempeño de quienes en un determinado momento fueron los responsables de la instituciones de vanguardia de nuestra comunidad.