MUCHA FOTO
La denuncia que hizo el consejero regional Edwin Ipanaqué sindicando al gerente regional Nicolás Molina de presionar al Director Regional de Transporte, Roger Celmi Ramírez para que le entregue un cupo de 50 mil soles a efectos de mantenerse en el cargo, es una cosa sumamente delicada que se debe investigar a efectos de establecer si se trata de hechos ciertos de corrupción o solamente es una maniobra para conseguir prensa y espacios como lo hacen algunos. Decimos esto porque este caso está siendo utilizado por muchos para hacerse de un trampolín mediático, para salir al fresco y anunciar que denunciarán este caso ante la Fiscalía de la Nación, ante la contraloría, ante la defensoría y ante muchas otras instancias. Seguramente que son buenos deseos de políticos que han hallado la manera de estar en la parrilla mediática de estos días pues su intervención ya resulta innecesaria si se tiene en cuenta que uno de los primeros que acudió al Ministerio Público para demandar que se investigue este hecho es el propio Gobernador Luis Gamarra Alor. El mismo día que salió la información en los medios de comunicación, el Gobernador estaba en el despacho del Dr. Jorge Temple, en Huaraz, pidiéndole que investigue este caso, por lo que fue instruido de la manera como se debería canalizar la denuncia y así se hizo. En otras palabras el Ministerio Público ya tiene en sus manos este caso desde el primer día y lo recibió de manos del más interesado en que se esclarezca, es decir, el Gobernador, de allí que las demás denuncias solo están allí para la foto.
PRUEBA
Ahora viene lo bueno, la Fiscalía ha comenzado a notificar al ex Director de Transporte Roger Celmi para que ratifique esta denuncia y si lo hace debe aportar las pruebas de esas presiones o exigencias de dinero, debe identificar a las personas que dicen haberlo visitado y que dicen haber utilizado el nombre del gerente regional. Esto es evidente porque si no tiene pruebas se verá en serios aprietos. De la misma manera, el consejero regional Edwin Ipanaqué tendrá que responder al Ministerio Público sobre las razones y la modalidad como grabó al funcionario regional, pues constitucionalmente está prohibido grabar conversaciones privadas sin el consentimiento del interesado, si el consejero no demuestra que su interlocutor lo autorizó a grabar la charla que sostenía en la que se hicieron graves revelaciones y se describieron conductas delictivas también se verá en problemas. Y si el consejero tampoco tiene pruebas de esta autorización, el medio probatorio se convertiría en ilícito, no solo habría incurrido en un delito doloso y podría ser denunciado penalmente sino que la grabación podría ser declarada judicialmente nula. Y es que cuando ocurren estas cosas se deben hacer las denuncias antes de y no después porque si es que una escucha no está respaldada por una autoridad judicial sencillamente no tiene valor. Mucho cuidado cuando se hacen estas denuncias alharacosas y después no se tiene como respaldarlas.
UNO MAS
El alcalde de San Marcos, distrito de la provincia de Huari y uno de los más beneficiados con el canon minero de Ancash, Leonardo Félix Chávez Alfaro, se ha convertido en una de las tantas autoridades de nuestra región que estando en ejercicio de sus funciones recibe un mandato de prisión por la comisión de delitos contra la función pública. La Sala Penal ha confirmado la orden del Juez que le dictó nueve meses de prisión preventiva, con lo cual se agota la instancia y se convierte el fallo en definitivo, en otras palabras o el Alcalde se mantiene en la clandestinidad como prófugo de la justicia o se pone a disposición y es internado en el penal de Huaraz a la espera que se deslinde su responsabilidad en el juicio que se le ha iniciado por delito de Cohecho Pasivo. Lo que va a ocurrir es que ahora el pleno municipal del distrito de San Marcos tiene que elevar el pedido al Jurado Nacional de Elecciones para que le entregue las credenciales al primer regidor Rubén Brioso Melgarejo para que asuma las funciones de alcalde provisional mientras se prolongue la situación jurídica de Chávez Alfaro. En este espacio dijimos desde un primer momento que la suerte de Chávez Alfaro estaba echada desde el mismo momento que lo intervienen en una celada con cinco mil soles y una factura en blanco que había recibido de un proveedor a quien le pidió esa suma de dinero para que habilite el pago de una suma mayor por un trabajo que había realizado en ese municipio. Eso es suficiente hasta para enviarlo a Alcatraz.