Editorial

::: EDITORIAL ::: NO MÁS ATROPELLOS :::

El consorcio español OHL que está encargado de ejecutar la obra de la autopista en la panamericana norte y que administra la garita de Peaje Vesique, dio marcha atrás en sus pretensiones de retomar el cobro de la tarifa por uso de la vía nacional y anunció que la suspensión se mantendría hasta nuevo aviso.

Esta decisión la adoptó la empresa transnacional luego que la alcaldesa provincial Victoria Espinoza García y el alcalde de Nuevo Chimbote, Valentín Fernández Bazán rechazaron públicamente el anuncio realizado por OHL a través de un comunicado y advirtieron que la sociedad civil saldría nuevamente a las calles para expresar su repudio a estas muestras de aprovechamiento por parte de una empresa que ni siquiera ha cumplido sus compromisos.

Se refieren de esta manera a la obligación que tiene pendiente la empresa española para trasladar la garita de peaje de vesique hacia el Km. 402 de la carretera Panamericana Norte, en el límite de las provincias de Santa y Casma en donde sí estaría habilitada para ejercer algún cobro por cuatro las obras que ha ejecutado se encuentra a nivel de esa vecina provincia.

Este es un tema ya superado, se dijo hasta el cansancio y se admitió en una reunión de autoridades con funcionarios del Ministerio de Transportes, que la empresa española no podía cobrar a los usuarios de la misma provincia por trabajos que aún se encuentran pendientes de ejecutarse, razón por la cual aceptaron realizar el traslado de la caseta y suspendieron el pago hasta en tanto se culminen estos trabajos.

Sin embargo, ahora bajo el pretexto de los daños generados por el “Niño Costero” cuya emergencia ya ha quedado atrás, la misma empresa pretendió retomar el cobro, pensando que los chimbotanos no tienen memoria o que agacharían la cabeza ante la viveza y audacia de empresarios acostumbrados a estas maniobras.

Sin embargo, las autoridades ediles han sido claras y tajantes al no permitir este nuevo atropello y abuso contra los bolsillos de los transportistas locales y tras anunciar la convocatoria a nuevas marchas y plantones, la empresa ha optado por impedir enfrentamientos y dio marcha atrás en este pretendido cobro.

Y es que en este tema hay algo más que la astucia de empresarios de imponer nuevos pagos pues desde que se firmó el acta de conciliación en la sede del Ministerio de Transportes, acordándose de mutuo acuerdo el traslado de la garita, hasta la fecha no se advierte que se haya realizado trámite, gestión o trabajo alguno para concretar este cometido, en otras palabras, no se advierte la voluntad de los empresarios de ejecutar este acuerdo.

Si es que la empresa tuviera la intención de plasmar este acuerdo ya habría realizado los trabajos de acondicionamiento y la construcción de la nueva garita en el sector que se ha señalado en el acta de conciliación, empero, se observa que no hay indicios que nos hagan pensar que pronto se pueda concretar este traslado.

Esta es una situación similar a la que se presenta con el proyecto de la Vía de Evitamiento, obra que por acuerdo con el Ministerio de Transportes, también será ejecutada por el consorcio español OHL que tiene a su cargo la remodelación de la carretera Panamericana Norte, empero, después de la colocación de la primera piedra, no se advierte que se haya avanzado algo para ejecutar esta obra, menos aún las habilitaciones por parte de agricultores que están invadiendo el trazo realizado para la vía de Evitamiento.

En efecto, muchos deben recordar que el 23 de julio del año pasado, cuando el expresidente de la república Ollanta Humala colocó la primera piedra de la futura vía de Evitamiento de Chimbote, se dijo que los trabajos se iniciarían recién en el plazo impostergable de 90 días en la medida que existía la necesidad de habilitar  los terrenos que estaban invadidos por los agricultores, cosa que era comprensible.

Sin embargo, pasaron los tres meses de plazo y nos encontramos con que la empresa no había movido un solo dedo, por el contrario, dispuso el pago en doble vía en su garita de peaje, incrementando el costo porque hasta entonces solo lo hacía en un solo sentido y resultaba más accesible para los transportistas.

Esto generó la reacción de las autoridades locales, pues ya no solo se burlaban de los chimbotanos con la indiferencia ante un  proyecto anhelado como la vía de Evitamiento sino que se pretendía cobrar a transportistas que diariamente cubren rutas dentro de la misma provincia a pesar que hasta la fecha no han realizado trabajo alguno en nuestra jurisdicción pues las obras han sido entregadas hasta Casma.

Por ello es que se rechazó las pretensiones del consorcio español que ha utilizado las graves secuelas del Niño Costero para intentar retomar un pago que hasta la fecha sigue siendo una insolencia para los chimbotanos y los pobladores de la provincia del Santa, más aun cuando advertimos que este mismo consorcio se muestra indiferente frente al proyecto de la vía de Evitamiento.

No le ha quedado otro camino que echarse para atrás, que anunciar que solo se han retomado los cobros en garitas de otras provincias como Huarmey en donde tras superarse los estragos del Niño Costero si existen motivos fundados para recuperar su inversión.

Sin embargo, como dice ese conocido adagio popular “no hay mal que por bien no venga” esta malhadada pretensión ha motivado que se remueva un tema que es fundamental como es la Via de Evitamiento cuya ejecución es vital para aliviar el serio problema del congestionamiento del transporte que se observa en el casco urbano de Chimbote y que sigue siendo uno de los problemas álgidos que agobía a la población.

Es momento que la alcaldesa y las demás autoridades se pongan fuertes y demanden al Ministerio de Transportes que emplace de una buena vez al consorcio español a que concrete los acuerdos que quedaron pendientes no solo en lo que compete al traslado de la garita de peaje sino al inicio de la ejecución de la vía de Evitamiento, que muestre los avances que ha plasmado en estos dos temas y que si se demuestra, como lo vemos todos, que no ha afianzado gestión alguna entonces que se sancione este accionar, que se busque la alternativa de entregar la obra a otro operador y que se determine que no volverá a establecer el peaje mientras no lleve su garita al lugar señalado. Es momento de apretar nuevamente el acelerador de la presión social.