Hace un año y medio aproximadamente, en este mismo diario se dio a conocer la actuación deshonesta e indebida de una Juez suplente que al momento de ingresar al recinto judicial registró su llegada a una hora diferente a la que ella se producía con la evidente pretensión de impedir que se detecte su tardanza y el perjuicio que ello generaría a la administración de justicia.
Este hecho fue protagonizado por la juez Patricia Peralta Gambini, quien fue sorprendida por la prensa en esta grave falta porque ella misma había convocado a una audiencia pública en el juicio que por entonces se le seguía al hoy prófugo de la justicia Luis Arroyo Guevara, por lo tanto si ella misma convocaba a una determinada hora se suponía que debería estar antes del inicio de la misma.
La diligencia se había fijado para las 7.20 de la mañana, hora en la que llegaron el Fiscal y el procurador, quienes esperaban el arribo de la Juez y del investigado que, curiosamente, no se asomaba aparentemente porque asumía que la diligencia no se llevaría a cabo.
Lo cierto es que ante la prolongada ausencia de la juez los periodistas bajaron a la primera planta para conocer si había llegado al recinto judicial y en la vigilancia que registra el ingreso de los magistrados verificaron que, en efecto, estaba tardando demasiado y ella misma transgredía la convocatoria de la diligencia.
Lo cierto es que los hombres de prensa observaron que llegaba sobre las 7.50 de la mañana, una hora inusual en la medida que el horario de ingreso es máximo hasta las 7.45 de la mañana, por lo que se entendía que estaba llegando tarde y peor aún no respetaba el horario de su propia audiencia.
Lo curioso es que luego de firmar el libro de registro de ingresos, los periodistas que registraron su llegada se dieron con la sorpresa que aquella había firmado anotando con su puño y letra que llegaba a las 7.44 de la mañana, lo cual no solo no era cierto sino que cuando los periodistas revisaron la fotografía en la cual la mentada Juez aparecía firmando su registro de ingreso observaron que el reloj de la computadora de la vigilancia indicaba que eran las 7.52 de la mañana, lo que quería decir que esta juez le estaba mintiendo a su propia institución, estaba sorprendiendo a los propios vigilantes que no verifican que los magistrados adulteren la verdad.
Por ello es que, ante la revelación periodística, la oficina de control distrital de la magistratura de la Corte del Santa decide abrirle una investigación disciplinaria con la finalidad de recoger su versión a la cual tiene derecho y de indagar todo lo relacionado con la conducta de la magistrada, quien aquel día se negó a realizar la audiencia a pesar de la presencia del procurador y el Fiscal con argumentos de la huelga judicial que no venían al caso.
Lo cierto es que con la evidencia en mano la juez no desmintió su falta señalando que fue un error, por ello es que en un primer momento una magistrada contralora de la ODECMA propuso que la sanciones con multa equivalente al 0.5% de sus remuneraciones, lo cual fue posteriormente anulado por el ex Jefe del organismo de control, Samuel Sánchez Melgarejo, quien dispuso anular la resolución porque supuestamente no se había motivado como corresponde.
Sin embargo, a pesar que ya la Juez había admitido su falta, al retomarse la investigación la Juez presentó el testimonio de una servidora judicial que admite haberse encontrado con la magistrada a las 7.25 de la mañana quien le preguntó por el sistema de audio y vídeo de la sala de audiencias.
Es curioso que a esa hora solo la servidora judicial haya visto a la juez pero ni los periodistas y menos los vigilantes la ubicaron, lo cierto es que este solo mérito de una sospechosa declaración, ha sido suficiente para que el Juez de la ODECMA, Jorge Chávez Tamariz, considere que la investigada no había cometido una infracción en la medida que si fue vista a la hora mencionada se supone que ya se encontraba desplazándose por el recinto judicial dentro de su horario.
Realmente no sabemos si ante esta fundamentación tendremos que reír o llorar pues es realmente inaudito que un magistrado pueda resolver una contingencia “presumiendo” que en mérito de una declaración se pruebe y demuestre que aquella ya no estaba en falta.
Ello porque hasta un estudiante de derecho sabe y entiende que la única manera de probar el ingreso de una persona es mediante la verificación del marcado de una tarjeta o de la firma de asistencia de los magistrados, de tal suerte que si en el libro aparece una determinada hora, un juez no puede presumir que el ingreso ha sido antes por que lo dice una servidora judicial.
Esto es realmente descabellado, el juez Jorge Chávez Tamariz deja de lado la prueba eficaz de la firma en el libro de registro y la fotografía que demuestra que la investigada ha infringido la buena fe de su institución al falsear la verdad, incluso ha dejado de lado la confesión inicial de la investigada que reconoció que había insertado una hora diferente a la que llegó por un error, por una mera declaración de favor.
Lo que es más grave aún, la mentada declaración de la “testigo” no se había insertado en la investigación sino hasta que el caso fue devuelto después de anularse la sanción inicial, una acción realmente sospechosa que da mucho que pensar respecto al desempeño de los jueces y ese mentado espíritu de cuerpo que siempre nos lleva a manifestar que “otorongo no come otorongo”.
Todo indica que las jerarquías de las pruebas se ha perdido en la Corte del Santa y que son capaces de incorporar testimonios de favor solo para promover la impunidad en la entidad encargada de administrar justicia, esto lo está viendo todo el pueblo y saca sus propias conclusiones respecto al deshonesto desempeño de los magistrados.
No aspiramos a demandar que se sancione a como de lugar a una magistrada, lo único que exigimos es que se resuelva con trasparencia, con honestidad y con la ley en la mano, no es posible que se exima de toda responsabilidad y de sanción a una magistrada que ha quedado en evidencia y que por ello reconoció su falta. Estamos ante un caso de blindaje indecoroso que lo único que nos transmite es desconfianza y desaliento frente a los manejos turbios en la entidad encargada de administrar justicia.