En el mes de marzo del años pasado, hace ya un año y medio, la Policía y la Fiscalía detuvieron al ex ejecutor coactivo de la Municipalidad Provincia del Santa, Adolfo Varas Vásquez, luego de haber recibido presuntamente una coima de parte de un transportista para que le anulen una papeleta, hecho que dio lugar a que el ex funcionario edil vaya a parar a la cárcel hasta la fecha.
La denuncia fue formulada por el mismo transportista que tomó parte en esta celada señalando que ya estaba cansado que hagan lo mismo con cientos de transportistas que, desesperados por el ato monto de la multa, eran abordados por malos trabajadores para que “negocien” esa multa pues a cambio de una prebenda podrían dejarla sin efecto.
Ha transcurrido mucho tiempo y se han establecido nuevos funcionarios pero las cosas no parecen haber cambiado en nada al interior de la Comuna pues la semana pasada el regidor Santos Paredes García ha revelado que en esa misma oficina de Ejecutoria Coactiva se vienen negociando de manera delincuencial y descarada las multas, las ordenes de internamiento de vehículos al depósito y todos los documentos en los que los transportistas deben pagar por una infracción.
Y esta denuncia pública no la ha hecho en mérito de un chisme o comentario que haya podido escuchar por los corrillos municipales, por el contrario, ha presentado hasta 15 audios que han llegado a su poder y que contienen conversaciones telefónicas entre empleados de la oficina de ejecutoria coactiva con diversas personas a las cuales se les exige una cantidad de dinero para borrar sus multas e infracciones.
El concejal dijo haber escuchado solo cinco de estos audios y en ellos se escuchaba claramente los negociados que se hacían, ha podido identificar a uno de los trabajadores municipales que toma parte en esta componenda y prefiere que sea la oficina de control interno y la Fiscalía de turno quienes se encarguen estos malos elementos que le hacen mucho daño a la administración edil.
Los medios de comunicación tuvieron acceso a estos audios, ellos se han propalado por las emisoras y su contenido delincuencial es más que evidente, de allí que se espera que el Ministerio Público actúe con diligencia para descabezar a esta organización delictiva que sigue encostrada en la Municipalidad Provincial del Santa y que se lucra con los trámites que deben realizarse en esas oficinas.
La alcaldesa Victoria Espinoza ha reconocido que se trata de hechos que deben ser investigados y por ello ha dispuesto que la oficina de control interno se encargue de este tema, empero, ha dejado sembrada en la opinión pública una sensación de impunidad y permisibilidad que llaman poderosamente la atención.
Ello porque la burgomaestre ha descalificado al denunciante Santos Paredes García y ha puesto en tela de juicio, antes que se investigue, estos hechos incriminatorios al alegar que espera que no se hagan denuncias sin sustento y que solo sirven para ganar titulares en los medios de comunicación como ha ocurrido en otras ocasiones.
Sin embargo, nos imaginamos que la alcaldesa debe haber escuchado los audios y si no lo ha hecho es irresponsable formular esta clase de desplantes al denunciante cuando existen pruebas fehacientes de que algo se pudre al interior de la administración edil de la cual ella es la responsable pues el alcalde responde políticamente por lo que ocurre al interior de su institución y esa es una situación que no puede eludirse.
Hay que tener en cuenta que no es la primera vez que se registran actos de corrupción en la actual gestión de Victoria Espinoza García, ya el ex Jefe provincial de Defensa Civil, Juan Carlos Can Bernuy debió ser destituido del cargo y denunciado penalmente por negociar la entrega de certificados de habilitación a los establecimientos nocturnos a cambio de una suma de dinero que eximía hasta de la inspección a los locales.
Este hecho terminó en los estrados judiciales y el ex funcionario pudo evitar la cárcel efectiva al reconocer sus delitos y acogerse al principio de terminación anticipada, de tal suerte que fue condenado a una pena condicional.
Lo curioso es que en este caso, la alcaldesa no reaccionó como lo ha hecho en esta oportunidad, pues por entonces apenas se le hizo escuchar el audio ordenó el inmediato cese del entonces funcionario edil a pesar que se trataba de uno de los militares leales de su movimiento que trabajó con ella en su primera gestión.
Lo mismo ocurrió cuando su ex Ejecutor Coactivo Adolfo Varas fue detenido en su oficina acusado de cobros de coimas para anular papeletas de infracción, oportunidad en la que tampoco esperó el resultado de una investigación para tomar medidas radicales y disponer el cese inmediato de los involucrados.
Hoy, la alcaldesa no deslinda responsabilidades con la misma energía y contundencia, por el contrario, pone en tela de juicio los audios, se preocupa del mensajero y no del mensaje y deja que los organismos internos de fiscalización se pronuncien cuando es su despacho quien debería hacerlo de primera intención.
Es evidente que la alcaldesa no quiere verse nuevamente involucrada en escándalos, ya son tres denuncias gravísimas de corrupción que se pone al descubierto en su gestión, como no ha ocurrido antes en la historia municipal de Chimbote, sin embargo, esta tenebrosa estadística no la puede hacer perder la ecuanimidad y, esencialmente, su presencia como primera autoridad de la ciudad como para tomar distancia de estos hechos de evidente connotación delictiva.
Ha dejado la alcaldesa una estela de dudas frente a su deslinde con la corrupción en la administración municipal, entendemos que los malos actos y las maniobras oscuras de su personal la incomodan, empero, no se puede soslayar que estamos ante lo que se presume es una Mafia Municipal y ante ello lo que menos se espera de quienes dirigen las riendas de la comuna es un pronunciamiento categórico, se tiene que demostrar que están o no con la corrupción, al margen de quienes fueran los denunciantes. Poner reparos en esto último es realmente ridículo.