Fiscal pidió 9 años para Waldo Ríos:
Se definirá si va o no a juicio oral. Este lunes 9 de octubre, el Juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Justicia del Santa desarrollará la audiencia de control de acusación en el sonado caso “donantes de Waldo Ríos Salcedo”, donde pesa una acusación de prisión efectiva de 9 años en contra del encarcelado y y suspendido gobernador regional de Ancash.
Según la resolución Nº 42 a la que tuvo acceso el “Diario de Chimbote”, la audiencia empezará a las 2.30 de la tarde, donde se hará el control formal y sustancial de la acusación formulada por el Fiscal Anticorrupción Laureano Añanca Chumbe así como se discutirán los pedidos de sobreseimiento (archivo) y excepción de improcedencia de acción que han formulado los acusados.
Como se sabe, en este sonado caso, el Fiscal Anticorrupción Laureano Añanca Chumbe cumplió con rectificar su requerimiento y retiró la acusación por cohecho pasivo en contra de los empresarios José Servat Chocano y Ciro Alegría Verona, a quienes había investigado únicamente por el delito de lavado de activo.
Sin embargo, Añanca Chumbe reformuló su acusación y solicitó 9 años de prisión efectiva en contra del encarcelado gobernador regional Waldo Ríos Salcedo, a quien lo acusó del delito de cohecho pasivo propio.
En cuanto a los nueve empresarios que le donaron en total un millón de soles, (Sabik Soriano Navarrete, Miluska Aldea Correa, Daniel Reynafarje Quiroz, Patricia Quezada Barreda, José Neyra Flores, Javier Contreras Lara, Guillermo Oviedo Velásquez, Miguel Peralta Merino, Christian Cárdenas Depaz) los acusó de cohecho activo genérico y pidió 4 años de pena privativa de la libertad.
En cuanto al delito de lavado de activos, el Fiscal Laureano Añanca Chumbe, solicitó el sobreseimiento (archivo) de la causa en contra de Waldo Ríos Salcedo, los nueve donantes y los empresarios José Servat Chocano y Ciro Alegría Verona, al no haber encontrado elementos de convicción que vulneren la presunción de inocencia de haber utilizado dinero de procedencia ilegal para insertarlo en el sistema financiero, mediante una donación certificada por conducto notarial.