La semana pasada se han cumplido siete meses desde que se registraran en nuestra ciudad y en nuestra provincia los desastres provocados por el Niño Costero, a consecuencia de las fuertes precipitaciones y los desbordes de los ríos de nuestra jurisdicción, dejando una enorme secuela de daños y estragos de los cuales fue complicado salir.
Pese a todo este tiempo, llama la atención que hasta la fecha los gobernantes no han hecho un solo metro de trabajos de rehabilitación y de prevención para los futuros eventos que suelen registrarse en nuestra zona, especialmente durante los meses de verano cuando sube la temperatura del mar y se presentan las lluvias en las partes altas de la sierra.
Por el contrario, durante todo este tiempo el gobierno central se ha dedicado a seleccionar y nombrar a quienes se encargarán de llevar adelante esta reconstrucción, ha nombrado a la autoridad para la reconstrucción con cambios, ha seleccionado a los funcionarios que se encargarán de emprender estos trabajos y coordinar con las autoridades locales, pero de avance efectivo no existe nada hasta la fecha.
Por ello es que la semana pasada los alcaldes de la provincia del Santa en pleno, es decir, los ocho alcaldes distritales y la alcaldesa provincial Victoria Espinoza García, no han vacilado en suscribir un pronunciamiento dirigido al Poder Ejecutivo con la finalidad de emplazarlos frente a esta suerte de desidia e indolencia ante al dolor de muchos pueblos que hasta la fecha no levantan cabeza luego la desgracia.
Los burgomaestres han sido claros y contundentes al señalar que en caso se presenten nuevas desgracias, ellas serán de absoluta responsabilidad del gobierno nacional que no atiende las demandas de las autoridades del interior del país a pesar que existen informes reveladores de organismos que advierten que el peligro acecha a muchas comunidades.
Este es el caso de la provincia del Santa, a propósito del último informe del CENEPRED (Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre) en el cual se considera a la provincia del Santa como una zona de alto riesgo por la presencia de ríos y quebradas que deben ser objeto de trabajos de prevención ante la posible caída de nuevas lluvias y huaicos.
Se trata de las mismas zonas de riesgo por donde se desencadenaron las emergencias el pasado mes de Marzo, aquellas que generaron el aislamiento de muchas personas de tránsito por Chimbote, el bloqueo de las vías de acceso, las inundaciones y desbordes, las restricciones en el suministro de los principales servicios básicos, etc.
De allí que los alcaldes vienen demandando al Presidente de la República, a la Presidenta del Consejo de Ministros y al Ministro de Agricultura la inmediata delimitación de las franjas marginales, encausamiento y descolmatación y enrocados de las cuencas que forman parte de la geografía de nuestra provincia.
Se trata de las cuencas del valle de Nepeña que cuenta con ríos que recorren los distritos de Jimbe, Moro, Nepeña y Samanco, la cuenca del Lacramarca, que recorre el río del mismo nombre por los distritos de Chimbote, Nuevo Chimbote y santa. La cuenca de Cascajal, que recorre el dren del río Shisho y afecta los distritos de Coishco y Santa y la cuenca del Santa que recorre el río del mismo nombre y llega a los distritos de Santa y Chimbote.
Todos ellos, sumados a las quebradas que descienden de las partes altas con una gran cantidad de agua y lodo cuando se precipitan las lluvias, ameritan trabajos de prevención en la medida que se encuentran colmatados en un 100%, lo que convierte a nuestra provincia en una zona de alto riesgo que debería responder a una acción mas diligente por parte del gobierno central.
Llama la atención esta suerte de indiferencia de los organismos encargados de la reconstrucción para con nuestra provincia si son conscientes que aquí se generaron muchísimas emergencias y que existen las condiciones como para que se presenten nuevas desgracias, esto lo constató personalmente la ex ministra Marisol Pérez Tello, quien fue la encargada de coordinar la ayuda del ejecutivo en la región Ancash, ella debió haber presentado un informe con sus asesores en el que ha dado cuenta de esta situación, empero, a pesar de ello hasta el momento no se mueve una sola pieza.
Por el contrario, mientras que los alcaldes demandan mayor diligencia para los trabajos de prevención, hace algunas semanas se detectaron que los trabajos realizados por Agrorural, que es un organismo adscrito al Ministerio de Agricultura, habían resultado deficientes para la descolmatación en el río Lacramarca, todos ellos resultaron un fiasco y comprobaron que no se sujetaba a las fichas técnicas que se habían elaborado para ello.
De allí que la preocupación de las autoridades ediles se justifica por donde se le mire, más aun cuando ya los alcaldes de los distritos colindantes con la sierra de nuestra región, como Jimbe y Macate están anunciando el inicio de la temporada de lluvias en medio de este clima vacilante e impredecible que nos ha tocado percibir este año, con una ola de calor insoportable durante el Niño Costero y luego con una intensa oleada de frío que no se quiere ir hasta la fecha a pesar de hallarnos en Primavera.
Lo que se espera ahora es que este pronunciamiento no caiga en saco roto como ha ocurrido con muchas otras demandas de la sociedad civil de la provincia del Santa, como el caso de la Vía Evitamiento, la modernización de los puertos, Chinecas y tantos otros temas de la plataforma reivindicativa que hasta la fecha han quedado tal y como están.
Aun cuando son conscientes de la lenidad con la responde el Ejecutivo nacional, los alcaldes confían en que haya una capacidad de enmienda por parte del Poder Ejecutivo, se entiende que la crisis experimentada por la censura de su gabinete ministerial y la necesidad urgente de nombrar a uno nuevo, con cambios en varias carteras ministeriales, ha retrasado el trabajo que se venía coordinando y ha afectado la marcha de la reconstrucción que espera aun todo el país, sin embargo, ya ha transcurrido mucho tiempo, son más de siete meses sin que se haga nada efectivo y eso no tiene justificación alguna, los alcaldes han reaccionado con un justificado emplazamiento que debería tener su correlato en la inmediata coordinación con los alcaldes para la prevención que todos esperamos.