Debe haber sido la audiencia pública más prolongada que recuerde la historia judicial de Chimbote, solo comparable a la que se registrara en el Caso La Centralita que también se prolongó por más de un día.
Nos estamos refiriendo a la audiencia de prisión preventiva solicitada por el Fiscal de Crimen Organizado, Carlos Alzamora Franco, contra los integrantes de la organización criminal conocida como “Los Pistoleros de Casma”, incursos en delitos de sicariato, homicidio, secuestro, extorsión y otros calificados como sumamente graves.
Y es que solo después de dos días de intenso debate, de escuchar prolongados alegatos y de escudriñar sobre los elementos probatorios que había aportado el Ministerio Público, el juez Eudosio Escalante Arroyo decidió dictar 36 meses de prisión preventiva a los 21 integrantes de esta gavilla delincuencial.
La prolongada jornada no debería sorprender si se tiene en cuenta el número de investigados y la cantidad de elementos probatorios que está actuando el Ministerio Publico, todos los cuales han sido sometidos a un contradictorio a efectos que el juez compulse la situación jurídica de cada uno de los involucrados.
Lo cierto es que el magistrado ha llegado a la conclusión que todos los intervenidos tienen conexión directa con los hechos materia de la pesquisa, forman parte de la organización delictiva que venía sembrando de muerte las calles, con la única excepción del Sub Oficial Fernando Trujillo Osorio, para quien ha dictado comparecencia restringida y lo somete al cumplimiento de normas de conducta.
Quizás este extremo de la resolución no solo era el más esperado, sino que se contaba con la sapiencia el magistrado encargado de la causa para saber compulsar lo que son indicios de meros chismes como ocurrió en el caso del Brigadier Trujillo.
Ello porque en todos los sectores se consideró que la detención preliminar del referido efectivo policial era producto de un exceso o una medida exagerada que habría sido promovida por los mismos sectores de la mafia desbaratada a efectos no solo se confundir la pesquisa sino para perjudicar a quienes persiguieron y descubrieron a estos delincuentes.
Nos explicamos, el Brigadier Trujillo Osorio ha sido uno de los efectivos policiales que más ha destacado en la lucha contra la criminalidad en nuestra jurisdicción, especialmente en la vecina provincia de Casma en donde estuvo destacado por muchos años y con cuyos agentes policiales trabajó en estrecha coordinación cuando debió ser transferido a otras unidades.
Nadie desconoce los méritos que ha conseguido en este accionar, entre ellos el descabezamiento y la captura de los integrantes de la banda “Los Encapuchados de Casma”, tanto o más fieros que los “pistoleros” que hoy son juzgados.
Por ello es que muchos se sorprendieron verlo enmarraocado y trasladado a un centro de detención por orden judicial que atendió el pedido del Fiscal Carlos Franco de la Fiscalía de Crimen Organizado., peor aun cuando se sabe que este bando de “Los Pistoleros de Casma” ha caído luego de un seguimiento realizado por la Policía entre cuyos efectivos estaba el propio Fernando Trujillo.
De allí que resulta realmente contraproducente que uno de los destacados agentes que ha luchado contra la criminalidad de esta gavilla delincuencial, termine confinado en un calabozo en la misma causa penal, es decir, como si fuera parte de esta gavilla de criminales, algo realmente absurdo por donde se le mire.
No sabemos con exactitud cuáles son los criterios que ha utilizado el Juez para determinar la medida de comparecencia restringida para el efectivo policial, ha transcendido que ella obedece al arraigo laboral y personal del agente policial, así como la falta de consistencia en los cargos incriminatorios que se reducen a la existencia de un voucher con el depósito realizado por uno de los “Pistoleros”, así como la declaración de un colaborador eficaz que lo envuelve en esta organización.Â
Sin embargo, una declaración puede ser construida de acuerdo a los intereses de una mafia, por lo que al no hallarse corroborada con algún otro elemento de juicio queda como una prueba hueca y vacía.
Lo del voucher será materia de una pesquisa más exhaustiva en la medida que se trata de una suma irrisoria que no hace sospechar algún vínculo con la mafia, por el contrario, se sabe que el sujeto que fue detenido con el voucher es un informante de la Policía Nacional, lo que quiere decir que tiene trato permanente con los agentes de investigación policial y como tal han realizado seguimiento juntos y es evidente que en ese trance pudo efectuar un deposito que, a decir del involucrado, correspondía a la compra de geomembrana para una de las acciones de seguimiento.
Siendo las cosas sumamente volubles y confusas, es evidente que el magistrado no puede mezclar el agua con el aceite, no puede mantener en calidad de investigado a quien solo ha demostrado su firmeza en la lucha contra la criminalidad organizada, además que las pruebas que lo incriman no pueden sostener una medida judicial extrema.
No se trata de defender a nadie, lo que se necesita es actuar a fondo para conocer quienes estuvieron detrás de los organizadores de esta suerte de emboscada judicial que ha significado una enorme mancha en la hoja de vida de cada uno de los agentes por el valor y mérito en sus foja institucional.
Sea como fuere, lo cierto es que el Juez anticorrupción ha evacuado una mesurada decisión, no ha caído en el juego de incriminar a cualquiera solo por el mérito de una declaración formal, por el contrario, ha mantenido el nivel de la pesquisa ordenando que el custodio tiene derecho a seguir esta causa en libertad, evitando mezclarlo con delincuentes a los cuales persiguió siempre con ahínco, todo ello con el firme objetivo que se demuestre que la imputación solo responde a una farsa montada por quienes se vieron cercados permanentemente por el mencionado efectivo policial. Estamos convencidos que ello finalmente ocurrirá.