Cuando desde todos los sectores se había puesto la puntería hacia las empresas del sector pesquero por la criminal contaminación que generan en la bahía de Chimbote, inclusive pese que a la fecha ya cuentan con un emisor submarino, el Ministerio Público no ha dejado de lado a otra de las empresas responsables de la destrucción de la flora y fauna marina de la Bahía El Ferrol, como es la empresa de saneamiento SEDACHIMBOTE.
En efecto, la semana pasada el Ministerio Público dio a conocer a los medios de comunicación que la Fiscalía Ambiental de nuestra ciudad había procedido a iniciar una investigación preliminar contra los dos últimos ex gerentes de la empresa de saneamiento Juan Sono Cabrera y John Milla Díaz, por delito contra la ecología, en la modalidad de contaminación del mar.
Las razones son obvias, la empresa de saneamiento no cuenta con un sistema de evacuación de los restos del alcantarillado que recibe de los usuarios y por ello los arroja de manera temeraria al mar, actividad que no lo hace solo estos últimos años sino que lo viene haciendo desde hace décadas atrás.
Por ello es que ha procedido a iniciar una causa penal en atención a los resultados de los análisis elaborados por la autoridad administrativa del Agua, entidad que le remitió un peliagudo informe que consigna las escandalosas cifras de los niveles de contaminación que presenta la bahía como consecuencia del accionar de Sedachimbote.
Señala este informe técnico, por ejemplo, que las muestras extraídas de la bahía presentan una gran cantidad de aluminio y boro por encima de los niveles permitidos y que son componentes que dejan los desagües que son arrojados al mar.
De la misma manera, precisa que se ha observado la presencia de coliformes termotolerantes y eschenchia en la orilla de la Bahía el Ferrol, que también son componentes de alto poder contaminante que provienen de las heces que se arrojan al mar.
Es evidente que las pruebas de laboratorio señalan que la empresa Sedachimbote es una de las principales responsables de la contaminación de la Bahía, eso se puede advertir a ojo de buen cubero, basta dirigirse a las primeras cuadras del malecón Grau, a la altura del jirón Enrique Palacios para observar como las tuberías expuestas arrojan restos de aguas servidas sin tratamiento alguno directamente a la bahía.
Esta es una contaminación realmente criminal que se ha sucedido a lo largo de los años y ante la cual el Ministerio Público había pasado por alto hasta la fecha que ha reaccionado en la medida que cuenta con los instrumentos probatorios suficientes como para poner en marcha el aparato de la administración de justicia.
Ya no es momento de cuestionar la indiferencia del organismo que tiene el monopolio de la acción penal, pues tampoco lo hizo en su momento con las empresas del sector pesquero que han sido tanto o más responsables de la destrucción de la otrora hermosa bahía que fue en su momento un centro de atracción turística de nuestro Puerto.
La pregunta que se tendría que hacer el Ministerio Público es ¿existe una manera de evitar esta impresionante contaminación de la Bahía de Chimbote? La respuesta es positiva.
Y es que tenemos necesariamente que hacernos esta interrogante en la medida que la alcaldesa provincial Victoria Espinoza García, pronunciándose sobre esta denuncia el pasado domingo, ha señalado que no existe modo o forma de evitar la contaminación porque no hay otro lugar en donde lanzar las aguas servidas que se recolectan de todos los domicilios de la ciudad.
Ha señalado la burgomaestre que ellos han emprendido un proyecto de construcción de una Planta de Tratamiento que está en marcha, que cuenta con el apoyo y respaldo de una entidad financiera alemana y para la cual se ha suscrito un convenio que tiene sus fases y etapas que superar, incluso, ha manifestado que dejó todo esto encaminado cuando hizo su primera gestión pero sus sucesores lo dejaron abandonado.
Sin embargo, hay que resaltar que esta no es la única salida para la evacuación del alcantarillado de Chimbote, desde hace muchísimos años se planteó la necesidad de instalarse un emisor submarino doméstico, similar al que han implementado algunas empresas del sector pesquero a efectos de trasladar las aguas servidas mar afuera., siempre que se les aplique previamente un tratamiento que permita reducir los niveles de contaminación de esos efluentes.
Existió una oportunidad de hacerlo con el proyecto P-25 hace ya más de una década atrás, empero, por cuestiones presupuestales se cercenó el proyecto y se quedó únicamente como un cambio integral de colectores en el centro de Chimbote y zonas aledañas, fue en esa ocasión que se perdió la valiosa oportunidad de dejar de contaminar la bahía.
Posteriormente se han planteado muchos otros proyectos a pesar de lo cual jamás se ha emprendido seriamente ninguno de ellos, mientras tanto la empresa de saneamiento siguió lanzando los restos del alcantarillado al mar, como lo hace hasta la fecha.
Esto a pesar que la empresa cobra a todos los usuarios por derecho de alcantarillado, lo que quiere decir que capta millones de soles con los cuales muy bien pudieron haber emprendido un proyecto que posibilite detener la escandalosa contaminación que se genera en la bahía de Chimbote.
No lo han hecho y por ello ahora el Ministerio Público los emplaza, se ha terminado la paciencia de una población que ha visto con tristeza como se ha destruido el hábitat natural del mar, no solo para los bañistas que perdieron una hermosa bahía en esa combinación de saneamiento y actividad industrial pesquera, sino para la vida en el mar pues en antaño se podía pescar atractivas especies de consumo humano apenas frente a Chimbote.
De allí que la investigación que ha iniciado el Ministerio Publico es una pesquisa que se justifica, que debe apuntar a sancionar la letanía e indolencia de funcionarios y autoridades que, como dice el dicho popular, “se acostumbraron a arrojar la basura bajo la alfombra” y han permitido a través de los años la impresionante contaminación que ha perjudicado a la Bahía de Chimbote. Si hay responsables que respondan ante la justicia pero nos anima a pensar que no solo los gerentes deben responder, hay otras autoridades que estuvieron obligadas a actuar y no lo hicieron.