El asesinato del ex consejero regional Ezequiel Nolasco Campos no solo fue uno de los hechos más repudiables que reconozca la historia política de Ancash, aquella que fue contaminada por la corrupción y el sicariato, empero, aquel no fue el único hecho que marcó una época de violencia a nuestra ciudad.
Unos años antes de aquel fatídico 14 de marzo del 2014, cuando sicarios cegaron la vida de Ezequiel Nolasco en un restaurante de la localidad de Huacho, en donde lo encontraron de manera circunstancial, otro atentado criminal había escrito las primeras páginas de esta persecución criminal emprendida por los enemigos políticos del ex consejero regional.
Nos estamos refiriendo al atentado criminal perpetrado en la vivienda de Nolasco Campos el 20 de Julio del 2010, cuando sicarios irrumpieron en su domicilio y dispararon contra el ex consejero regional dejándolo mal herido, sin embargo, su hijo político Roberto Torres Blas se interpuso entre los asesinos y recibió un disparo mortal a la altura del cuello.
Unas horas después el joven falleció en el hospital regional y su muerte no fue sancionada por autoridades judiciales que se prestaron a un vergonzoso encubrimiento por entonces, aquellos que no quisieron escuchar los gritos que lanzaba el entonces consejero regional sangrando en una camilla y señalando a “la bestia” como el responsable de este asesinato.
Apenas unos días antes había sido asesinado el vicepresidente regional José Luis Sánchez Milla, curiosamente el segundo hombre del gobierno regional que no estaba dispuesto a seguir la línea de la corrupción o por lo menos no permitiría que tras bambalinas César Álvarez pretenda seguir manejando la región a pesar que había solicitado licencia para postular por la reelección.
Esta es ya historia conocida, los alcances de quienes fueron los responsables de lo que el congreso ha calificado como la red criminal y de corrupción en Ancash tiene sus nombres y apellidos y vienen siendo juzgados por el Poder Judicial, sin embargo, de aquel primer y alevoso atentado crimina, quedaron algunas cuentas pendientes.
En realidad quedaron muchos cabos sueltos, no se explicaron las razones jurídicas por las cuales se dejó de lado a muchos de los sindicados, empero, entre los que fueron condenados, al margen de los hermanos Moreno Olivos, había quedado pendiente el caso de Edinson Torres Corso, más conocido en el lumpen como “Chilipino”, identificado como uno de los sujetos que, disfrazado de efectivo policial, ingresó a la vivienda de Nolasco para ejecutarlo.
Es preciso recordar que Edinson Torres Corso fue el primero de esta gavilla de delincuentes en ser capturado por la Policía, fue en aquella oportunidad en la que, tras el escabroso testimonio de Hilda Saldarriaga Bracamonte, apareció el sujeto vistiendo un polo amarillo con las inscripciones “cuenta conmigo”, en uno de los hechos más sugerentes que se recuerde por entonces.
Torres Corso (a) “Chilipino” fue juzgado y finalmente condenado a 20 años de cárcel por el atentado perpetrado contra Ezequiel Nolasco, por las lesiones graves que recibió el consejero regional en el ataque armado, y ese expediente llegó en esas condiciones a la Corte Suprema de la República, curiosamente, por apelación del condenado.
Sin embargo, esta instancia definitiva en materia penal, no solo confirmó la condena contra el sujeto sino que advirtió que en el curso del proceso penal los representantes del Ministerio Público no habían advertido que existían pruebas suficientes y testimonios reveladores que identificaban a “Chilipino#” como el sujeto que ingresó vestido de Policía y efectuó varios disparos, entre ellos los que le quitaron la vida a Roberto Torres Blas, por lo que consideró necesario que en este extremo se agote la investigación y que la Fiscalía amplié los cargos por delito de Homicidio calificado en agravio del mencionado hijo político de Ezequiel Nolasco.
De esta manera, el expediente que ya agonizaba y estaba a un paso de remitirse al archivo para la ejecución de la sentencia, se ha reactivado y regresó a la primera instancia procesal a efectos que el Fiscal de turno amplíe los cargos e investigue tal como lo había ordenado la instancia suprema.
Los medios de comunicación recordamos que esto no ha ocurrido hace algunos meses, por el contrario, ya tiene su tiempo y ha demorado porque en una oportunidad un despistado Fiscal solicitó el sobreseimiento de la causa, es decir, que se archiven los cargos alegando que no hallaban mayores pruebas y en la medida que una testigo no había podido sindicar directamente al hampón.
Este fiscal olvidaba que existe un mandato superior que señala que existen las suficientes evidencias probatorias de la intervención de “Chilipino” no solo en el ataque contra Ezequiel Nolasco sino en el crimen de Roberto Torres Blas, en otras palabras, si este delincuente ha sido condenado por delito de lesiones graves en agravio de Ezequiel Nolasco es evidente que también debe ser sentenciado por el crimen pues fue el mismo sicario que llevaba el arma y disparó luego contra el hijo político del ex consejero.
Por ello es que un magistrado lo llamó al orden y le pidió reflexionar sobre lo que estaba planteando, le devolvió la carpeta Fiscal y le sugirió que analice con tranquilidad lo que era materia de lo ordenado por la instancia suprema, lo que llevó a que, efectivamente, el representante del Ministerio Público recapacite y termine formulando su requisitoria escrita para los efectos que se someta al juicio oral respectivo.
Ha solicitado el Fiscal que se imponga a Edinson Torres Corso 30 años de cárcel efectiva por la muerte de Roberto Torres y se espera que la justicia termine sancionándolo porque habrá de quedarse con las revelaciones de quienes le ordenaron que perpetre este atentado criminal en la medida que jamás ha señalado a los autores intelectuales.
Esa es la suerte de los criminales, ellos mueren en su ley y no van a revelar jamás quienes estuvieron detrás de este atentado criminal, es la obediencia de un militante que sabe proteger a sus líderes, de todas maneras, se tiene que destacar el rol de la justicia que no ha cedido en este tema y ha demostrado una vez más que “el crimen no paga”, que aquellos que mataron por lucro o por consigna tendrán que responder algún día por estos hechos.